Con el objetivo de propiciar el establecimiento de fuentes alternas y complementarias para dignificar la vivienda, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso que el Fondo Nacional de Vivienda atienda de manera estricta la legislación aplicable en materia de construcciones para garantizar una vivienda con todos los servicios.
A través de una iniciativa para reformar el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo, la legisladora solicitó que se garantice el derecho al agua potable, acceso a escuelas y servicios de salud, higiene ambiental, sistemas de reciclaje, manejo de residuos y basura, así como sistema de drenaje y alcantarillado.
“Esta reforma abre posibilidades importantes para propiciar el establecimiento de fuentes alternas y complementarias para una vivienda digna, ante el problema de bajos ingresos que padece una parte importante de las familias mexicanas”, aseguró la tlaxcalteca.
Añadió que también es de utilidad para que la industria de la construcción y el sector inmobiliario lleven a cabo un ambicioso programa de investigación y desarrollo de tecnología que permita la utilización de nuevas técnicas y materiales de construcción.
La representante por Tlaxcala afirmó que “a lo largo de las últimas décadas y tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de nuestra población, se observa un mayor crecimiento en los estratos de la población donde se concentra la demanda de empleo, vivienda y servicios”.
Cuéllar Cisneros señaló que de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destacó que México tiene un déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda que afecta aproximadamente al 35 por ciento de los hogares, es decir, se trata de hogares que no cumplen con normas mínimas de tamaño, calidad y acceso a servicios.
Alertó que para finales de 2015, dicha cifra aumentará en un 10 por ciento el número de hogares que requieren vivienda nueva o mejorada con un estándar mínimo de vida.
Según el BID, explicó la legisladora, la informalidad presente en el sector de la construcción en lo relacionado a la propiedad del terreno, prácticas incorrectas en la construcción e ingresos de las familias, limitan o generan fallos en dicho mercado.
“En nuestro país el derecho a la vivienda data de la Constitución de 1917, que establece la obligación de los empleadores de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas”, recordó la legisladora.
Asimismo, añadió, se creó el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, FOVISSSTE, para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rijan por el apartado B de la Ley Federal de Trabajo, pero fue hasta 1983 que el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Vivienda y de estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
