- Las direcciones partidarias deben dejar a un lado las declaraciones y los eventos mediáticos para concentrarse en el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Hasta el momento, los partidos políticos no han acreditado su compromiso con el combate a la corrupción. De dientes para afuera, en los programas, en las plataformas de sus candidatos y en los discursos y mensajes de sus voceros hablan de combatir a la corrupción y castigar a los que infringen la ley; sin embargo, cuando se trata de pasar al terreno de las acciones para en verdad atacar a los corruptos y cambiar conductas en la administración pública, su comportamiento es ambiguo o de plano omiso. La falta de compromiso de los partidos con el combate a la corrupción constituye una de las causas por las cuales las organizaciones políticas y los políticos carecen de credibilidad ante la ciudadanía.
La solicitud de licencia de Javier Duarte al Gobierno de Estado de Veracruz y el hecho de que la dirección del Partido Acción Nacional (PAN) haya quitado sus derechos partidarios al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, serán una burda simulación si no se toman decisiones y se ponen en práctica acciones de fondo. Si en verdad los partidos están comprometidos con el combate a la corrupción, las direcciones nacionales de ambos partidos deberían presentar denuncias penales en contra de estos servidores públicos implicados en escándalos vergonzantes de violación a la ley, desvíos de recursos, violación de derechos y represión. Lo mismo vale para todas las fuerzas políticas, incluido por supuesto el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quienes no se han deslindado claramente de aquellos integrantes o representantes que hayan incurrido en actos de corrupción.
No se trata, como dice el dicho popular: “taparle el ojo al macho”, se trata de un aspecto más sencillo, pero dadas las actuales condiciones de deterioro de nuestra vida pública aparece como excepcional: aplicar la ley. En estos momentos se cuenta con las herramientas legales para desplegar, en todos los niveles y ámbitos de gobierno, acciones para combatir la corrupción. Efectivamente se necesita destinar recursos económicos, materiales y humanos suficientes al combate a la corrupción, pero también se requiere de un componente de mayor relevancia: voluntad política para que las cosas cambien.
¿Por qué en México parece tan difícil cumplir la ley? ¿Por qué hemos llegado a una especie de violación “consentida” de las normas que aprobamos? ¿Por qué, desde la perspectiva de observadores nacionales e internacionales, en nuestro país existen muchas leyes, pero no se cumple? No se trata de un problema de origen cultural, como algunos han pretendido instalar, e incluso justificar, la situación que vivimos. Se trata de un aspecto que se ha instalado en la clase política, cuya erradicación constituye una de las demandas más apremiantes de la sociedad.
Los partidos políticos deben comprobar con hechos su compromiso con el combate a la corrupción. Las direcciones partidarias deben dejar a un lado las declaraciones y los eventos mediáticos para concentrarse en el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de los sistemas locales. De seguir las cosas como están, de quedarse instalados en un nicho de impunidad, todas las fuerzas políticas llegarán a las elecciones de 2018 con alto déficit de credibilidad. Seríamos una democracia débil. XXX TWITTER: @MBarbosaMX
