La prioridad del titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, nombrado este día, debe ser la protección integral de los derechos humanos de las y los migrantes centroamericanos que de manera irregular cruzan la frontera con México, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes, externó la senadora Angélica de la Peña.
Señaló que el programa el Programa Frontera Sur tiene un enfoque errado, pues privilegia el objetivo de «regular el transito migratorio» y «ordenar los cruces internacionales», reforzando las garitas existentes e instalando Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, con personal del ejército, marina y policía federal, lo cual no es otra cosa que trasladar a nuestra frontera sur las acciones implementadas por las autoridades norteamericanas en la línea fronteriza con nuestro país.
«Si la política migratoria del gobierno mexicano no se modifica y comienza a considerar las causas que impulsan la migración desde Centroamérica y de nuestro propio territorio y establece las bases para construir una solución a nivel regional, no va a obtener otro resultado que la misma crisis humanitaria que hoy el gobierno norteamericano debe enfrentar ante la detención de decenas de miles de niñas y niños no acompañados».
La también presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente expuso que dificultar los cruces internacionales e impedir que viajen en ferrocarril a través de nuestro país, no va a desincentivar a las y los hermanos centroamericanos, lo que provocará es que busquen rutas todavía más peligrosas, «eso ya lo observamos con terror en el norte, cuando construyeron un muro metálico y los mexicanos optaron por cruzar el desierto y muchos han muerto debido a las condiciones climatológicas extremas», agregó.
La política migratoria del gobierno mexicanos es contradictoria porque argumenta que «tiene como propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México», explicó de la Peña Gómez, pero su fin último es deportar a todas las personas extranjeras que se encuentran de manera irregular en nuestro país, ignorando el hecho de que la integridad y la vida de muchos de ellos estará peligrosamente comprometida si regresan a sus países en Centroamérica.
«Las acciones que la administración federal debiera implementar de manera inmediata son brindar asilo y considerar como refugiados a las niñas y los niños centroamericanos no acompañados que han llegado a nuestro país de manera irregular, pues es sabido que hacen tal travesía escapando de la violencia, de la pobreza, para reunirse con sus padres».
En el Senado ya se analizan propuestas para hallar una salida parcial a la crisis de la niñez migrante, sin embargo el Congreso de la Unión – como parte del Estado mexicano- tiene la obligación de contribuir en la fundación de una respuesta regional a las causas de la migración y el primer paso es el desarrollo de una política migratoria que privilegie los derechos humanos, finalizó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
