Estado mexicano debe asegurar las condiciones de seguridad necesarias para el trabajo de los periodistas: Zoé Robledo


Intervención en tribuna del senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar a favor del dictamen con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a adoptar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y atención de las y los periodistas desplazados.

 

Zoé Robledo A., (ZRA): Muchas gracias, senador presidente.

 

De la misma manera que la senadora Angélica de la Peña vengo a hablar a favor de este punto de acuerdo.
Y déjenme iniciar esta intervención hablándoles y compartiendo con ustedes la historia de Mario Segura.

 

Mario era un periodista que trabajaba en la ciudad de Tampico y que como muchos otros periodistas no le alcanzaba el sueldo para poder vivir, por lo que los fines de semana se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles.
A Mario Segura se le ocurrió montar un blog que se llamaba “Alerta Oportuna”, en el que se podía publicar noticias sobre violencia, sobre abusos por parte del crimen organizado en la Ciudad de Tampico.

 

Un ejercicio de periodismo ciudadano que empezó a tener mucho éxito y que empezó a llenarse de visitas que primero se contaban en cientos y al final se contaban por miles, y que invitaban a la vez a más ciudadanos a denunciar abusos, violencia, enfrentamientos, tiroteos, levantones; en fin, lo que se vive cotidianamente en ciudades como esa.

 

El 13 de agosto del año 2012, hombres encapuchados secuestraron a Mario, lo golpearon, lo amenazaron; y obviamente desde ese día su familia no tuvo una opción distinta a la de huir de su lugar de origen.

 

Huir dejando su patrimonio, dejando a sus amigos y también dejando a tras una forma honesta de vivir como periodista.
Se vino a la ciudad de México y desde entonces y hasta la fecha no ha encontrado trabajo. Hoy su personaje “Papá Mayito”, personaje de payaso, es la única fuente de ingreso que tiene.

Ya Mario no puede hacer periodismo en Tampico, “Alerta Oportuna” desapareció y una familia entera tiene que sobrevivir todos los meses por una razón, inaceptable.

 

Porque el ejercicio de su profesión era lo suficientemente peligrosa para él y para su familia y el Estado mexicano y el estado de Tamaulipas no podían haces absolutamente nada.

 

Historias como las de él se han repetido en el país, cada vez de manera más frecuente.

 

Reporteros Sin Fronteras dice que desde el 2013 en México 87 periodistas fueron asesinado, 14 periodistas están en el exilio y 12, por lo menos en este registro, son desplazados; sin contar los 20 periodistas desaparecidos en ese mismo periodo de tiempo.

 

Para otra organización, Artículo 19, entre 2012 y 2013, más de 30 periodistas han tenido que huir de sus hogares para salvar sus vidas.

 

Por ejemplo, en 2012, 18 periodistas de provincia, tuvieron que desplazarse a la ciudad de México por razones de seguridad. Y razones de seguridad que ya se habían traducido no en percepciones, en amenazas directas al ejercicio de su labor.

 

Cuál es el problema? Que a los periodistas desplazados no se les reconoce su condición, y no se les reconoce su condición, porque ningún otro tipo de desplazamiento en nuestro país está reconocido.

 

El fenómeno del desplazamiento en México sigue siendo una ausencia terrible y dramática en nuestro marco normativo.

 

Porque estos sólo son los periodistas desplazados, hay empresarios, hay familias enteras que han dejado, han tenido que dejar todo porque la otra opción es enfrentarse al crimen organizado y las probabilidades de que eso termine en una tragedia son altísimas.

 

Esto tienen que llamarnos a retomar, no solamente las iniciativas que están aquí en la Cámara de Senadores, sino una actitud diferente frente a un fenómeno que según la propia ACNUR podría llegar a 250 mil personas en nuestro país.
Según ACNUR porque no hay datos oficiales, podría haber un cuarto de millón de personas desplazadas en este momento en México.

 

Habría que sumar todos aquellos en estados como Guerrero, en estados como Michoacán, que viven una situación de desplazamiento hoy no reconocida y por eso que no puede ofrecer soluciones duraderas a esta situación.

 

Me parece que la actividad periodística debería estar protegida como un baluarte de nuestra democracia. De manera inherente los periodistas necesariamente tienen que desplazarse de un lugar a otros para reportera, para investigar, para indagar la nota.

 

Esto les implica moverse, trasladarse entre municipios, entre ciudades, incluso entre estados, pero nunca debería estar el desplazamiento de periodistas vinculado a que tengan miedo de perder la vida porque dicen la verdad, a que tengan miedo de perder la vida porque son incómodos para el crimen organizado, a que tengan miedo de perder la vida porque quizá sus autoridades, estatales, municipales o locales no tienen la facultad o no asumen la facultad de protegerlos para que sigan aportándole al desarrollo democrático de nuestro país.

 

Por eso es que coincido con la senadora Angélica de la Peña, en apoyar este punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación para adoptar acciones necesarias para garantizar la seguridad, la atención y ofrecer soluciones duraderas a estos periodistas en el tema de desplazamiento forzado.

 

Desafortunadamente, el punto de acuerdo fue ingresado en el 2013, como ya lo señaló la senadora de la Peña. En muchos casos, puede ser que en el momento que haya acciones preventivas o acciones de seguridad nos demos cuenta de que es demasiado tarde y que personas como Mario ya estén en una condición diferente del momento en que denunciaron su situación.

 

Por el bien de de la crítica, de la libertad y de la propia democracia no debemos de ser omisos, por supuesto no podemos permitir que los periodistas tengan que dejar su casa, su trabajo, su familia por amenazas, por agresiones, por actos de intimidación que lamentablemente se viven todos los días.

 

Que los periodistas no tengan miedo debería de ser parte de nuestras preocupaciones en el Senado de la República y que el Estado mexicano les asegure las condiciones de seguridad necesarias para trabajar, debe de ser un encargo y una tarea también que asuma el propio gobierno federal.

 

Por su atención, les agradezco.