VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA FIJAR VOTO PARTICULAR SOBRE EL DICTAMEN 1, REFORMA ENERGÉTICA, LEY DE HIDROCARBUROS
Sen. Dolores Padierna Luna:
Senadores y senadoras;
Ciudadanos mexicanos:
Asistimos este día a una de las sesiones más ominosas de la presente Legislatura para la historia del Congreso y para el futuro del país. No hay celebración ni euforia. No hay información ni interés de los ciudadanos porque precisamente se trata de evitar que las y los mexicanos se den cuenta del contenido de este primer paquete de leyes que pretenden imponerse por la mayoría automática de los votos.
Asistimos a la aprobación de una auténtica contrarreforma energética. No es modernización petrolera sino la “integración” de México a los intereses geopolíticos de Estados Unidos lo que anima estos cambios contrarios al interés nacional. Washington y las grandes compañías petroleras nos reclaman una apertura total de nuestra industria energética, pero esa nación tiene la prohibición expresa de la exportación de su petróleo crudo. Ellos buscan su soberanía e independencia energética a costa de la nuestra.
Sabemos que éste será un diálogo de sordos porque así les conviene a los intereses que van en contra de la nación. Nosotros estamos aquí no para convencerlos; estamos aquí para hablarle a la nación, a los mexicanos y mexicanas que están conscientes de lo que aquí pretenden aprobar. Hablamos al 80 por ciento de las y los ciudadanos encuestados que expresan su desacuerdo con la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto y de sus aliados del PAN y Partido Verde.
Estamos ante una de las transformaciones más radicales en esta industria. Desde la época de Carlos Salinas se diseñó y planeó de espaldas a la nación la plena integración de México a Estados Unidos, en condiciones de vulnerabilidad y no de soberanía, en extrema desventaja para un país con enormes carencias y desigualdades, como el nuestro, y con una larga historia de despojo de nuestros recursos naturales. Hoy presenciamos una auténtica contrarreforma malinchista: entregar nuestro bien más preciado a los recursos extranjeros, a cambio de cuentas de vidrio.
Esta no es una reforma energética. Este es un claro despojo petrolero. Aunque lo nieguen y lo disfracen, se trata de un golpe a la propia Constitución. A pesar de la negativa explícita del artículo 27 constitucional para otorgar concesiones en materia petrolera, en las leyes de Hidrocarburos y de Ingresos sobre Hidrocarburos se autorizan de facto, a través de un complejo de contratismo y licencias, las concesiones para explotar nuestros hidrocarburos sin mecanismos de protección a la población, al medio ambiente, a nuestra propia industria.
Con esta nueva Ley de Hidrocarburos se legalizan contratos y licencias que van en contra de los intereses del Estado y de la nación.
Las fórmulas de contratos basados en la Recuperación de costos planteados en las iniciativas ya han sido utilizadas por otros países antes que nosotros con resultados desastrosos.
En México las petroleras internacionales pretenden un porcentaje muy alto, con la obligación del Estado de reembolsar los costos de los contratistas privados. Todos sabemos que estos costos vienen “inflados” y representarán una transferencia adicional de renta petrolera.
Desmantelan a Pemex y establecen una comercializadora privada para los hidrocarburos del Estado, lo que implica dejar en manos privadas no sólo la renta petrolera y la infraestructura sino también los canales de comercialización.
Todo esto pretende hacerse con una gran trampa de los redactores del decreto de la reforma constitucional. En el artículo Cuarto Transitorio Constitucional que estableció que los distintos tipos de contrato tienen el objetivo de obtener máximos ingresos para el Estado. Sin embargo, estas iniciativas tratan de confundir con los términos: pretenden que los “máximos ingresos para el Estado” sean los impuestos que se obtendrán vía fiscal y no las condiciones favorables en los contratos. Peor aún, la mayor carga fiscal será para Pemex y no para los contratistas privados. El régimen fiscal confiscatorio para Pemex es durísimo, más regresivo que el actual.
Bajo este esquema se podrá sacar mucha renta petrolera y la Nación quedarse sin nada y el Estado recibir muy pocos ingresos.
¿Cómo es posible pretender que Pemex compita con las empresas privadas si se le aplica un régimen fiscal que significa una carga del 70 por ciento más un dividendo del 30%; mientras que a los privados en el mejor de los casos se les da el 40 por ciento en cobro de impuestos y se les regresan sus costos, gastos e inversiones y regalías con cargo a nuestra renta petrolera?
Este tipo de contratismo no lo regula y significa una disminución considerable de recursos para financiar el gasto público. La apuesta de los promotores de este cambio es que la disminución de recursos públicos sea compensada con el aumento en la producción, lo que resulta muy improbable. Pemex tendrá, bajo este esquema, recursos para explotar durante aproximadamente 9 años el nivel de producción actual, y tendría serias limitaciones para realizar inversiones que se requieren para su desarrollo.
Aplicando estas fórmulas y modelos de contratos, junto con el régimen fiscal confiscatorio para Pemex, México pasará del boom petrolero al crack energético. Perdemos soberanía energética a cambio de una improbable bonanza derivada de la inversión privada. Estaremos en el lado opuesto de aquel sueño de grandeza, pasaremos de “administrar la abundancia” a “concesionar el futuro de la nación” con una irresponsabilidad y sentido antipatrióticos, sólo similares a los de la dictadura de Antonio López de Santa Anna.
La generación de tecnócratas que tomaron el poder tras la crisis petrolera de 1982 nos conducirán a un crack energético peor por una sencilla razón: las leyes que estamos discutiendo en esta jornada no van a fortalecer a Pemex ni a sacarlo de la corrupción. Van a desmantelar a nuestra principal industria, de la cual depende el 8 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto y el 40 por ciento del erario nacional.
La corrupción será peor, porque se eliminan todo tipo de controles, creando un régimen de excepción para los altos funcionarios públicos. La privatización abusiva y favorable para los contratistas extranjeros incrementará los incentivos para la corrupción y el abuso.
Ningún beneficio será tangible para la población. No bajarán los precios de la luz, ni del gas ni de las gasolinas como lo ha promocionado el gobierno federal gastando millones de pesos del erario en spots y desplegados de prensa. Por el contrario, las tarifas de energía eléctrica aumentarán, las gasolinas perderán los subsidios y se incrementará au precio y lo mismo sucederá con el gas de consumo doméstico.
¿Dónde está el beneficio para la población? ¿En qué va a beneficiar a las millones de familias que viven del campo, la ganadería, la horticultura y los recursos naturales mediante estas leyes, si se está legalizando el despojo de las tierras? Lo quieren llamar ahora “ocupación temporal”, pero, en los hechos se trata de una privatización-extranjerización de la tierra, de los hidrocarburos, y de todos nuestros recursos naturales, incluyendo el agua. Son más de 400 mil hectáreas del territorio nacional que estarán en la mira de quienes aprovechan la falta de patriotismo y de sentido público de los actuales gobernantes.
Por si fuera poco, el en artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos se establece que los contratistas y asignatarios “tendrán derecho al aprovechamiento comercial de la información que obtengan con motivo de sus actividades”.
Se quiere vender la información estratégica de nuestro país; en ningún caso, para nosotros debe permitirse que la información pueda ser comercializada. Se trata de información estratégica que debe de servir de base para el diseño de la política de explotación de los hidrocarburos.
El despojo hacia Pemex y nuestra industria pública se consagra en la Ronda Cero.
Las modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Asociaciones Público Privadas permitirán la participación extranjera hasta en un 100 por ciento de la industria de los hidrocarburos. Nosotros proponemos que ese límite llegue solo al 49 por ciento. De no hacerlo, significarán la extranjerización total de la economía y un grave riesgo para la seguridad nacional y soberanía energética.
En la Ley Minera se establece que podrán explotar el gas mediante la simple autorización de la SENER, como si el gas natural fuera un mineral y no un hidrocarburo.
En otras palabras, se trata de una extensión de las concesiones, aún cuando éstas están prohibidas en el 27 constitucional en materia de hidrocarburos.
Termino diciendo: de este tamaño es el despojo energético. Se debilita al Estado-Nación frente al mundo. El proyecto de Enrique Peña Nieto representa la entrega de la soberanía energética nacional al dominio de Estados Unidos, a los capitales extranjeros, a las grandes compañías petroleras.
Es un retroceso histórico imperdonable. Cuando sobrevenga el crack de este modelo ya no podrán decir, como lo dijo López Portillo: “no nos volverán a saquear”. El saqueo estará consumado y esta generación de gobernantes firmará y cumplirá su sentencia de traición a la patria.
Es cuanto, muchas gracias.
