- Necesario que el Presidente de la República haga una definición política de fondo en favor de la libertad.
Intervención del senador Manuel Camacho Solís, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la comparecencia del Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, ante comisiones unidas de Gobernación y de Seguridad Pública.
Manuel Camacho Solís, (MCS). Buenas tardes, sea usted y sus colaboradores bienvenidos. Señor Secretario.
Escuche con atención su informe.
Quiero referirme a un tema doloroso y peligroso. En el mapa de libertades que publica Freedom House, para 2013, México ya dejó de ser un país libre y actualmente es considerado un país parcialmente libre.
Un país libre es aquel donde hay un amplio espectro de competencia política abierta, un clima de respeto a las libertades civiles, libertad e independencia de la prensa. Los países parcialmente libres tienen restricciones en derechos civiles y políticos, hay corrupción e impunidad generalizada, un Estado de Derecho débil y altos niveles de violencia.
¿Por qué hemos caído tanto? En democracia se nos compara con Honduras. En libertades, estamos entre los siete países con mayor impunidad respecto a los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, sólo mejor que Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Colombia, Afganistán y Tailandia; con el agravante de que Colombia ha mejorado y nosotros nos hemos deteriorado.
El deterioro de las libertades es un problema de ética política grave, pero también es un foco rojo que anuncia ingobernabilidad. Donde hay prensa libre y donde se puede hacer con seguridad la defensa de los derechos humanos, no habrá ingobernabilidad. En ningún país con prensa libre ha habido una revolución.
En los últimos doce años, hasta junio de 2013, según los datos de la Fiscalía especial para la Atención de Delitos contra la libertad de Expresión, se han registrado 95 homicidios que, en su inmensa mayoría, según la Comisión de Derechos Humanos, permanecen impunes.
Aunque fue aprobada la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que estableció un mecanismo de protección, su puesta en marcha ha sido deficiente, al grado de que este año ya renunció su consejo consultivo.
Las causas de la violencia e intimidación de los periodistas son diversas. Una parte importante de los casos está ligada a acciones del crimen organizado, pero otra parte equivalente, es por corrupción, es por violación de derechos humanos y asuntos políticos.
Entiendo que resolver el problema es muy complejo, pero lo peor sería quedarnos donde estamos. Es decir, con una fiscalía y una ley, insuficientes; con procesos de degradación social y política que siguen su curso; y con nuevos riesgos que podrían agravar la situación e incluso desestabilizar la democracia.
Las presiones a las que han estado sometidos algunos de los periodistas y medios de mayor prestigio debieran alertar. Por ejemplo, el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, de Proceso, el 28 de abril de 2012, en Xalapa, continúa impune. ¿Qué impide ir al fondo?
Nos preocupan hechos que han ocurrido en los últimos meses, como por ejemplo, las acciones de intimidación en contra de la periodista Carmen Aristegui. Estamos ante asuntos políticos cruciales que son, señor Secretario de su responsabilidad directa.
Si los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿qué alternativa tendrán los ciudadanos, los medios, la oposición política y social, los obispos, las ongs de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades y preservar el orden constitucional?
Más allá de la necesaria revisión y fortalecimiento de la Fiscalía y del mecanismo de protección, desde el Senado respetuosamente le proponemos que el Presidente de la República haga una definición política de fondo en favor de la libertad y que ésta vaya acompañada de cinco acciones consecuentes.
¿Cuáles?:
- Que el Presidente de la República comunique a todas las autoridades políticas del país, su decisión de dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de los derechos humanos y la determinación de su gobierno de utilizar su autoridad contra cualquier responsable político que dé cabida o protección a estas acciones.
- Que el gobierno aclare un caso, para sentar precedente. Ahí está el caso de Regina, para que, si hay alguna responsabilidad política, sea sancionada y, si no, quede esclarecido el caso.
- Que el asunto de Carmen Aristegui, y cualquier otro en circunstancias semejantes, no se tome a la ligera. Defender los espacios de libertad, hoy, es crucial para la democracia mexicana y para la estabilidad política.
- Que el gobierno cumpla con su compromiso contendido en la reforma constitucional de Telecom, para fortalecer la competencia, mejorar los contenidos, mantener abierto el internet, no criminalizar la protesta social y regular a fondo la publicidad gubernamental conforme al compromiso que hizo el propio Presidente.
- Que se acepte, por parte del PRI, en el Senado, la creación de un comité asesor externo de expertos e instancias especializadas en la defensa de las libertades y los derechos humanos, para dar seguimiento a los compromisos que haga el Ejecutivo en favor de la libertad.
Ciudadano Secretario:
Respetuosamente le pregunto: ¿Qué impide que haya una respuesta política a la altura del problema, de parte del Presidente de la República, los legisladores, los procuradores, los gobernadores, los responsables de la seguridad y la justicia?
No hay que perder tiempo. Si en el caso de la reforma energética, los congresos locales la aprobaron en horas, con la misma urgencia y contundencia se deben atender estos riesgos de política interna.
Hay que contener los impulsos cortesanos y autoritarios. Nada más eficaz para ello que asegurar la libertad.
0-0-0
