Intervención en tribuna del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al dictamen con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, devuelto para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias, senadora presidenta.
Bueno, parece que por fin estamos empezando a destrabar muchos de los asuntos que teníamos pendientes para ir cerrando el ciclo de reformas vinculados por la reforma al artículo sexto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental de todas las personas.
Hay que recordar que el dictamen respecto a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo remitimos a la Cámara de Diputados en el mes de noviembre del año pasado.
Y ha tenido que seguir un largo derrotero para poder tener no solamente su aprobación, sino que hoy nos envían una minuta con nueve modificaciones que a nuestro juicio deben atenderse de manera puntual y con ello allanar el camino para su publicación y entrada en vigor.
Dentro de estas nueve modificaciones debo señalar la reforma al artículo 23, párrafo segundo donde se establece con mayor claridad el régimen laboral al que estarán sujetos los trabajadores de confianza del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que los remite en tanto servidores públicos al apartado B del artículo 123 constitucional.
En el artículo 24, la Cámara de los Diputados ha requerido tener el mismo tratamiento que el Senado de la República en tanto a la presentación de los informes del Instituto Nacional de Acceso a la Información, en donde solicita, bueno, plantea que el informe no sea remitido solamente al Senado de la República, sino también a la Cámara de las y los Diputados, lo cual fortalece el mecanismos de rendición de cuentas, particularmente en la Cámara de Diputados como entidad fiscalizadora.
En el artículo 46 se propone que la excusa para conocer un acto en particular que pudiera encuadrar un conflicto de interés público o indirecto de alguno de los comisionados o las comisionadas no sea un acto sujeto a su voluntad, sino que esta excusa, en tanto conflicto de interés, sea obligatoria para las comisionadas o comisionados integrantes del pleno que rige al Instituto.
Hay algunas modificaciones de forma, particularmente en los artículos 28 y el artículo 55, otras en el artículo 174 y 202, para armonizar las reformas constitucionales en lo que se refiere al cambio de régimen jurídico del Distrito Federal y establecer la figura de Ciudad de México.
Así como en todas las referencias al salario mínimo, toda vez que se ha establecido la Unidad de Medida Actualizada, se haga la referencia en lugar del salario a la Unidad de Medida.
Se propone el artículo 91 dentro de los cambios, homologar la Ley Federal y la Ley General en cuanto al plazo de presentar los informes justificados de los sujetos obligados, eso estandariza las modificaciones que tienen que hacerse tanto en el ámbito federal como en los ámbitos de los estados, en las entidades federativas del país.
Una de las reformas, y quizá es la más importante, yo quiero destacarlo, es la reforma al artículo 99, donde se añade una fracción en donde se faculta al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública para que pueda desclasificar la información que se encuentre reservada en materia de derechos humanos.
Ésta fue una discusión que tuvimos aquí en el pleno y que no concitó el acuerdo de la mayoría de los integrantes del Senado, pero creo que con esta modificación que hace la Cámara de Diputados, es atendible y ayuda a dar certeza para que toda la información vinculada con violaciones graves a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, no deben ser motivo de reserva alguna.
Y establece nuevos marcos normativos en el régimen transitorio, en el artículo tercero transitorio señala que los sujetos obligados deben tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, lo cual obliga a todos los sujetos que son materia de esta legislación a cumplir con la disposición.
Y el cuarto transitorio, atendiendo una solicitud del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el establecer el cumplimiento de las nuevas obligaciones, los términos para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en cuanto a procedimientos de verificación y las obligaciones de transparencia así como las que establece la misma ley en un periodo que estará sujeto al momento en que entre en vigor la ley.
Yo creo que son atendibles, qué bueno que estamos dando estos pasos, esperemos cerrar pronto este ciclo. Hace unos momentos se aprobó en lo general en las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, la Ley de Datos Personales, esto es parte del paquete legislativo que nos corresponde, falta resolver en materia de la Ley de Archivos –que anuncio, anticipo, que estamos trabajando en la formulación de una iniciativa que busca tener mayor consenso- y que toda vez que no habrá oportunidad de construir ese acuerdo en lo que resta en este periodo ordinario de sesiones, una vez que tengamos un acuerdo básico, la presentaremos en la Comisión Permanente para que las comisiones dictaminadores inicien sus trabajos y podamos tener todo el paquete normativo que nos obliga la reforma al artículo sexto constitucional.
Éstas son las modificaciones que contiene la minuta de la Cámara de Diputados, hay que recordad que no habíamos utilizado la dispensa de trámites y canalizar directamente al pleno ninguna minuta desde hace dos Legislaturas que esto no sucedía y esperemos que en este caso prospere para ir resolviendo la agenda que tenemos pendiente.
Por su atención, muchísimas gracias.
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