El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asignar una partida presupuestal específica para los órganos garantes de transparencia.
“Considero pertinente, independientemente de las medidas que tomen los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como las de los órganos garantes locales, solicitar a la colegisladora que garantice los recursos necesarios para estos institutos que realizan una función fundamental para nuestro país”, expresó.
A través de un punto de acuerdo, el legislador por el estado de Chiapas resaltó que uno de los principales objetivos de la última reforma constitucional en la materia tiene como fin garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
“Para ello, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la de los órganos garantes en el ámbito local, a través de la obligación de reproducir el modelo federal”, señaló Zoé Robledo.
Recordó que para garantizar dicha autonomía, la Constitución establece principios, bases y procedimientos como la colegiación, la especialización, la imparcialidad, el procedimiento de nombramiento y su escalonamiento, la personalidad jurídica y el patrimonio propio, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.
El legislador también argumentó que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, lo que significa un 0.2 de su presupuesto, mientras que el promedio nacional es de 8.34 pesos per cápita, de acuerdo con un documento elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
En dicho estudio, entre los mejor calificados se encuentran los estados de Campeche (la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia) con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.
“En contraste, los estados que menos recursos destinan son: Puebla que otorga en promedio 2.1 pesos por persona; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona”, lamentó.
Zoé Robledo sostuvo que dichos datos son sumamente preocupantes debido a que los órganos locales requieren de estos recursos para garantizar la transparencia y sus capacidades se reducen al no poder consolidar sus obligaciones de adiestramiento y acompañamiento de los sujetos obligados.
“Así como las relativas a la supervisión y evaluación de la información que se encuentre publicada de en los portales electrónicos”, agregó.
En ese sentido, reiteró la necesidad de asignar una partida presupuestal suficiente, independiente de su presupuesto ordinario al INAI, destinando estos recursos bajo un principio subsidiario, con la finalidad de garantizar su funcionamiento y el desarrollo de sus obligaciones constitucionales y legales.
El punto de acuerdo fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis.
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