VERSIÓN ESTENOGRÀFICA DE LA INTERVENCIÓN EN TRIBUNA DE LA VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD EN EL SENADO, DOLORES PADIERNA LUNA PARA PRESENTAR PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA Y/O FISCALÍAS GENERALES DE LAS TREINTA Y DOS ENTIDADES FEDERATIVAS INVESTIGUEN CON LA DEBIDA DILIGENCIA LOS CASOS DE DESAPARICIONES DE PERSONAS
Sen. Dolores Padierna Luna: En nuestro país, de acuerdo a las cifras difundidas por la propia Secretaría de Gobernación, hay más de 27 mil personas desaparecidas tan sólo en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2012; del 2012 al 2014, la cifra es de 16,000 y de ellas, según cifras oficiales se han encontrado 8,000 personas vivas y 385 muertas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que tiene registro de 24,800 personas desaparecidas, y señaló que en 2,443 de esos casos hay indicios de posible participación de agentes del Estado en la desaparición de las personas, por ello ha emitido hasta este momento 10 recomendaciones sobre desaparición forzada de 2006 a 2012, que involucran a 26 víctimas, refiriendo a la desaparición forzada de personas cometida por elementos de la SEDENA, la SEMAR y de la extinta SSPF así como por algunos elementos de las policías estatales y municipales.
La historia de muchas de estas víctimas ha salido a relucir en las audiencias públicas realizadas por el Senado de la República para discutir los elementos que deberá contener la Ley General sobre Desaparición Forzada en nuestro país.
Las historias de estas desapariciones, pueden ser distintas por el contexto en el que ocurrieron, según el sexo y edad de las víctimas; sin embargo, todas coinciden en la respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familias de las propias víctimas.
De acuerdo a la información proporcionada durante las audiencias, las autoridades de procuración de justicia únicamente inician un acta circunstanciada o averiguación previa por cada nueve personas reportadas como desaparecidas en el país, lo que se traduce en que la autoridad no realiza una investigación formal para localizar a las personas, generando además que no exista un registro administrativo que haga constar los datos y las circunstancias en que desaparecieron las personas, lo que genera una cifra negra sobre este fenómeno y una ausencia de medidas para prevenir hechos similares.
Otro aspecto que fue evidenciado durante las audiencias, es que cuando se acude a denunciar la desaparición de una persona, las autoridades se niegan a iniciar una investigación o búsqueda, hasta que hayan transcurrido 72 horas, este plazo que exige la autoridad, no se encuentra estipulado en ningún instrumento normativo, pero forma parte de los grandes obstáculos que ponen las autoridades mexicanas para iniciar las acciones de búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
Esta actuación resulta contraria a lo establecido en los estándares internacionales, que establecen que las primeras horas resultan decisivas para la localización de una persona y que pueden ser la diferencia entre localizarla con vida o sin vida.
En especial vulnerabilidad se encuentran las miles de personas migrantes que desaparecen en su tránsito por México, ya que no existen familiares que puedan denunciar o presionar que sean localizadas, esta situación se agrava, cuando hay presencia de grupos del crimen organizado en la zonas y territorios por los que habitualmente se trasladan los grupos de migrantes, ya que en más de una ocasión se ha constatado que grupos delictivos han sido los responsables de la desaparición masiva de migrantes y de las ejecuciones también masivas.
Durante las audiencias, Nadin Reyes Maldonado, del Comité de Familiares “Hasta Encontrarlos”, coincidió con prácticamente todas las personas que habían participado en las audiencias e insistió en que la búsqueda debe iniciarse en las primeras horas, “poniendo en marcha todas las alertas existentes y realizando la búsqueda de campo”, para ello, demandó la creación de “fiscalías especializadas en cada entidad federativa”, y la adopción de protocolos que contemplen que la búsqueda deba realizarse a nivel nacional o trasnacional, asegurando que se “garantice en todo momento la seguridad e integridad física y psicológica de los familiares”.
Otro de los testimonios que evidenció la tragedia que viven las familias de personas desaparecidas, fue el de Manuel Ramírez Juárez, padre de Mónica Alejandrina Ramírez Álvarez, desaparecida en 2004 en el Estado de México, quien denunció a agentes judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado como partícipes en la desaparición de su hija, sufriendo amenazas tanto él como su familia, obligándolos a salir de Ecatepec y buscar una nueva residencia fuera de la entidad.
La desaparición de personas en México es una tragedia a gran escala, que exige desde el Estado mexicano una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los miles de casos de todas las personas desaparecidas.
El Estado mexicano debe cumplir con su obligación de garantizar a las familias de las personas desaparecidas y a la sociedad mexicana su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, y desde luego tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias para desarrollar una búsqueda efectiva y una investigación exhaustiva que permita dar con el paradero de las personas desaparecidas y la sanción de aquellos que los han privado de su libertad.
Por estos argumentos, estamos reforzando a favor del punto de acuerdo.
Muchas gracias.
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