VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA SOBRE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
Sen. Dolores Padierna Luna: La reforma en materia de deuda de las entidades federales y municipios no es desde luego todo lo que se necesita y se desea y lo que realmente se requiere para sanear, para reconducir para trasparentar las finanzas públicas y controlar un endeudamiento imparable, opaco, que es cargado año con año a los hombros del pueblo de México.
La deuda pública de los estados y municipios prendió focos rojos en algunas entidades cuando absorbió más del 100 por ciento de las participaciones federales.
La Secretaría de Hacienda reporta que la deuda pública de entidades y municipios alcanza un monto de 490 mil millones de pesos y representa el 85.1 por ciento de las participaciones federales que entrega la Federación a las entidades.
El crecimiento de esta deuda inició en 2009 como efecto de la crisis económica que vino una disminución de las participaciones en un 11.3 por ciento y lo que en valor significó 48 mil millones de pesos.
En ese año la deuda de las entidades y municipios aumentó en 49 mil millones de pesos, prácticamente la misma cantidad en que cayeron las participaciones, pero en vez de que se hiciera un ajuste al gasto público o incrementar los ingresos vía eficiencia administrativa, decidieron endeudarse, el camino fácil y la Federación, los estados y municipios acudieron al endeudamiento y tomaron recursos de gobiernos subsiguientes.
Tan sólo del 2008 al 2009, el saldo de la deuda neta del sector público federal se incrementó en más de 10 puntos porcentuales del PIB, a partir de entonces se ha seguido incrementando hasta ahora rebasar el 40 por ciento del Producto Interno Bruto en 2014.
Cabe señalar algo muy importante, la Federación agregó a la deuda 20.4 por ciento del PIB y las entidades y municipios agregaron sólo 1.2 por ciento al PIB.
A partir de 2010, las participaciones federales recuperaron su nivel, pero a pesar de ello la deuda siguió incrementándose en forma injustificable y sin explicación económica; se convirtió en un negocio de unos pocos y una irresponsabilidad que trastocó las finanzas públicas.
Estamos hablando solamente de la deuda que se registra en la Secretaria de Hacienda, pero hay otro tipo de deudas en los estados y municipios que no se registran y que son muy significativas las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de los gobiernos, de las universidades; también los pasivos de corto plazo que son contraídos por proveedores de bienes y servicios o con bancos para solventar la liquidez de corto plazo u otras deudas derivadas de asociaciones público-privadas de proyectos multianuales y otras muchas más.
Si sumamos estos distintos tipos de deudas, los que rebasan el 100 por ciento del Producto Interno Bruto, podemos encontrar que hay siete entidades que rebasan el 100 por ciento de las participaciones federales: Coahuila 251.9 por ciento de participaciones federales están comprometidas a través de deuda; Quintana Roo 248.8 por ciento; Chihuahua 245.9 por ciento; Nuevo León 227.3 por ciento; Sonora 119.9 por ciento: Veracruz 119.7 por ciento; Nayarit 111. 6 por ciento.
Hay 14 entidades que tienen comprometidas sus participaciones federales entre el 50 y el 100 por ciento, leo solamente algunas: el Distrito Federal con 95.8; Baja California 92.6 por ciento; Michoacán 87.6 por ciento; Chiapas 87.1 por ciento; Zacatecas 82.1 por ciento; etcétera y si hacemos un cruce que por el tiempo no lo haré, si hacemos un cruce entre lo que representan las participaciones federales y los ingresos públicos de cada entidad veremos que prácticamente la totalidad del presupuesto de las entidades está comprometido en deuda y algunos gobernadores y alcaldes están utilizando con o sin fundamento solicitando más deuda, por eso esta ley es positiva porque si bien no es perfecta y pudiera serlo, las soluciones a cada problema de la deuda se están atendiendo; si se respeta la ley pues se puede avanzar, si no se respeta como no se respeta por ejemplo la Ley de Contabilidad Gubernamental que exigía el registro de todas y cada uno de los distintos tipos de deuda de las entidades federativas y los municipios y no lo hace ninguna y la ley se aprobó a la entrada de este Senado, bueno, entonces si esta ley tampoco se va a respetar no va a servir de nada.
Pero esta reforma amplia las facultades del Congreso para legislar sobre la forma en que el Ejecutivo pueda otorgar garantías, esto es algo muy importante porque se acaba la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para otorgar garantías cuando se trata de sus amigos y no las otorga cuando no son sus amigos; se establecen como prioridades que el Estado Mexicano deberá respetar el equilibrio presupuestal y la sostenibilidad financiera y estos principios quedan plasmados en la Constitución.
Se faculta al Congreso para establecer las bases generales para que estados y municipios y el Distrito Federal pueden endeudarse y puedan fijarse los límites para comprometer participaciones federales en deuda o en otro tipo de obligaciones, de tal manera que se acabó el hecho de que agarren las participaciones federales para seguir comprometiendo deudas, ahora será el Congreso el que establezca las bases generales de ese compromiso.
Se otorgan facultades de control al Congreso para que los convenios entre la Federación y los estados deben ser sancionados; el Congreso en su comisión bicameral, en el caso de que haya niveles de deuda muy elevados en municipio deberá de ser informada esta comisión bicameral y, en caso, de que los estados se han endeudados, el Congreso a través de esta comisión podrá hacer las observaciones que juzgue pertinentes; si funciona la comisión bicameral habrá buenos resultados, si no sirve como muchas comisiones, no servirá esta facultad.
Un avance sustancial -y lo quiero subrayar de esta reforma-, es que fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación especificando que puede fiscalizar la deuda pública y podrá fiscalizar los convenios donde se establezcan garantías que otorgue el gobierno federal; actualmente, la Auditoría Superior de la Federación pone como pretexto que no está expresamente facultada y ahora queda expresamente facultada.
La reforma al 108 es muy importante porque es en relación a las responsabilidades de los servidores públicos que serán sancionados por un manejo indebido de los recursos públicos y los derivados de la deuda pública, por ejemplo si la usan en gasto corriente porque en el 117 se eleva a rango constitucional que en ningún caso, subrayo, en ningún caso podrá usarse empréstitos para gasto corriente.
También, se establece las bases, las características generales en que los estados y municipios podrán contratar deuda y se establece un requisito de mayoría calificada para que los congresos estatales puedan aprobar la contratación de la deuda.
Nuestro voto será a favor de esta reforma, no sin antes señalar que para resolver el problema de endeudamiento en estados y municipios y para que tenga estabilidad en sus finanzas públicas se requiere una reforma más amplia y un sistema de fiscalización eficaz.
La fiscalización en México está en crisis no tenemos Comisión Anticorrupción, no hay un Sistema Nacional de Fiscalización, tenemos una Secretaría de la Función Pública en extinción y tenemos un Congreso que no hace sus facultades de fiscalización y un control adecuado y en equilibrio del poder Ejecutivo.
Habría que hacer una verdadera Reforma Hacendaria que amplíe los potestades tributarias y un mejor ejercicio del gasto público, además, está pendiente un sistema eficaz de fiscalización de cada peso público, ese es el reto de las próximas semanas, conciliar posiciones para lograr un modelo de fiscalización que ponga fin al despilfarro, la desviación de recursos, la utilización de deuda en gasto corriente, la corrupción y la impunidad, además de fortalecer a nuestros gobiernos locales en el marco de nuestro pacto federal.
Es cuanto, gracias.
