Intervención de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, en la primera sesión ordinaria 2016 de la Comisión Nacional de Desarrollo Social.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social y presidente de esta Comisión Nacional.
Dr. Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Diputado Javier Guerrero, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
Quisiera expresar el gusto que me representa estar en esta primera sesión de 2016 de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en la cual me estreno como presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado, lo cual es un honor y privilegio por la representación nacional que esto significa.
Saludo a los secretarios de Estado, a los representantes de las secretarías del ramo en las entidades federativas, a mis colegas legisladores y legisladoras, y a los representantes del sector social que hoy nos acompañan.
El desarrollo social es eje vital de la construcción de un Estado democrático y social de derecho, es base fundacional de la gobernabilidad y estabilidad que nuestro país demanda y las actuales circunstancias socio económicas que vivimos, junto con otras variables de exclusión social, inseguridad, violencia y crítica situación de los derechos humanos, colocan a nuestro país ante escenarios de vulnerabilidad que requieren de nuestra máxima atención.
En el Eje 2, “Por un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, se señala que no se puede ser, y cito textual: “complaciente con los indicadores respecto a pobreza y a extrema pobreza, a desigualdad del ingreso, a la violación de derechos humanos, a la discriminación, al limitado acceso a servicios de salud y a una vivienda digna”, termino la cita; es decir, la exclusión y la marginación fueron factor determinante para la definición de la política pública en materia de desarrollo social cuyo objetivo, y cito nuevamente: “de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de los mexicanos”, cierro la cita, era esperanzador.
Han pasado poco más de tres años, y diferentes evaluaciones apuntan a que nos encontramos en una etapa compleja y difícil en cuanto al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción planteados, pues aún no se logran resultados satisfactorios y de manera importante, no se han reducido las brechas de desigualdad ni las condiciones de pobreza.
A fines de julio de 2015, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó un desalentador Informe de Resultados de la Medición de la Pobreza 2014, que dio cuenta que de 2012 a 2014 creció en dos millones el número de personas que viven en pobreza; es decir, 55.3 millones de connacionales.
Mientras que quienes se encontraban en extrema pobreza disminuyeron en sólo cien mil ciudadanos, 11.4 millones de personas, cifra dolorosa de 66.7 millones de mexicanos que no tienen recursos ni para conseguir alimento.
Ello nos reta a mejorar nuestras capacidades de coordinación, como lo señaló ayer la subsecretaria Rubio, quien en reunión con el director ejecutivo de ONU-Hábitat, señaló que siete de cada diez mexicanos de zonas urbanas viven en pobreza y padecen alguna carencia social.
Quiero comentar además en esta Primera Sesión Ordinaria de 2016, como una preocupación, creo compartida, el informe en el Análisis de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoria Superior de la Federación en relación, principalmente, con la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en el sentido de los señalamientos en cuanto a deficiencias en su diseño e implementación; se señalan también otros programas como el seguro de vida para jefas de familia y el seguro popular, destacadamente.
Es imperativo que, en cumplimiento de nuestras facultades, analicemos este Informe, aportemos propuestas de cómo superar las fallas, coadyuvemos a reorientar, con base en esta evaluación, los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria como un derecho fundamental que debe armonizar con otros derechos sociales como la salud, la educación, la seguridad social.
En especial, quiero proponer que vinculemos las acciones de desarrollo social con un tema que nos inquieta a todos, Gobierno, legisladores, sociedad civil: el de la recuperación de la seguridad y la paz en nuestro país.
Se ha diseñado desde el Gobierno federal, a partir de la ley emitida por el Congreso, un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y es fundamental, impulsar la coordinación de las políticas públicas y las acciones legislativas con el fin de reducir la violencia, generar oportunidades y luchar contra la desigualdad, todo ello como sustento estructural para impulsar un esquema de seguridad humana en donde la persona sea el eje integrador de todas las políticas.
De mi parte, quiero establecer el compromiso de trabajar intensamente, en mi calidad de presidenta de la Comisión en el Senado, junto con las y los senadores integrantes de la comisión, en una estrecha coordinación con esta Comisión Nacional, en las tareas para lograr superar las condiciones aún persistentes de vulnerabilidad, exclusión, marginación, violencia estructural, pobreza y carencias sociales, en la perspectiva de un México incluyente como garantía del ejercicio de derechos y la gobernabilidad democrática.
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