- Tras la agresión de un jugador de Toluca y otro del América se cancelaron los partidos del fin de semana pasado; ante esto la Femexfut castigó a los futbolistas con un año de suspensión
Yo le voy a los Pumas, pero el fin de semana pasado no los pude ver jugar. La razón de esto es algo que debería de servirnos de ejemplo a todos. Hace unos días, en partidos distintos, un jugador de Toluca y otro del América agredieron físicamente al árbitro, pero la comisión disciplinaria sólo los suspendió por unos juegos.
Inconformes con esta decisión, los árbitros organizaron un paro de actividades y lograron cancelar toda la jornada 10 del futbol. Ellos reclamaron el cumplimiento del reglamento, y que este tipo de violencia en la cancha sea castigada de forma ejemplar.
Frente a tal presión, la Federación Mexicana de Futbol tuvo que enmendar su decisión y castigar a los jugadores con un año de suspensión.
Hay otro tipo de árbitros que también deberían organizarse y exigir que se cumpla la ley. Tal es el caso de los jueces mexicanos y de todo el Poder Judicial.
El 10 de febrero pasado, se encontraron 4 millones de pesos en la cajuela del coche asignado al director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, Francisco Javier Pérez Maqueda, que es el órgano encargado de vigilar al Poder Judicial.
Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN y del CJF, solicitó una investigación, que se amplió a cinco funcionarios. El 15 del mes pasado, todos fueron suspendidos. Sin embargo, el día 20, Pérez Maqueda aseveró en entrevista, que nadie se lo notificó; que el día del hallazgo no laboró y días antes viajó fuera de la ciudad. Las llaves del carro estaban en el edificio y alguien le “sembró” el dinero. Señaló a su superiora, la secretaria de Finanzas, como la persona que busca criminalizarlo.
El individuo arribó a la Dirección de Inmuebles al mismo tiempo que el ministro Luis María Aguilar a la presidencia de la SCJN y del CJF. Ha participado en la adjudicación de contratos de obra pública entre 2015 y 2016, por más de cinco mil millones de pesos, algunos sin licitación. A mediados de febrero, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en el ejercicio presupuestario.
El funcionario suspendido asegura que Rosa María Vizconde, conjuntamente con la Contraloría, pretenden quitar funcionarios clave en la asignación de obras millonarias, quizá con el objeto de ejercer control sobre las mismas. Habla de ofertas de 15% que hacen empresas para quedarse con las obras y afirma que las ganadoras de concursos poseían documentos de licitaciones, antes de los resultados. Por cierto, este servidor público ya había sido destituido e inhabilitado en dos ocasiones anteriores, aunque también exonerado.
Es preocupante que hechos de esta naturaleza, que en cualquier país implicarían un terrible escándalo, por tratarse de la parte del Estado encargada de impartir justicia, aquí se minimicen.
Por esta razón, presenté ante el Pleno del Senado, un Punto de Acuerdo, para exhortar al presidente de la SCJN y del CJF, Luis María Aguilar Morales, a que ordene a la Contraloría del Poder Judicial una investigación exhaustiva.
La presunción de actos de corrupción de esta naturaleza, nos lleva a no quedarnos en la simple coyuntura, se requieren modificaciones profundas en el Poder Judicial. Por tal razón, también presenté una iniciativa para reformar lo relacionado con la integración y funciones del Consejo de la Judicatura. Significa separar como presidente de esta institución al presidente de la Suprema Corte, para robustecer su independencia y dotarlo de la autonomía que requiere su función disciplinaria.
Anticipo que habrá quienes se opongan a este proyecto, como ya lo han hecho con la Constitución para la CDMX, que ya contempla avances de este tipo para mejorar la impartición de la justicia. Pero si queremos verdaderamente combatir la corrupción en México, el Poder Judicial no puede estar exento de transformaciones profundas.
