- El proyecto de Constitución de la Ciudad de México –y en ese nombre va implícito su carácter de documento perfectible– será la carta de navegación de una ciudad que ha sido pionera en materia de derechos y libertades.
Una sociedad que busca avanzar hacia el reconocimiento y ampliación de derechos debe mirar alto. No podemos esperar que la Carta de Derechos contenida en el proyecto sea de cumplimiento inmediato, como no lo han sido muchos preceptos de nuestra Constitución federal.
Pero, en la experiencia internacional, tener un horizonte de futuro ha contribuido a avanzar más rápido en la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad.
No se trata de un horizonte utópico. El artículo 9 señala que los derechos tienen la máxima jerarquía normativa y eso los hace exigibles, por encima de cualquier otra interpretación de la Constitución.
Pero es preciso decir que el mismo artículo establece los límites de lo posible cuando obliga a la autoridad a “garantizar progresivamente la plena realización de los derechos, hasta el máximo de los recursos públicos de que dispongan”.
La política fiscal, los mecanismos presupuestarios y la planeación deberán, en esa lógica, orientarse a “alcanzar niveles progresivos de satisfacción de los derechos”.
Ahí está la clave: toda acción de gobierno deberá enfocarse al pleno cumplimiento de los derechos, es decir, a contrapelo de lo que ocurre actualmente, poner en el centro a los ciudadanos, no las necesidades y las reglas de la gestión gubernamental.
A los límites establecidos en el artículo 9 debemos añadir las previsiones del artículo 14 que, en materia de programas sociales y renta básica ponen en primer lugar a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria.
Buena parte de los detractores del proyecto de Constitución parecen solo haber tomado algunas de sus partes, aunque se empeñaron en hacer una caricatura del mismo. Otros más simplemente inventaron propuestas inexistentes. No tuvieron, de entrada, la capacidad o la voluntad de valorar su coherencia y sus alcances (de los que ven en los derechos una “Constitución comunista”, mejor ni hablar).
En medio de la estridencia mediática, no sobra decir lo obvio: el proyecto de Constitución fue elaborado por un grupo de personas con acreditadas trayectorias, provenientes de muchas disciplinas y de posturas políticas diversas.
Este grupo procesó un gran número de propuestas y las incorporó a un texto que se propuso tomar distancia de los juristas tradicionales y caminar en sentido contrario a las reformas que han desfigurado el contenido social y maniatado las responsabilidades del Estado en nuestra Constitución federal.
El argumento central de quienes se oponen al proyecto es que contiene “demasiados derechos”.
Al coro de detractores le parece demagógica su esencia, que plantea la ampliación de los derechos humanos. Con esa postura desdeña, de paso, la reforma constitucional que en 2011 definió los derechos humanos como inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y exigibles.
En esa misma reforma se establecieron los principios pro persona, de progresividad y no regresión, a fin de que los derechos humanos dejen de ser una aspiración.
Los detractores se indignan, así, no por el proyecto presentado por el jefe de Gobierno, sino porque descubrieron maldades, de las que no se habían percatado, en el artículo primero de la Constitución General de la República.
La lógica de los críticos ve signos de pesos en cada derecho enunciado en el proyecto constitucional. Cierran los ojos al hecho de que muchos de ellos –por ejemplo, el derecho a no ser discriminado o el derecho a la igualdad– no requieren de recursos financieros, sino de decisión y voluntad política.
¿Son “muchos derechos”? ¿Cuáles debemos quitar? La tarea de la Asamblea Constituyente no debe ser quitar unos derechos y dejar otros, sino jerarquizarlos y definir líneas que permitan diseñar políticas e instituciones que garanticen el ejercicio pleno de todos los derechos.
La autora es senadora de la República.
Twitter:@Dolores_PL
