Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, diversos dictámenes en materia de paquete económico.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, señor presidente.
Antes de iniciar la presentación de este dictamen, quisiera solicitarle, toda vez que ya fueron remitidos a la Mesa Directiva los cuatro dictámenes que integran el paquete en materia de Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, presentar en un solo acto el contenido de las reformas.
Bueno, yo creo en primer lugar que hay que ubicar en su justa dimensión los cambios y los alcances que han tenido estos dictámenes. Asumir que desde la propia Cámara de Diputados se realizaron un conjunto de modificaciones que atendieron en alguna medida algunas de las preocupaciones de la sociedad aunque en su conjunto no impactan en los aspectos centrales del contenido de la política en materia fiscal que rige actualmente en el país.
En la Cámara de Diputados, por ejemplo en materia de Ley Federal de Derechos, se modificó el artículo 231 A para establecer que las entidades recibirán desde la Comisión Nacional del Agua la devolución de las inversiones que realicen para formalizar inversiones en toda la infraestructura hidráulica en las entidades, lo cual favorecerá el desarrollo de este equipamiento en los estados.
De la misma manera, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se incremento el límite de deducibilidad de automóviles utilitarios hasta 175 mil pesos, lo cual es importante porque ya no existían, no existe, automóviles menores a este precio y esto también va a permitir enfrentar algunos de los impactos que han tenido las modificaciones por ejemplo en el programa Hoy no Circula y verificación vehicular en la zona metropolitana del Valle de México.
En el artículo 151 se permitió deducir gastos personales por honorarios médicos con dictamen en caso de enfermedades discapacitantes, al igual que se amplió el margen de beneficio de lo que se ha denominado mini RIF, el Régimen de Incorporación Fiscal, con el cual los contribuyentes con ingresos de hasta 250 mil pesos anuales, no pagarán el Impuesto al Valor Agregado y dispondrán de modificaciones, de facilidades fiscales y de la misma manera hubo modificaciones para ampliar el margen de deducción de las pequeñas y medianas empresas.
En el caso del Código Fiscal de la Federación, en los artículos 22, 22 D y 127, se impulsó la devolución de los saldos favorables a los contribuyentes, así como se estableció un artículo transitorio en donde se da un tratamiento especial para el sector de artesanos para que la venta al público, en casos con ingresos menores a 250 mil pesos, estos intermediaros, la retención correrá a cargo del adquiriente.
Y en la misma manera, en la Ley de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios pues todavía ahí hubo un problema fundamental referente a la disminución al impuesto a las bebidas que contienen altos contenidos de azúcares.
Muchos de estos temas fueron revisados en las comisiones unidas y se ampliaron incluso parte de los beneficios.
Yo quisiera destacar en primer lugar, agradeciendo la atención que tuvo el doctor Mauricio Hernández Ávila, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, que nos ayudó en la fundamentación del porqué mantener el impuesto a las bebidas azucaradas en los términos actuales, como parte no solamente de una política fiscal, sino como parte de la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, ya que se ha demostrado que este consumo desmedido de azúcares daña la salud y que incluso las bebidas azucaradas contribuyen con el 70 por ciento de los azúcares adicionados en México.
Y con el consumo de estas bebidas y de estos azúcares aumentan de manera significativa el síndrome metabólico, la diabetes tipo II, la enfermedad cardiovascular, la caries dental y otras enfermedades que están asociadas, de acuerdo a estudios del propio Instituto Nacional de Salud con la Universidad de Carolina del Norte a cerca de 24 mil muerte anuales y se ha demostrado que con este impuesto se ha reducido en un promedio de 9 por ciento el consumo de los azúcares, lo cual tendrá un impacto positivo en la estrategia nacional para la prevención y el control del sobrepeso y la obesidad.
También hay que reconocer el trabajo en comisiones, donde se hizo una adición, la adición de un Artículo Noveno Transitorio, en lo que se refiere a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer las tareas de fiscalización en el ejercicio de recursos que no vienen originalmente del presupuesto de egresos de la federación y que en la Cámara de Diputados se dictamina de manera etiquetada como parte de la negociación derivada de la gestión que los legisladores, los diputados, realizan atendiendo demandas de sus distritos, de sus entidades o de sus municipios.
Y afortunadamente creo que este es un primer paso para poder contener una de las peores prácticas registradas en Poder Legislativo, la que hemos conocido como “El Moche”, aunque esto no resolverá el problema.
Pero por supuesto que una vez que se ha fundamentado el Artículo Noveno en el artículo 79 de nuestra Constitución, formando parte ya del Sistema Nacional Anticorrupción, se fortalecerán las labores de fiscalización de los recursos federales que administren o ejerzan las entidades, los municipios o el Distrito Federal, así como aquellos recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral.
De modo tal que estos recursos etiquetados podrán ser fiscalizados en cualquier momento, ya sea por el ejercicio de la atribución que se le ha otorgado al Auditor Superior de la Federación o mediante denuncia de un tercero o del propio afectado.
¿Qué significa esto? Pues que en cualquier momento los presidentes municipales o los gobernadores que están sujetos a esta extorsión que representa el moche legislativo y que se ha acreditado como una práctica que ha perneado de manera significativa en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación, pueda empezar a combatirse y a erradicarse.
Lástima que no se avanzó en la disminución del déficit que se tenía programado del 3 por ciento al 2.9, parece insignificante una décima, el 0.1 por ciento que representa en lo fundamental cerca de 17 mil millones de pesos que entraran en la bolsa de negociación en la Cámara de Diputados para atender la gestión legislativa y que pues lamentablemente se ha convertido en una nueva modalidad de extorsión a los presidentes municipales, donde ahora ya no sólo son objeto de la delincuencia organizada, sino también de otro tipo de delincuencia organizada, que es el moche legislativo que cobra un porcentaje u obliga a los presidentes municipales a contratar a determinadas empresas para construir las obras.
Hay otros avances en los dictámenes de las leyes, en el caso de la Impuesto Especial en Productos y Servicios se estableció una metodología para determinar el precio de las gasolinas y el diesel, donde la franja de flotación no puede estar por encima de la inflación estimada del 3 por ciento, aunque esto tendrá implicaciones -por supuesto- en el precio final de las gasolinas.
De la misma manera, en la Ley de ingresos de la Federación hay un adendum para realizar con cuidado el impacto que tendrán el saneamiento de las pensiones y jubilaciones en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad.
En el Impuesto Sobre la renta se incrementó el tope de deducciones del 10 al 15 por ciento de los ingresos de las personas físicas; en el Régimen de Incorporación Fiscal se amplió el mini RIF de 250 mil a 300 mil peso y se eximió de la expedición de factura por las operaciones de alrededor de 100 a 200 pesos en los pequeños negocios.
Se eximió al uso de medios electrónicos en operaciones de hasta 20 mil pesos, se paso de 2 mil a 5 mil pesos; y se tomaron algunas otras medidas en materia de (inaudible) administrativas para empezar a desburocratizar éstas mismas.
Sin embargo quedaron pendientes, y yo creo son los temas de fondo, grandes agregados, porque el impacto que tiene en la política fiscal este tipo de ajustes no es significativo. Habría sido más significativo hacer una revisión a fondo del pago de derecho en la legislación en materia minera en donde nuestro país enfrenta en estos momentos el mayor saqueo de recursos de nuestra historia.
Porque tan sólo en los 10m primero años del presente siglo, los corporativos mineros, en su mayoría canadienses, han extraído el doble de oro y la mitad de la plata que la Corona Española extrajo durante 300 años de colonización en nuestro país.
Ya que de acuerdo al sistema integral de administración minera, en México existen más de 31 mil concesiones mineras que amparan a cerca de 50 millones de hectáreas que se encuentran en poder de 287 empresas, las cuales desarrollan 668 proyectos mineros.
Nuestro país se encuentra en el peor momento de su riqueza mineral, en donde no solamente no hay el cobre de un derecho equitativo por la enorme riqueza que se extrae, sino que el impacto negativo de despojo de recursos naturales que corresponden a ejidos y comunidades se incrementan con el enorme daño y alteración que sufren las comunidades al momento que llegan estas empresas que no cumplen con sus obligaciones de responsabilidad social, sino que por el contrario generan mayores problemas de desintegración comunitaria y de sobreexplotación del trabajo ya que no se apegan estrictamente al cumplimiento de la legislación laboral.
Y quizá uno de los principales temas y más delicados, es el haber introducido en el Impuesto Sobre la Renta en el artículo 74, una figura jurídica que se había erradicado de la legislación, había aparecido en el años 2013 y posteriormente fue quistada de ella, en donde se quiere establecer la extensión de 200 veces el salario mínimo para que no se aplique el impuesto sobre la renta a los ejidos y comunidades, que suena muy atractivo pero sin embargo tiene varias implicaciones.
La primera de ellas, y lo digo en los términos en los que viene en el dictamen, se establece que las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario general correspondiente al área geográfica del contribuyente, elevado al año por cada uno de los socios o asociados siempre que no exceda en su totalidad las 200 veces el salario mínimo y esto, dice, no será aplicable a ejidos y comunidades.
Aquí hay que señalar que la propiedad social de nuestro país nunca ha pagado impuestos, mucho menos el Impuesto Sobre la Renta, porque la propiedad social proviene de los bienes nacionales que se entregan en usufructo al ejido y el reconocimiento del derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre su tierra y sus recursos naturales donde en todo momento la propiedad social es inalienable, imprescriptible e inembargable.
Y esto no es sino disfrazar en la introducción, del cobro de un impuesto sobre la renta que estará vinculado fundamentalmente a lo que será el establecimiento de las contraprestaciones que se derivan de la reforma energética, particularmente en materia de hidrocarburos en donde en todos los casos que se establezca ocupación temporal, servidumbre de paso, asociación con particulares, contratos o arrendamientos, de acuerdo a la reforma energética, se tendrá que pagar Impuesto Sobre la Renta y, ya quisiera yo ver a la comunidad lacandona pagando el Impuesto Sobre la Renta sobre el aprovechamiento de energía en la selva Lacandona o a la comunidad Chamula, en el caso de Chiapas, o a los indígenas Yaquis lo cual va a generar conflictos sociales muy superiores a los que se pretenden resolver.
Y la verdad es que es lamentable la forma en que se argumenta el establecimiento de esta medida, en donde yo le sugeriría al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por lo menos se modificara del texto de la exposición del motivo del dictamen la consideración vigésimo sexta que se refiere a facilidades de impuestos ejidatarios, comunidades y sus integrantes, donde dicen que:
“Estas Comisiones consideramos el establecer facultades del Sistema de Administración Tributaria para que pueda emitir reglas administrativas que permitan la regularización de las obligaciones formales y de pago de los integrantes de ejidos y de las comunidades por los pagos recibidos por personas físicas y morales independientemente del sector al que pertenezca” y agrega “lo anterior en razón de que en la última década se han incrementado los actos jurídicos celebrados entre ejidos y comunidades y empresas mercantiles dedicadas a actividades agrícolas y silvícolas en los cuales los ejidos han celebrado contratos de ocupación temporal”, por eso va asociado justamente a la reforma energética “ y dichos actos se han celebrado ante notario público y ante las autoridades de la materia.
“No obstante las empresas mercantiles condicionan el pago a que el mismo se realice directamente a los ejidos y no a los ejidatarios y personas físicas, lo que ha causado confusión a los ejidos en razón, y esto es un asunto que no podemos aceptar en el Senado, en razón de que gran parte de ellos son personas de la tercera edad o con escaza formación académica induciendo al error y a la omisión a los ejidatarios en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Yo creo que conceptos discriminatorios de esta naturaleza no pueden formar parte de un cuerpo legislativo y por eso habrá que revisarlo porque creo que esta disposición es inconstitucional porque viola el artículo 27 constitucional; no solamente por la naturaleza de la propiedad social sino además porque establece con toda precisión que la inalienabilidad y la inembargabilidad de las tierras, lo que se refrenda en la ley agraria en los artículos 64 y 74 en función del lo establecido en articulo segundo y el artículo cuarto de nuestra constitución, en particular en el reconocimiento de las garantías que se otorgan a los pueblos y las comunidades indígenas a la libre autodeterminación y a su autonomía para decidir sobre sus formas de convivencia de organización social, su organización económica, política y cultural.
Dos temas finalmente, el impuesto especial el IEPS a precio de gasolina en donde, de acuerdo al argumento de la Secretaría de Hacienda, se inicia un proceso, a partir de 2016, para que se otorgue un permiso a terceros por el expendio público de combustibles, en el 2017 se permite la libre importación de gasolinas y en el 2018 los precios estén sujetos al mercado.
La verdad es que aquí de nueva cuenta hay una distorsión de la información porque se tiene que asumir que hoy se está importando gasolina a precios bajos, se vende a precios altos, lo cual este sobreprecio genera ganancias adicionales al gobierno federal y al mismo tiempo establece un impuesto que en la franja de flotación, hasta el tres por ciento, implicará por lo menos un incremento hasta de cuatro pesos por litro el próximo año y de todos modos lo dicen que se sigue manteniendo el subsidio lo cual es absolutamente falso por el precio al que se están vendiendo las gasolinas en más del 60 por ciento que importa en estos momentos Petróleos Mexicanos.
Por supuesto en el 2018, si es que esto no cambia toda vez que ésta es una legislación anual y lo que se establece aquí no necesariamente prevalecerá en los próximos dos años, implicará que en el año electoral bajará el precio de las gasolinas porque como lo vemos en la propia estadística que nos ha entregado la Secretaría de Hacienda la producción petrolera en nuestro país seguirá disminuyendo y no superara los dos millones 300 mil barriles diarios, el precio de la mezcla mexicana seguirá cayendo por debajo de los 50 dólares por barril, mientras los precios del petróleo continuarán en la baja sin que disminuya el precio de las gasolinas.
Mientras, y lo dijo muy bien Mario Delgado, vamos a pasar de una economía petroliza a una economía gasolinizada porque solamente en los ingresos tributarios que espera el gobierno federal para 2016, y son datos que dio la Secretaría de Hacienda, el incremento en lo que será la recaudación por gasolinas pasará de 31 mil 300 millones de pesos a 209 mil 400, el tiempo está medio nublado y un poco de lluvia, tome sus precauciones.
Intervención del presidente de la Mesa Directiva
AER: Se lo agradezco mucho.
Esto implica con el incremento del precio de las gasolinas en un incremento de 569 por ciento en la recaudación que se espera por el sobre precio y esta franja en la que estará moviéndose el precio de las gasolinas, donde esperamos aumentos hasta de 4 pesos por litro en el momento más complicado y manteniéndose por precios muy por encima de Estados Unidos, donde hoy en México el litro de gasolina está en 13 pesos con 57 centavos, mientras en Estados Unidos el litro de gasolina está a 10 pesos con 6 centavos.
Hay otros temas vinculados con deuda, en el mensaje político del presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional el 2 de septiembre dijo que ante la reducción de los ingresos petroleros no iban a aumentar los impuestos, ni se iba a endeudar al país cuando ya la deuda asciende a 7 billones 979 mil millones de pesos, una cifra superior a dos millones billones 800 mil millones de pesos al saldo registrado en 2012.
Y al mismo tiempo se espera obtener en los últimos tres años 50 mil millones de pesos a través de la colocación de bonos en la Bolsa Mexicana de Valores para financiar el Ramo 33 en demérito de las finanzas de lo estados y municipios.
A lo que se suma el incremento a las tasas de interés porque es evidente que la tasa de interés (inaudible) a 28 días al pasar a un incremento del 3 por ciento al 4.5 y el incremento del 22.2 por ciento va a tener un impacto en el nivel de endeudamiento, así como el cambio en la tasa al IVA, en donde a tres meses se proyecta un incremento de (Inaudible) por ciento, por lo cual es absurdo que no se considere que va a haber un sobreendeudamiento para el país.
Lo dijo Gerardo Esquivel, por ejemplo en el Foro que organizó el Instituto Belisario Domínguez, como este sobreendeudamiento ha pasado de 9 puntos porcentuales del PIB y pasará al 12 por ciento del PIB en el próximo año.
Ahora sí resulta que estamos viendo quienes son los irresponsables en el endeudamiento y quienes son el verdadero peligro para México.
Y finalmente, este asunto de la bancarización aunque sea flexibilizado, yo creo que sigue una lógica que no se corresponde con el conjunto de medidas que ha debatido el Senado. Yo creo que al peso mexicano ahora también se le criminaliza, el peso deja de ser la moneda del curso legal, las disposiciones a la bancarización para que en todos los casos el pago ser realice desde los comprobantes fiscales digitales y el pago de los mismos sea a través de la banca, ya sea en cheque, transferencia electrónica o con tarjetas de crédito va a afectar no solamente a los pequeños contribuyentes, a los pequeños negocios sino va a ser inaplicable no solamente en las zonas rurales sino en muchas regiones urbanas y suburbanas, teniendo complicaciones adicionales.
Voy a poner un ejemplo, porque lo estamos discutiendo, por ejemplo la Ley de Lavado de Dinero en donde se están modificando los umbrales para permitir operaciones ene efectivo, toda vez de que ha fracasado la política establecida hasta ahora, donde en el caso de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda ha reportado, este es un dato muy interesante, que solamente entre el 2004 y el 2009 se reportaron 28.5 millones de denuncias de operaciones supuestamente sospechosas de lavado de dinero, de las cuales solamente han prosperado 160 mil.
Con el agravante de que los recortes que tienen que hacer las empresas que manejan los registros de estos datos es dar a conocer datos que corresponden a la vida privada y personal de los ciudadanos, porque se reportan todas las operaciones en cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo que realicen en cualquier empresa. Yo creo que es de los temas que habrá que discutirlos con mayor detenimiento.
E insisto este no es un debate técnico, no es un debate solamente para los iluminados en economía, por supuesto que hay que conocer los criterios de política económica, la situación global, los problemas macroeconómicos, pero aquí también hay un asunto de perfil incluso ideológico porque la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Ingresos define el carácter de un gobierno, a quién se le cobran los impuestos, a dónde se destina el gasto, cuáles son las prioridades gubernamentales; y por eso, hoy no entiendo como la mayoría del PAN va a votar a favor de una reforma que cuando discutimos la reforma fiscal votó en contra y recriminó a la bancada del PRD durante dos años el acompañamiento de esta reforma hacendaria; y hoy sin ningún cambio en el modelo fundamental aprobarán mayoritariamente esta reforma quizá a cambio de mantener el moche legislativo y las pequeñas migajas que hoy se han entregado.
Por eso, respetando la votación mayoritaria de mi comisión, cuatro votos a uno, yo votaré en contra.
Muchas gracias.
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