Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar posicionamiento sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.
Alejandro Encinas Rodríguez, (AER): Muchas gracias señor presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
El dictamen que hoy discutimos, como la ha señalado bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha seguido un periplo legislativo muy sui géneris en el proceso parlamentario.
Cinco turnos sucesivos tuvo un dictamen que aprobamos aquí en el Senado de la República en abril de 2013 y cuando fue enviado a la Cámara revisora, a la Cámara de Diputados, los diputados tomaron la minuta que enviamos y la tiraron al bote de la basura, aludiendo que el establecimiento de una comisión bicameral para hacer el seguimiento del endeudamiento de estados y municipios era una competencia exclusiva de la Cámara de Diputados.
Hay que reconocer que efectivamente los temas en cuanto pre4supuesto de egresos, auditoría del ejercicio de los recursos y seguimiento de la cuenta pública es una facultad exclusiva de la Cámara de los Diputados.
Sin embargo, el tema de ingresos es una competencia concurrente.
Y por eso nosotros planteamos la necesidad, ante los escándalos inminentes que se presentaron en el año 2011 y 2013 por el mal manejo de la deuda pública, una iniciativa para establecer estos acuerdos.
Finalmente la Cámara de Diputados retomó esta iniciativa eliminando, no solamente la Comisión Bicameral, sino renunció inclusive a su facultad para hacer la fiscalización del ejercicio de los recursos en los estados y municipio, motivo por el cual cuando llegó la minuta al Senado de la República, se las volvimos a regresar.
Y como no hubo acuerdo y no se podía hacer una tercera modificación, volvieron a presentar una iniciativa en los mismos términos que la aprobamos nosotros en abril del 2013.
La verdad es que ese es un caso para la araña, para los anales de la historia parlamentaria; en donde el contrapeso que debe existir entre la cámara de origen y la cámara revisora dio en un proceso de negociación que, desde mi punto de vista, no refleja un hecho aislado ni fortuito, porque no es el único caso en el que hemos entrado en contradicción y en diferendo con la Cámara de Diputados.
Y hemos tenido diferencias con una especie de veto legislativo, primero en lo de responsabilidad hacendaria de estados y municipios; posteriormente lo tuvimos con la Reforma Constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas que se tardaron más de un año en dictaminar en Cámara de Diputados, y lo tenemos actualmente con la reforma constitucional que el Senado aprobó en materia de anticorrupción que a la fecha no ha dictaminado la Cámara de Diputados.
Es decir, información sobre deuda, lo temas de transparencia, la lucha anticorrupción, que son los elementos fundamentales de la construcción del andamiaje legislativo para la rendición de cuentas para eliminar la opacidad, enfrentar la corrupción y acabar con la impunidad son los asuntos que lamentablemente ha frenado el trabajo legislativo.
Pero aquí hubo algo que finalmente, en este caso, estamos llegando a un acuerdo, aunque todavía falta camino por recorrer, porque no podemos entender esta reforma si no analizamos el conjunto de reformas que en materia de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento del gasto, combate a la corrupción se deben realizar en las próximas semanas en el Congreso.
Comparto lo que ha señalado el senador Manuel Bartlett respecto a la necesidad de fortalecer al federalismo, sin lugar a dudas en ese ámbito tenemos plena coincidencia. Aunque con algunos matices.
Ya que por ejemplo, el dotar de mayores facultades al Congreso de la Unión para fiscalizar el ejercicio de la deuda en los estados y municipio, yo en lo personal no lo entiendo como un acto de injerencia en la vida de los estados; sino el fortalecimiento de la labor de fiscalización que debe realizar el Congreso en cuanto al ejercicio de los recursos público, y en el caso del Senado como representante del Pacto Federal, también enfrentar el caciquismo, el abuso y la profunda corrupción en la que han incurrido varios gobernadores de las entidades federativas.
Y efectivamente la Secretaría de Hacienda tendrá mayor injerencia en la definición del endeudamiento en los estados, pero los estados tendrán un ejercicio indirecto: que al otorgar la garantía a la Secretaría de Hacienda, la calificación de su deuda será mejor y podrán contratar en mejores condiciones de tiempo y con tasas de interés más bajo.
Yo creo que ese es el tema, yo quisiera destacar particularmente por el fenómeno que vivimos en los últimos 10 años, porque entr4e el año 2004 y el 2014 de acuerdo a la información de la propia Secretaría de Hacienda, se cuadruplicó el endeudamiento de los estados y municipios al pasar de 135 mil millones de pesos a 510 mil millones de pesos.
Es decir, poco más de medio billón de pesos que no impactaron ni en inversión productiva ni en generación de empleos, mucho menos en desarrollo regional en estos estados.
Y por eso es importante que vayamos conociendo con detalle el endeudamiento de cada entidad y también al cierre del 2014 hay que señalar que en función del monto de endeudamiento, 3 son las entidades más endeudadas.
El Distrito Federal con 66 mil 800 millones de pesos, Nuevo León con 61 mil 180 millones de pesos y Chihuahua con 41 mil 894 millones de pesos.
Lo cual, en estos casos no es tan grave por la capacidad económica que tienen estas entidades, porque el problema no es el monto del endeudamiento, sino la capacidad de soportar en función, de no solamente los ingresos locales, sino el Producto Interno Bruto que se genera en cada entidad.
Y si hacemos ese análisis, cambia sustancialmente la composición de la deuda y vamos a encontrar como los estados más endeudados en el país en función de la proporción del Producto Interno Bruto estatal con Chihuahua, Quintana Roo y Chiapas que representan, en el caso de Chihuahua el 9.2 por ciento de su producto, en el caso de Quintana Roo el 8.6 y en el caso Chiapas el 6.8 por ciento.
Por eso es bueno ir conociendo con mayor detalle esta información. Particularmente aquí tenemos luego mala memoria, por los excesos desmedidos en que han incurrido gobernadores y alcaldes.
Voy a poner 4 ejemplos, el primero es el caso, evidentemente, del estado de Coahuila en el año 2011 con el gobernador Roberto Moreira, quien contrato con documentación falsa y sin aprobación del Congreso una pasivo estatal por 36 mi8l 676 millones de pesos.
De los cuales sólo el 15 por ciento fue destinado para infraestructura y reservó el acceso a esta información hasta el año 2019, la información de una deuda que aumentó durante su gestión en 19 mil 270 por ciento y eso sucedido en otras entidades.
El caso de Tabasco, denunciado por el actual gobernador Arturo Ruiz quien hizo público un desfalco a la Hacienda Pública local por 27 mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 900 millones de pesos provenían de programas federales, 17 mil 700 venían de deuda pública, sin ningún sustento de carácter documental que llegó no solamente a 2 mil 300 millones de adeudos con proveedores, sino a 5 mil millones de pesos de déficit presupuestal.
O el caso del estado de Zacatecas, segundo lugar en crecimiento de deuda pública, en donde en los últimos años la deuda pasó de 477 millones de pesos al cierre del 2009, a más de 8 mil 250 millones de pesos al cierre del 2012.
Allá en Zacatecas la tasa de crecimiento de la deuda entre 2009 y 2012 fue de mil 630 por ciento y estos asuntos, aunque no sea la mayoría, la totalidad de los estados y municipios, deben de fiscalizarse, deben sancionarse.
Y el último que pongo es el caso del municipio de Acapulco, Guerrero donde de acuerdo a datos del Secretario del Desarrollo Económico de ese municipio, durante la gestión del (inaudible) actual diputado Manuel Añorve, la deuda pasó de 396 millones de pesos a mil 561 millones de pesos que no se acreditaron ni en infraestructura ni en la promoción turística del estado.
(Inaudible) es importante asumir esto como un reto en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de acabar con la opacidad y al mismo tiempo, combatir la corrupción; y garantizar que no se desvíe para gasto corriente, a gasto de operación o campañas electorales, recursos que deben establecerse estrictamente para inversión productiva.
Y este tema lo vamos a discutir también ahora en la Ley de Transparencia, tanto en la general que compete a estados y municipios, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, para que la Secretaría de Hacienda no nos dé estas respuestas como cuando en marzo de 2013 se le hizo la solicitud de la información respecto a la deuda emitida en el estado de Coahuila donde, la Subsecretaría de Ingresos da respuesta de que no compete a esa unidad dar la información y que se le recomienda al solicitante que vaya a la entidad federativa en donde esta información se encuentra, ya que esto está fuera del alcance de la Secretaría de Hacienda.
O la segunda respuesta, también por la propia subsecretaría en donde (inaudible) a la página de internet y a cobrarle 50 centavos por cada copia simple de lo que pudiera bajarse de la página de internet al solicitante de información.
Insisto, este tema, y espero que sea un compromiso de este Pleno, no puede verse de manera aislada y esperamos que en la Ley General y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información se establezca como responsabilidades, como las mínimas obligaciones para el gobierno federal y los estados y municipios, que éstos deben entregar toda la información relativa a la deuda pública contraída, que al menos deba contener el nombre del acreedor, el objeto, el monto, los plazos, las tasas de interés y las garantías otorgadas.
Deben informar todo lo relativo a la operación constitutiva de un pasivo directo o indirecto; debe de señalar con claridad la deuda con proveedores, la deuda que se disfraza a través de los contratos de asociaciones públicas y privadas; y un tema central, la deuda en materia de pensiones y jubilaciones, que es uno de los grandes hoyos negros de la transparencia en donde sigue vigente la opacidad en el manejo de recursos.
Yo creo que es un avance esta reforma, pero falta. Falta muchísimo de la conformación del Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de cuentas y el Sistema Nacional de la lucha contra la corrupción.
Muchas gracias.
