Discurso de la senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para presentar el dictamen que contiene proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Angélica de la Peña Gómez (ADLPG):
Gracias Presidente, con su venia.
Nos encontramos ante la culminación de un largo proceso legislativo, un proceso que comenzó prácticamente con la instalación de la Comisión contra la Trata de Personas, que preside la senadora Adriana Dávila, que ustedes recordarán lo hicimos en el 2012.
Y hoy acudimos al sumario de la reforma a una ley que implicó muy altos costos, incluso familiares, para quienes nos comprometimos con las víctimas de uno de los delitos más deleznables que se cometen en contra de las personas.
La trata y la explotación son crímenes que cosifican a las personas. Quienes cometen estos delitos convierten a sus víctimas en objetos de los que obtienen beneficios, despojándoles de lo más elemental que tiene una persona, su dignidad humana.
Ante esta atrocidad, es imprescindible que el Estado tome las medidas necesarias para sancionar estas conductas y resarcir, en la medida de lo posible, la integridad, seguridad, libertad y dignidad de quienes se han visto afectadas por estos terribles crímenes.
Al comienzo de la anterior legislatura, y como respuesta a múltiples voces que solicitaron una revisión puntual de la legislación vigente, con el argumento de que no estaba respondiendo adecuadamente para sancionar el fenómeno de la trata de personas, iniciamos un amplio proceso de consultas con víctimas, operadores, penalistas y organizaciones de la sociedad civil, con defensores y defensoras de derechos humanos.
Este trabajo derivó en la presentación de una iniciativa que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, eso fue en octubre de 2013; y digo lo que se llamaba porque parte de las reformas que estamos impulsando y que ya no está señalado por la Cámara de Diputados, es que se llame Ley General contra la Trata de Personas, esa será nueva denominación de esta ley.
Recuerdo celebramos arduas e intensas reuniones, semanas, día tras día, con funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República, del INACIPE, de FEVIMTRA, equipos técnicos de senadoras y senadores, de manera plural, todas y todos en conjunto, y con amplias mesas de trabajo, analizamos y redactamos, artículo por artículo, el dictamen que fue presentado ante este pleno en febrero de 2014.
Fue aprobado en este Pleno y enviado a Cámara de Diputados en su carácter de revisora del proyecto.
En diciembre de 2014, el Senado recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados en la que las diputadas y diputados plasmaron observaciones a diversos artículos del dictamen aprobado en febrero.
El documento que hoy estamos presentando ante ustedes atiende una gran cantidad de las observaciones realizadas por la colegisladora, ya sé que hacer una síntesis de toda esta ruta pareciera fácil, pero no fue así, reuniones, negociaciones, respuestas a situaciones muy complicadas, volver a explicar, insistir nuevamente, otra vez argumentar, e insistir que la Ley contra la Trata de Personas fundamental es una ley de naturaleza penal y ese fue el acuerdo que tuvimos con la Cámara de Diputados.
Aceptamos la revisión en lo que tiene que ver con el Segundo Libro, en Atención y Prevención, pero también llegamos al acuerdo de que no podía, con expertos y con funcionarios y con muchos doctos que tienen que aplicar la ley, que no podíamos aceptar la modificación de los artículo que aquí aprobamos en este pleno en materia de naturaleza penal inscritos en el Primer Libro.
Sin embargo, también insistimos en que no generaban en la crítica a los medios comisivos, de manera particular y ya en la última etapa, respecto a que su incorporación en el artículo 10, entre otros, no generaban una carga aprobatoria adicional a la víctima como se ha estado diciendo y como todavía podamos leer en algunos desplegados, la verdad es que no es así.
Con este diseño, el tipo penal de trata queda configurado de conformidad con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el que estamos obligados, como nación, a adecuar nuestra legislación, estableciendo el tipo penal con los elementos básicos de la trata de personas, como bien explicó la senadora Adriana Dávila, y son: conducta, medios comisivos y fines de explotación.
La descripción típica de la conducta resuelve en su totalidad las observaciones hechas por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su más reciente diagnóstico de la situación de trata de personas en nuestro país. También tengo que decir que este órgano de Naciones Unidas todo el tiempo estuvo cerca de nosotras en el proceso de dictamen.
En relación a la preocupación sobre la traslación del tipo, el transitorio segundo de este proyecto ha sido construido junto con la Procuraduría General de la República y consultado al Poder Judicial, para evitar excarcelaciones indeseables; aun así, vamos a presentar ante este pleno una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que todavía va a incidir de fondo para que no existan estas preocupaciones en el traslado de una reforma a otra reforma, o de una sistema a otro sistema.
La fórmula empleada garantiza que quienes se encuentren sentenciados o en proceso, cumplan su sanción conforme a las reglas del debido proceso legal, tomando en cuenta, incluso, las particularidades del sistema mixto y las del sistema acusatorio de reciente vigencia en nuestro país.
Senadoras y senadores, con absoluta responsabilidad, solicitamos su voto a favor del Dictamen de las Comisiones Unidas Contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, y que resuelve la aceptación de la revisión de la Cámara de Diputados y, por supuesto, también con ellos, la resolución de cuáles artículos que revisaron deben seguir quedando como los aprobamos aquí y que dio origen a la minuta que les enviamos a la Cámara de Diputados.
Cumplimos con nuestro encargo de manera pública, transparente, comprometida, profesional y con el único interés de diseñar un marco legislativo que responda a la necesidad de sancionar y erradicar estos terribles delitos y de brindar justicia y reparación a las víctimas.
Con esta conclusión desde el Senado de la República también estamos atendiendo las recomendaciones que desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lleva la conducción del Mecanismo del Examen Periódico Universal, le han hecho a nuestro país.
Tenemos que atender esas recomendaciones hechas desde el Examen Periódico Universal, México tendrá que dar su informe el próximo año del cumplimiento de esas recomendaciones y hoy estamos atendiendo esas recomendaciones en el sentido estricto de que México reformara la ley en esta materia para garantizar, insisto, la justicia plena alas víctimas de trata de personas, y no confundir el delito de trata, por cierto, con el de explotación.
Muchas gracias a ustedes por su atención.
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