Responder al justo reclamo ciudadano para que se encuentre con vida a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, obliga a las autoridades federales y estatales a implementar rápidamente los protocolos de colaboración y actuación conjunta, señaló la senadora Angélica de la Peña.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) deben realizar una búsqueda efectiva así como concretar y reforzar todas las diligencias que estén a su alcance, no solo para localizar de manera inmediata a las personas desaparecidas sino también a los responsables de los hechos de violencia perpetrados recientemente, con pleno respeto al debido proceso.
El hallazgo de las fosas clandestinas en las cercanías de Iguala, explicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ha aumentado la zozobra de las familias e impuesto un factor adicional de preocupación a todo el país, ante lo cual deben acelerarse los peritajes forenses, «lamentablemente, determinar la identidad de los cadáveres no disminuirá la gravedad de los hechos, al contrario, incluso podríamos estar frente a otra tragedia».
La senadora perredista consideró correcta la decisión de la PGR de atraer el caso, sin embargo, «la actuación del gobierno federal es contrastante con el caso Tlatlaya, en el cual procedió de manera reactiva y omitiendo cualquier señalamiento critico a las infundadas e incorrectas conclusiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del gobernador Eruviel Ávila».
Resaltó que la preservación del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos no pueden estar condicionadas por intereses partidistas ni por tiempos electorales, «el mandato de la Constitución es muy claro, las autoridades de los tres Poderes de la Unión, en sus distintos niveles, tienen la obligación de garantizar la seguridad, de su vida y de sus bienes, a toda la ciudadanía sin importar filias o fobias políticas».
Finalmente Angélica de la Peña Gómez señaló que el gobierno federal no puede hacer distinciones al momento de apoyar a los gobiernos estatales cuando de combatir al crimen organizado se trata, «Guerrero requiere de ese respaldo tanto como Michoacán, Tamaulipas O el Estado de México».
