Intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, durante la reunión de comisiones unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, para el análisis del proyecto de dictamen por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Angélica de la Peña Gómez (ADPG). Gracias, presidente.
Al igual que mis compañeras y compañeros, saludo el que hayamos llegado a este nivel de conciliación de distintos aspectos que estaban encorchetados y que permitían fundar una preocupación genuina respecto de que la ley pudiera finalmente tener algunos retrocesos respecto del mandato del 6º constitucional.
Es verdad que lo que hoy estamos discutiendo, ciertamente como dice la senadora Pilar Ortega, es perfectible. Es verdad que ciertamente, como dice la senadora Laura Rojas, se mostró una voluntad política de todas y de todos los senadores y senadoras que trabajaron; desde la presentación de las diversas iniciativas de ley, hasta la integración, constitución del grupo redactor en donde de manera plural empezamos a discutir cómo teníamos que plasmar el mandato constitucional del diseño de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No era un tema fácil, es un tema sui géneris, por decirlo de alguna manera, porque en el espectro tenemos una ley federal, tenemos leyes en las estatales, en las 32 entidades federativas, quiero decir.
Y, por supuesto, el tener en el espectro del marco jurídico mexicano la preminencia de una ley general, determinada por un transitorio del artículo 6º constitucional, sin que nos permitiese… Digo sui géneris porque no es una ley que deja sin efecto el ámbito federal o el ámbito de los estados y el Distrito Federal, sino que es una ley que determina una serie de enunciados que van a impactar al ámbito federal y al ámbito local y, por supuesto, desde un enfoque de respeto a una serie de procesos que hemos iniciado en el propio Congreso de la Unión que tenían que ser tomados en consideración.
De manera particular quiero hacer énfasis al primero que está encorchetado, que estuvo encorchetado, que tiene que ver con los derechos humanos.
Quiero saludar, en ese sentido, a la convocatoria de las reuniones de las distintas expertas y expertos de hace dos o tres semanas, porque permitieron, sin lugar a dudas, que estos corchetes tuvieran una resolución más o menos –más o menos– satisfactoria a todas y a todos.
Hay cuestiones que nos siguen preocupando.
Yo creo que las últimas revisiones, sobre todo en el artículo cinco y el artículo 115, para que no esté la clasificación de la reserva en base o relacionada con la investigación, quitar la investigación me parece algo muy importante del proceso al que se concluyó anoche.
Sigue preocupando de manera particular el caso del artículo siete. Creo que también se puede resolver con una redacción que permita no solamente mejorar la redacción con una técnica legislativa sino enfatizar lo fundamental, lo sustantivo que debe prevalecer, que es el derecho de acceso a la información y no las normas que hagan referencia al derecho, que me parece que eso puede ser cualquier norma, entendiendo incluso cualquier reglamento. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Y, por supuesto, me parece muy importante tomar consideración de las observaciones que ha hecho llegar la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su preocupación que compromete al país con los tratados internacionales, y creo que también en su mayoría han sido tomadas en consideración.
Debo destacar que también las comisiones, este grupo, este equipo redactor, tomó consideración de prácticamente todas las observaciones que Katia D’Artigues nos hizo llegar en materia de derechos de personas con discapacidad.
Si bien tiene alguna redacción distinta, me parece que el avance como está inscrito en el proyecto que hoy estamos discutiendo, nos permite dar una respuesta también a esta parte de nuestra sociedad que luego queda excluida en los textos de leyes, como la que hoy estamos discutiendo y que nos parece fundamental no sean marginadas del derecho al que tienen para tener acceso a la información pública.
Me preocupa mucho –y sí lo tengo que decir– las reservas al artículo 43, que ojalá tengamos en el inter posibilidad de seguirlas trabajando.
Y en el caso particular del artículo 113, en la fracción XI, que tengamos mucho cuidado de no abrir aquí lo que ya decidimos en el artículo cinco y 115, porque puede ser una ventana en donde prevalezca la posibilidad de mantener una reserva cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, y que, así como está redactada, yo creo que eso lo podemos corregir simplemente enunciando que deberá tomarse siempre que no se contraponga con lo que establece el artículo cinco de esta ley; por ejemplo, una salida de ese tipo, en fin.
Me parece que son pequeños detalles que simplemente lograrían que el gran consenso que se ha construido, Presidente, nos permita finalmente, después de un mes de atraso del mandato constitucional que nos dio una vacatio de un año, pero finalmente valió la pena, porque construimos acuerdos muy importantes, trascendentales y que en esta construcción colegiada obviamente todo mundo termina cediendo algún aspecto y yo quiero reconocer que este trabajo sí hubo una voluntad política para trabajar en los consensos.
Es algo que tenemos que distinguirlo con puntualidad, como ya lo mencionaron las compañeras que me antecedieron en la voz.
Muchas gracias, presidente.
