En un intento de salvarse a sí mismo y salvar a su jefe, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó los resultados de una investigación que el gobierno federal inició tardíamente y a regañadientes sobre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
La conferencia de prensa de Murillo del viernes 7 de noviembre ya se hizo célebre por su frase final “Ya me cansé”, pero representa mucho más: el gobierno de Enrique Peña Nieto creyó que podría convencer a la sociedad de que tenía una nueva estrategia de combate al crimen organizado simplemente sacando el asunto de las primeras planas y los titulares de la prensa y de los medios electrónicos.
Peña y sus funcionarios maquillaron cifras, ocultaron información, encubrieron delitos y mintieron sin recato, con la pretensión de modificar las percepciones a partir de la mentira.
Los graves problemas de inseguridad ya no existían simplemente porque ya no se hablaba de ellos en los medios.
Pero la realidad le estalló en la cara al gobierno federal. Primero en Michoacán donde, fiel a su talante autoritario, Peña envió un virrey cuya principal misión consistió no en garantizar la seguridad y la justicia –las cosas siguen igual o peor–, sino en destruir a los ciudadanos que se alzaron en armas por la incapacidad del gobierno.
Sería largo enumerar los lugares donde la fallida estrategia del gobierno –o la ausencia de ella– se ha expresado en incrementos de los delitos o en protestas ciudadanas que revelan el enorme hartazgo.
Los casos de Tlatlaya e Iguala vienen a ser el trágico remate de un enorme engaño. Los corifeos del gobierno dicen, como si fuera un gran logro, que México pudo en dos años “cambiar su imagen” ante el mundo. Ahora vemos que la situación no es lo positiva que ellos quisieran. Por el contrario, México es referencia de fosas y de 43 jóvenes desaparecidos y presuntamente asesinados por el crimen organizado.
A fuerza de publicidad y de mentiras quizá [lo hayan logrado] y sólo durante un tiempo, pues ni la gran prensa internacional que hace un año lo elogiaba sigue con Peña Nieto.
Resulta paradójico y grotesco que el gobierno que quiso borrar de los medios el tema de la inseguridad recurra ahora, vía Murillo Karam, al uso de espantosas imágenes de cenizas y huesos, así como las declaraciones de presuntos asesinos, para dotarse de un poco de credibilidad.
Sin ningún respeto para el dolor de los padres y familiares de los muchachos de Ayotzinapa, las imágenes fueron pasadas una y otra vez por la televisión, pese a que el mismo procurador aceptaba no tener prueba alguna de que esos restos óseos se trataran de los estudiantes desaparecidos desde el 27 de septiembre.
Lo único que hizo Murillo fue extender el escabroso túnel de dolor al que se ha sometido a las familias de los normalistas desaparecidos.
La crisis es profunda y va mucho más allá de la presunta maldad de una pareja que gobernaba la tercer ciudad de Guerrero.
“Los 43 normalistas no son los primeros y lamentablemente nadie cree que serán los últimos”, publicó en su portada un diario deportivo, con toda razón.
La existencia de incontables fosas clandestinas –no sólo en Iguala sino en todo el país– es la terrible prueba de que la autoridad ha sido ineficiente y corrupta, de que los gobiernos han cerrado los ojos al sufrimiento de miles de familias durante largos años.
Murillo habló de una investigación exitosa, en su prisa por dar el pase de salida a Enrique Peña Nieto, para una gira internacional que inició dos días después.
Pero en China o en Australia el presidente enfrentará las preguntas sobre Tlatlaya y sobre Iguala, además de las relativas a los escándalos de corrupción o presuntos sobornos por el caso de la licitación del tren Querétaro-ciudad de México y ahora hasta por la revelación de una casa de ocho millones de dólares, a nombre de su esposa. Ya no será la gira de la alabanza al “presidente reformador”, sino un viaje en el que no podrá presumir un país “salvado”.
De cara a una verdadera crisis nacional, resulta una irresponsabilidad que el jefe de Estado abandone el país, para dar una falsa imagen de “normalidad”.
No olvidamos, no podemos hacerlo, que el gobierno federal demoró más de diez días en asumir las investigaciones en Iguala y que Peña Nieto habló del terrible drama como un asunto local. Sólo la indignación nacional y la presión internacional hicieron que el presidente cambiara su postura, aunque por desgracia sólo para la simulación, pues no están a la vista políticas de Estado para ir a fondo en la solución de los problemas que Iguala puso al descubierto.
Twitter: @Dolores_PL
