Las circunstancias, formas y tiempos en los que se produjo la suspensión por tiempo indefinido del proceso de evaluación de la educación básica, pone en riesgo la reforma educativa y constituye un grave error de cálculo del Gobierno Federal, porque debilita gravemente a la Secretaría de Educación Pública y, prácticamente, obliga a su actual titular a presentar su renuncia.
Repentinamente, la reforma social más significativa de la actual Legislatura y de la primera mitad de este gobierno, pretende anularse de manera unilateral y sin justificación que la sustente.
Nadie puede considerar que un boletín de prensa cancele una reforma de tal magnitud. Ni el Presidente de la República, ni el Secretario de Educación, ni por lo menos del titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP, de donde se emitió el ahora famoso comunicado.
El Gobierno y las instituciones tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. La SEP y el gobierno federal deben explicar a la sociedad esta suspensión, reconsiderar su decisión y seguir adelante con el calendario de la reforma educativa.
De acuerdo al calendario aprobado, el 30 de mayo estaba previsto que se aprobaran los instrumentos de evaluación actualizados para el ingreso al Servicio Profesional Docente; que un día después, el 31 de mayo, se seleccionaría y capacitaría a los aplicadores en la modalidad de revisores, conforme a los criterios del INEE; el 2 de junio tenían que establecerse los mecanismos de participación de observadores, de representantes de organizaciones no gubernamentales y padres de familia; y el próximo 17 de junio se seleccionaría y capacitaría a los aplicadores de los instrumentos de evaluación para el ingreso al Servicio Profesional vigente.
Resulta evidente que la suspensión tuvo motivaciones políticas, sin embargo, la complejidad del contexto electoral no justifica ni sustenta una decisión de esta magnitud. Sería muy importante darle continuidad a este proceso y realizar las adecuaciones necesarias al calendario para cumplir lo más pronto posible con las actividades programadas.
En la tarde del viernes 29 de mayo, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP publicó en el portal electrónico de esta dependencia el Comunicado 129, que textualmente dice: “Con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización”.
Un escueto comunicado en la sección de Comunicación Social, desaparecido la mañana del lunes y restituido en la mañana del martes.
En respuesta, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) emitió su posición. Considera que esta decisión atenta contra el Artículo 3º constitucional, las leyes reglamentarias, reglamentos, lineamientos y calendarios de la evaluación educativa.
Señala que se trata de una invasión de las competencias del INEE, con lo cual vulnera su autonomía constitucional. Además que es contraria al interés superior de la niñez mexicana al no garantizar una educación de calidad. La suspensión de la evaluación impedirá que las niñas, niños y adolescentes que estudian en escuelas públicas inicien el próximo ciclo escolar con profesores evaluados y dañando los derechos de los docentes interesados en una promoción o en ser evaluados.
Conforme al artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el INEE tiene, entre otras atribuciones: definir los procesos de evaluación a que se refiere esta Ley y demás disposiciones aplicables; establecer, en coordinación con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación a que se refiere la presente Ley; y aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el Servicio.
En medio del proceso electoral y ante hechos tan lamentables como la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año pasado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otras organizaciones magisteriales diseñaron una estrategia para detener la evaluación educativa y un plan para boicotear la elección.
Boletas en llamas, vidrios rotos, ocupación y destrucción de instalaciones del INE, aeropuertos y de seguridad pública. Se trata de delitos ante los cuales debe aplicarse la ley.
La discusión, aprobación y aplicación de la reforma educativa ha generado controversia. En su proceso de discusión en el Congreso se expresaron ampliamente las diferencias, el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado mayoritariamente votó en contra; sin embargo, ahora es una ley que debe cumplirse.
No debe permitirse que la educación se convierta en rehén de disputas políticas y acuerdos entre grupos que han encontrado en la protesta social una forma de subsistencia política y económica.
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