Intervención en tribuna del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para votar a favor del dictamen por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desaparición forzada y tortura.
Isidro Pedraza Chávez, (IPC): Gracias, compañeros.
Creo que este tema o se presta mucho para la demagogia y para venir a exhibir posiciones en este punto en donde el tema de los derechos humanos en México es el tema más sensible.
Desde la posición de izquierda hemos nosotros siempre demandado la protección de los derechos humanos de los mexicanos, los hemos defendido a nivel internacional.
De tal suerte que, desde la lucha social, hablar de la perspectiva de la defensa de los derechos humanos es una posición legítima y genuina, no es una posición improvisada ni que se preste a posiciones demagógicas y de protagonismo, como a veces se pretende hacer aquí en esta tribuna.
Vemos con beneplácito que se va a empezar a abordar con facultades en el Congreso, en este Senado, las dos Cámaras, la facultad para poder expedir leyes que cubran uno de los grandes vacíos y de los grandes señalamientos que nos hicieron ya los observadores internacionales de derechos humanos, y que en ese sentido nosotros tenemos una deficiencia en el tema de la desaparición forzada de personas.
Esto, compañeros, de la desaparición forzada de personas tiene que ver con lo que sucedió en el estado de Guerrero, donde ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Ayotzinapa, ha citado que aquí hay un delito y que ese delito se tipifica como desaparición forzada.
Esto indudablemente que lleva a que nosotros tengamos que ir reparando las lagunas de carácter legislativo que tengan que emprenderse.
Por eso para nosotros, de manera legítima, hablar de esto tiene que ver con ir cubriendo rezagos y demandas en las que va evolucionando la lucha social y de la perspectiva social de los derechos humanos.
He oído como tratan de definir aquí el dolor que puede significar la represión, el dolor que puede significar el abuso de la fuerza pública. Tenemos pendientes en nuestra legislación, todavía no logramos establecer cómo puede, de alguna forma, establecerse el uso de la fuerza pública, pero al movimiento social hemos estado siempre denunciando, se ha tratado de criminalizar a través y en pos de declarar que se defienden los derechos humanos, y esta posición de vacío ha hecho que se empiecen a perseguir dirigentes sociales, se encarcelen, y que estos derechos siempre que se denuncien no sean creíbles.
Hay cifras en donde nos ilustran que quienes torturan gozan de una total impunidad, en este país no se castiga a los torturadores, y esta parte es ahora la que tratamos de resolver sobre la base de establecer una legislación que nos permita en este sentido cubrir lagunas y aplicar castigos a los que se han conducido con impunidad.
Les voy a dar un dato. Según datos de la Judicatura Federal, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013, ocho años, y tan solo siete desembocaron en condenas, en aplicación de la legislación federal.
Esto habla de la total impunidad con la que al amparo de la fuerza del gobierno se delinque en nuestro país y se abusa y se violan los derechos humanos.
Quienes hemos estado siempre en la trinchera de la lucha social hemos enfrentado este abuso de autoridad y se nos ha dejado muchas de las veces incomunicados, porque un compañero que se manifiesta, y ustedes lo han visto, de inmediato es incomunicado, le aplican sanciones altísimas y a los que delinquen, ahí está el caso de Michoacán, uno que está involucrado con el crimen organizado alcanza una fianza de siete mil pesos y se puede ir, pero a los luchadores sociales, por talar un árbol a veces le ponen multas hasta de diez mil pesos, por haber talado un árbol.
Esto, compañeros, habla de la inequidad y de la lentitud como hemos querido nosotros tratar estos problemas, y habla de que es necesario, en términos semánticos, de empezar a derogar la ley de la simulación que en algún sentido cuando se habla del espíritu de la ley del estado de derecho, lo que se hace es solamente es violentar esto.
Hemos vivido atrocidades en nuestro país que hacen, de alguna manera, necesario que esta iniciativa que hoy se presenta como una facultad, permita entonces que podamos tener actualizado nuestro marco normativo.
Les voy a dar otro dato. Dice, las personas que detiene la policía pueden permanecer bajo custodia durante periodos prolongados, sin que se presenten cargos en su contra, entre 2008-2013 hubo 8 mil 595 personas que permanecieron durante este periodo por más de 80 días en detención preventiva y sin cargos, esta figura que ahora le llamaron arraigo y que, a partir del 2013, ya no se está aplicando, ha sido uno de los abusos también que atentan contra los derechos humanos en nuestro país.
Por eso, compañeros, compañeras, tenemos todavía una deuda pendiente, hay crímenes que hay que esclarecer, el compañero Ríos Piter fue una de las víctimas del caso de Guerrero, en donde a partir del escenario turbulento que se generó ahí, generó condiciones para su permanencia en la disputa de la representación de ese estado.
Creo que estos hechos han generado, de alguna manera, desde nuestro punto de vista, condiciones para que vayamos actualizar nuestro marco normativo y que tengamos que ver nosotros, en este sentido, como este marco normativo lo enderezamos y terminamos con esta simulación que en el país existe, tardíamente pero lo estamos haciendo, y no es un foro para la demagogia, compañeros.
Muchas gracias, señor Presidente.
0-0-0
