¿El municipio? ¡El dinero! / Reforma


La iniciativa de Ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales encierra una paradoja: Una ley que busca que las leyes se cumplan. En un país cuyo sistema judicial sólo es capaz de procesar y sentenciar el dos por ciento de los delitos que se denuncian, la solución para resolver el grave problema de impunidad y corrupción difícilmente se encontrará haciendo más leyes. Las leyes en sí mismas no son suficientes para modificar el comportamiento de los individuos en sociedad. Ese es parte del reclamo ciudadano: En México las leyes en los libros son diferentes a las leyes en acción.

La iniciativa de ley tiene un vicio político de origen: Considerar a la delincuencia organizada sólo como una empresa en búsqueda de la maximización de beneficios económicos, afuera e independiente del Estado. La iniciativa no contempla que la delincuencia organizada también construye un modelo de gobernabilidad alternativo. Esto significa que las leyes y el Estado de Derecho no son los ejes normativos alrededor de los cuales se organizan comunidades enteras en México. La delincuencia organizada logra arraigarse en la población precisamente porque el Estado no provee a la población los servicios básicos a los que está obligado. Los principios democráticos que supone defender y los recursos públicos que debe asignar para alcanzar estos fines han sido capturados por la delincuencia organizada en muchas partes del país. El problema no son los municipios, sino los enormes flujos financieros que logran -literalmente- comprar política pública. Los derechos humanos no existen, salvo si se adaptan al principio ulterior de «plata o plomo». Los servicios públicos son públicos en la medida en la que las personas que los usan estén alineadas al grupo criminal dominante, o no representen una amenaza a su autoridad.

Es por esto que plantear la posibilidad de desaparecer los poderes municipales como una política de Estado resulta riesgoso. Y es que son los vacíos de poder los que han provocado la crisis de gobernabilidad en nuestro país. Resolver esa crisis formalizando esa desaparición supone que la Federación o las autoridades estatales está exentas de una captura similar.

Adicionalmente, es necesario reconocer que el Estado sólo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil: los municipios. En ese sentido, una propuesta que plantea formalizar jurídicamente lo que ya en la realidad es un hecho no resuelve nada sino que afirma implícitamente la derrota del Estado frente a la delincuencia.

Lo que hace falta es fortalecer al municipio más allá de desplegados militares que buscan combatir balas con balas. El recrudecimiento de la violencia se debe a una política pública mal aplicada (desde el ámbito federal), no a la irrelevancia de la ley en sí misma. ¿Qué se propone? Una ley que implemente Unidades de Inteligencia Financieras autónomas que operen en los Estados con el propósito de identificar a las empresas fantasmas que son utilizadas como fachada para blanquear activos financieros ilícitos; una ley que construya un Registro Estatal de Propiedad que actualice permanentemente la compra y venta de patrimonio entre particulares y se asegure de verificar la procedencia lícita de los recursos utilizados para ello.

Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir: si no se cortan los flujos financieros que pagan las balas de la delincuencia con las que se combate a los policías y militares; si no se cortan los flujos financieros que mantienen el pacto de impunidad entre políticos y delincuentes; si no se cortan los flujos financieros que construyen, arreglan e instalan servicios públicos que debería hacer el Estado, no hay propuesta que valga. Desmantelar la ruta del dinero es lo que ha permitido a países como Colombia e Italia superar sus propias crisis de ingobernabilidad, ¿México cuando?

El autor es Senador de la República por Chiapas (PRD).

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