El gobierno actual confunde las necesidades y metas de México con los intereses de las corporaciones globales en el país.
No hace política exterior sino marketing. El presidenteEnrique Peña Nieto va a la Organización de Naciones Unidas y anuncia que nuestro país participará en misiones de paz, incluso con personal militar. Un anuncio más rimbombante que dotado de materia. De paso (¿o a eso fue?), se toma la foto con Barack Obama, presidente estadunidense, que ha sido incapaz de ofrecer a su vecino una mínima explicación sobre el espionaje que su gobierno practicó y practica en contra de ciudadanos mexicanos y en México. El mismo que no ha podido cumplir la promesa de una reforma migratoria que haga justicia a millones de migrantes, entre ellos más de diez millones de connacionales.
Los dos asuntos citados tienen, para este gobierno, una importancia secundaria, aunque sean cruciales en nuestra desigual relación con Estados Unidos.
Apenas se hizo el anuncio oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que la participación de México en operaciones de paz de la ONU será “gradual y con base en ciertas condiciones”.
Entre esas “condiciones” está la obligación constitucional de que el Ejecutivo debe solicitar al Senado autorización para la salida de tropas al extranjero. La facultad de la Cámara alta, establecida en nuestra ley suprema (artículo 76), es para este gobierno un simple estorbo nostálgico, como lo son los principios de soberanía, neutralidad y solidaridad que definieron por décadas la política exterior mexicana.
Ahí está el meollo del problema. Para un gobierno que presume a todas horas su talante pragmático, la Cancillería viene a ser una suerte de ProMéxico ampliado: los principales esfuerzos y acciones de esta área esencial del gobierno se han encaminado a promover los intereses de corporaciones privadas y extranjeras, no las prioridades nacionales.
Al gobierno de Peña Nieto no lo mueven los cascos azules sino los billetes verdes, pues admite que su prioridad es cumplir su “compromiso con el libre comercio y la movilidad de capitales”, aunque la movilidad de las personas siga bajo el sino de la muerte en la frontera y la vida clandestina en un país ajeno.
Al hacer el anuncio, Peña Nieto instó a la ONU a “atreverse a cambiar”, como si su eslogan pudiera ser asumido por la asamblea general y como si ignorara el peso que EU tiene en ese organismo multilateral, al que impone directrices o simplemente ignora a la hora de emprender ataques bélicos contra otras naciones.
El anuncio de Peña Nieto no es sino la continuidad de una política que alinea a México con los intereses de la potencia, como sucede cuando los funcionarios de este gobierno hablan con desparpajo de “América del Norte”, como si se tratara de una unidad en la cual nuestro país no cuenta con intereses específicos.
Se trata de la misma política que llevó a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que para México —si descontamos la suerte de algunas elites— ha resultado en un fracaso en materia de crecimiento económico, generación de empleos, exportaciones con valor agregado, desarrollo tecnológico, aumento del ingreso fiscal y del poder adquisitivo del salario.
En su informe de gobierno, Peña Nieto asegura que la política exterior se ha encaminado a apuntalar la economía interna y “salvaguardar los intereses comerciales de nuestro país en los mercados globales”.
¿Qué se puede apuntalar cuando deliberadamente se carece de una política industrial propia, de instituciones y recursos públicos suficientes para el financiamiento de la inversión productiva y las exportaciones de las empresas de capital nacional?
Los gobiernos del PAN y del PRI han socavado la bien ganada reputación de la diplomacia mexicana y, a cambio, ni siquiera tenemos ya no digamos una “política exterior”, ni siquiera una política de comercio exterior y promoción de las exportaciones nacionales.
*Senadora del PRD
