Los reportes por casos comprobados de maltrato contra niñas y niños aumentaron un 51.4 por ciento entre 2013 y 2014, al pasar de 18 mil 277 casos a 27 mil 675, de acuerdo con los datos del Portal de las Procuradurías del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señaló la senadora Angélica de la Peña.
Dijo que uno de los objetivos de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión al haber aprobado la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes por unanimidad, fue precisamente sentar las bases y los ejes rectores de las políticas públicas que el Estado mexicano debe implementar a fin de reconocer a las personas menores de 18 años como sujetos de derechos y garantizarles la protección necesaria para que los ejerzan plenamente.
«Sin embargo, para concretar esta ley, que puede dar una expectativa de vida totalmente distinta a millones de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, hace falta más que buena voluntad; para que sea eficaz y eficiente, aplicable, deben asignarse los recursos presupuestales que garanticen el funcionamiento de sus mecanismos», consideró la senadora por el PRD.
Explicó que se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne lo antes posible los presupuestos necesarios para que la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes sea una realidad, o para que contar el censo nacional de los más de 20 mil centros de atención diversos en el país, «este padrón certificará no sólo la existencia sino también el funcionamiento de los mismos, con lo que evitarán casos como «Casitas del Sur» o «La Gran Familia de Mama Rosa».
De la Peña Gómez indicó que sin recursos no se podrá resolver el gravísimo problema que hay en el país de vulnerabilidad y altísimo riesgo de todas estas personas menores de 18 años de edad que se encuentran en condiciones de gran desventaja y que, por supuesto, quedarían plenamente protegidas si se ponen en función debidamente todos los mecanismos inscritos en la Ley.
Sin presupuesto, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes resulta inaplicable, es letra muerta, y habremos perdido la oportunidad de que el Estado mexicano cumpla con el mandato constitucional y atentado contra su propio futuro, concluyó la senadora Angélica de la Peña.
