La senadora Angélica de la Peña Gómez exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que informe sobre el aporte financiero que le atañe al Estado mexicano correspondiente al año 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de asegurar su adecuado funcionamiento para el cumplimiento de su mandato.
A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora del PRD destacó que el 23 de mayo la CIDH dio a conocer que su situación financiera atraviesa una crisis que tendrá graves consecuencias en su capacidad para cumplir con su mandato y funciones básicas.
Asimismo, la presidenta de la Segunda Comisión de la Permanente apuntó que el 31 de julio se vencen los contratos del 40 por ciento del personal de la propia Comisión ésta no se cuenta con los fondos ni con la expectativa de recibirlos para poder renovar esta plantilla de empleados y expertos.
Además, dijo, la CIDH se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas que ya tenía previstas para 2016, así como los periodos de sesiones, tanto la sesión 159 como la 160 sesión de trabajo, que estaban programadas para julio y octubre respectivamente.
“Este hecho de crisis financiera tiene como resultado además el desmantelamiento de áreas esenciales que son indispensables para el cumplimiento del mandato de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, agregó.
Angélica de la Peña subrayó que los únicos países que han aportado recursos como obligación por su vinculación con la Comisión Interamericana fueron Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
“Nos preocupa mucho que México sea uno de los países que no está aportando sus recursos para que la Comisión pueda seguir funcionando en tiempo y forma a partir de todos los programas que tiene inscritos para este año”, afirmó.
Finalmente, de la Peña Gómez consideró el llamado de la CIDH a todos los países miembros, a los observadores y también a posibles donantes para que haya aportes financieros urgentes debe ser una preocupación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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