Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el Foro sobre laicidad en Casa Lamm
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Agradezco la invitación a este evento de reflexión, compartiendo la mesa con tan distinguidos ponentes.
Yo me voy a tener que retirar porque justamente estamos viendo el proceso de culminación de la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México y a las 12 tenemos una reunión con el grupo asesor.
Pero no quería dejar de estar presente para emitir una opinión y una posición al respecto.
A lo largo de nuestra historia, la relación del Estado con las Iglesias ha sido una relación de encuentro, de desencuentros y de intereses; y quiero subrayar lo de intereses, porque si bien desde las Leyes de Reforma de 1867 que establecen, incluso, la Ley de Desamortización de los Bienes de la Iglesia, se va desarrollando un diseño legislativo que establece con toda precisión la separación entre el estado y la Iglesia, lo cierto es que muchas ocasiones los intereses de facto de facto han ido estableciendo una relación distinta a la que ha señalado la ley.
Esto viene después de la Reforma del 67, la ratificación del principio de la separación de la Iglesia del Estado con la Constitución de 1917, y más adelante, resultado de esta tensión política permanente entre la Iglesia y el Estado, viene una de las guerras civiles más cruentas en nuestro país, la que conocemos como la Guerra Cristera entre 1926 y 1929, que a la postre lleva –a pesar de la derrota de este movimiento- a que por primera vez un Presidente de la República, Ávila Camacho, se defina como un presidente católico.
Y, evidentemente, en este proceso de tensiones, de relaciones de intereses, mucho de la noción original de la separación de Estado y la Iglesia se ha modificado.
Particularmente con la reforma de 1992 al Artículo 130 Constitucional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en donde se sede a las presiones, particularmente de la Iglesia católica que insistía en ese momento en que nuestro marco constitucional y las leyes que regulan a las asociaciones religiosas tenían un amplio espíritu anticlerical, llevan a la reforma del Artículo 130 Constitucional y a la publicación de una Ley de Asociación y Culto Público que reconoce personalidad jurídica a las Iglesias y a las corporaciones religiosas, que permite a extranjeros ejercer el ministerio del culto religiosos en nuestro país, que reconoce la posibilidad de que se establezcan organizaciones monásticas en el territorio nacional y junto con ello reconoce los derechos políticos de los ministros del Clero a votar y ser votados y a que las Iglesias puedan ser propietarias o administren bienes inmuebles. Es la parte sustantiva de esa discusión.
En los últimos años hemos dado pasos muy significativos en el fortalecimiento de la idea la educación y del Estado laico que las reformas al artículo Tercero, al artículo 40 Constitución y otras normas de la misma Constitución, lo cierto es que las tensiones entre el Estado y la Iglesia han estado permanentes y sistemáticas.
Yo recuerdo, por ejemplo en el años 2006, cuando publicamos en esta Ciudad de México la primera Ley que permitía las sociedades en convivencia, una enorme presión del Clero, de la jerarquía eclesiástica para que esta iniciativa no prosperará porque esto abriría las puertas al matrimonio igualitario, a la adopción por parejas del mismo sexo y que iba a incluso, desde entonces estaba la preocupación, por la interrupción legal del embarazo.
Desde entonces, nosotros hemos insistido que en un país como en nuestro tiene que reconocerse con toda claridad en nuestra Constitución y en el Ejercicio gubernamental, el pleno derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad y al ejercicio, sin ninguna restricción, de sus libertades y sus garantías civiles a decidir sobre su forma de vida, sobre su forma de pensar, sobre los hábitos y costumbres que quiera desarrollar en el seno de sus familias.
Y esa es una discusión que en la izquierda, hablando de tolerancia, hemos venido dando desde los años 80. Yo a raíz de la invitación me puse a hacer un recuento de cómo evolucionó también aquel espíritu intolerante de la izquierda frente al ejercicio de las libertades individuales, entre ellas la libertad de culto, a partir de los años 80, cuando- lo decíamos en broma- democratizamos el marxismo y pasamos de la noción de la dictadura del proletariado a asumir el paradigma de la democracia.
Y pasamos de concebir a la religión como el opio de los pueblos al reconocimiento de la libertad del pensamiento filosófico, de creencias religiosas y al derecho de las personas a pensar libre y plenamente.
Y bueno, en esa tropicalización que hicimos del marxismo, muchos de nuestros compañeros en aquel entonces del Partido Comunista, se asumían como marxistas guadalupanos, que no es el reflejo claro de la enorme pluralidad que existe en nuestro país.
Pero esas tensión ahora se han incrementado debido al creciente debilitamiento de las responsabilidades del Estado.
Este fin de semana tuve la oportunidad de estar en diversas ciudades del Bajío, donde más allá de las campañas que se vienen haciendo desde el Semanario Desde la Fe hay una campaña abierta con pancartas, con calcomanías, en muchas casas de estas ciudades diciendo: respeten a mi familia, no queremos el matrimonio igualitario.
Y yo digo, respetemos a todas las familias, porque lo que hemos logrado a partir del reconocimiento de las sociedad en convivencia, es posteriormente el reconocimiento a la existencia de diversos tipos de familia, el derecho a que todas las personan decidan su forma de vivir en convivencia o incluso su forma de asociarse a partir del matrimonio en una relación permanente sin distinción del género del que ellos sean.
Y creo que hoy una señal fundamental de tolerancia, de convivencia, es reconocer que en este país no podemos regresar a las épocas en donde se pretendió imponer un pensamiento único, porque todos tenemos el derecho inalienable de ejercer plenamente nuestros derechos civiles, nuestra libertad de pensamiento y a que nadie nos quiera imponer su forma de pensar y su forma de vida.
Yo creo que el Estado mexicano hoy se encuentra en una encrucijada en la que debe hacer valer el derecho de todas y de todos los mexicano, incluidas su minorías, a decidir plenamente la forma de vida que quieran para sí mismos y quieran para sus hijos, sin intromisión indebida ni del Estado ni de poderes fácticos algunos como es la Iglesia o cualquier poder económico.
Y nos pronunciamos abiertamente porque esas libertades se ejerzan y el matrimonio igualitario se respete plenamente, como hoy existe ya en la legislación de 10 entidades, 12 ya, y sobre las cuales ha sentado jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tolerancia, libertad, respeto a nuestra pluralidad y que cada quien desarrolle libremente su forma de vida y su forma de vivir en familia.
Muchas gracias.
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