Nueva política de seguridad pública
Los hechos sucedidos el pasado 2 de enero, cuando Gisela Mota, presidenta municipal de Temixco, Morelos, fue asesinada a balazos en su casa, apenas un día después de haber tomado protesta, nos llevan a una reflexión obligada no sólo sobre la gestión del mando único de policía, sino sobre la estrategia nacional de seguridad que se ha implementado en los últimos años.
Este hecho lamentable y reprobable es un desafío más de la delincuencia al Estado mexicano. Nos muestra un Estado vulnerado con capacidades limitadas, ya no sólo para proteger el patrimonio y garantizar la vida de los ciudadanos, sino también la integridad y el actuar de las propias autoridades.
Según el informe de 2015 de la organización Fund for Peace, que cada año con el apoyo de la ONU realiza evaluaciones anuales sobre la fragilidad de los Estados, México ocupó el lugar número 100 de un total de 178 naciones.
Frente a esta realidad es necesario pensar diferente. El eje de la estrategia no sólo debe ser un tema de instrumentos policiacos, el punto es cómo fortalecer la capacidad de actuar y responder del Estado mexicano. Permítanme presentar la evidencia, acotando que este tema no debe abordarse a partir de una aproximación o una interpretación partidista. Debemos revisar con madurez los datos duros que tenemos.
- En cuanto a los resultados. Si bien reconocemos que varios de los principales cabecillas del crimen organizado han sido capturados, también es importante reconocer que una vez capturados se han dado a la fuga, o han sido puestos en libertad por deficiencias en la integración de expedientes. El tema de fondo es que hoy los cárteles de la droga no han visto mermada su potencia económica y operación delincuencial.
- Si bien reconocemos un compromiso y una intención por combatir estos cárteles, también tenemos que reconocer que hoy el Estado no cuenta ni con más, ni con mejores herramientas para enfrentar las redes delincuenciales. El crimen en este país es hoy una ingeniería compleja. Hoy los cárteles son organizaciones que presentan procesos económicos integrados que incluyen desde el derecho de piso que paga el taquero de la esquina del barrio, hasta el lavado de dinero e inversiones en el sistema financiero internacional, pasando por el secuestro e incluso actividades productivas como la minería, la pesca, la ganadería y la agricultura. Ésta es una mezcla de empresas legítimas e ilegales, con una presencia importante en las economías local y nacional. El control y potencia económica no son producto de la suerte, son estructuras construidas con la complicidad y complacencia de muchos gobiernos locales, alimentados en la corrupción e impunidad.
- Es un grave error pensar en la corrupción y el crimen organizado como dos fenómenos diferentes, ya que son dos caras de una misma moneda. Ante tal escenario, se requiere una estrategia de fortalecimiento del Estado y seguridad pública que no sólo tenga como componente principal el combate a la corrupción, sino que considere elementos como el desarrollo social y económico, la atención a las víctimas y la posibilidad de reintegración productiva de delincuentes.
Es importante tomar una definición sobre el mando único en el entendido que es una fórmula deseable, pero no universal y única.
El decálogo propuesto por el Ejecutivo federal para fortalecer la seguridad y la justicia en noviembre de 2014 debe ser debatido y atendido, pero bajo el entendido de que en la forma adecuada puede ser útil, pero no representa la única solución para esta delicada situación.
Estamos obligados a una reflexión seria, profunda, madura y objetiva sobre qué está funcionando y qué tenemos que hacer para mejorar esta situación.
Acordemos una solución, una ruta integral y de largo plazo que fortalezca al Estado y que permita a las instituciones recuperar su potencia y credibilidad.
Es momento de que el titular del Ejecutivo federal, los gobernadores y gobernadora de los estados del país, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Congreso de la Unión trabajemos en una nueva política de seguridad pública, fortalecimiento del Estado y combate a la corrupción.
Senador de la República.
