A pocos días de que inicie el ciclo escolar no se vislumbra un acuerdo en las mesas de negociación entre la Secretaría de Gobernación y el movimiento que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta mesa se ha convertido en un diálogo de sordos y ha mostrado ser completamente ineficaz en la solución del conflicto.
Estamos pagando las impericias y los errores de cálculo atroces del gobierno, como lo es proponer una Ley de Educación sin debate ni consulta previos, sino a fuerza de “mayoritazo”, bajo una visión imperativa y no de diálogo, contraria a todas las experiencias internacionales en la materia.
La relación entre la CNTE y el gobierno federal se ha convertido en un juego de “vencidas”, en el que no se observa un compromiso de solución por parte del gobierno, ya que resulta absurdo plantear una negociación en la cual la única lógica es la amenaza.
Hoy el conflicto está polarizando a México, no sólo al gobierno, también a empresarios, a maestros, sin que esta polarización se refleje en los partidos políticos. Dividir y calificar entre maestros y empresarios “buenos” y “malos” sólo profundiza el conflicto, no lo resuelve. La condena moral de los maestros resulta contraproducente y refuerza el enojo y las posiciones antisistema, lo que motiva una mayor intensidad en la lucha.
Frente a este panorama existen tres posibilidades: la primera es la amenaza, y el eventual uso de la fuerza pública. La historia reciente ha mostrado que es una alternativa inútil, que sólo complica las condiciones de gobernabilidad y lo único que lograría es cambiar el centro del debate respecto a si es posible una reforma educativa a si es aceptable la represión, lo que sin duda sería una batalla perdida para todos, pero en especial para el gobierno, en particular si recordamos que esta confrontación ya tiene un elevado saldo de muertos.
La segunda posibilidad es una lógica de agotamiento en la cual ambos actores apuesten a quién paga más costos y al desgaste de la otra parte; posibilidad tan absurda como improbable. Ninguno de ellos estaría cómodo en un conflicto de largo plazo, pero tienen elementos suficientes para atrincherarse un año a esperar el proceso electoral. La tercera posibilidad es construir una salida legal e institucional en la cual ambos ganen y cedan, además de que asuman el compromiso de un acuerdo, más allá de una visión de ganar una batalla.
Hasta hoy no se ha visto una postura generosa de ninguno. Sin embargo, sí es posible lograr un acuerdo, es posible que se avance en la Reforma Educativa y se generen condiciones de estabilidad laboral, así como de respeto a los derechos de los maestros. El punto es salir de los símbolos y centrarse en qué le conviene más a cada uno.
El acuerdo puede ser bajo cuatro vertientes: I) Reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente, que considere condiciones de seguridad y estabilidad laboral, garantice una evaluación que permita el desarrollo y el consenso de todas las partes involucradas en este proceso; II) Obligaciones de evaluación para todos. La información derivada de los reportes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa muestra deficiencias en diversos aspectos, pero también por parte del gobierno, por lo que se debe garantizar un proceso de evaluación igualitario tanto a los maestros como a los directivos y altos funcionarios; III) un régimen especial de educación para los pueblos originarios, de la misma forma que la Constitución lo considera en el artículo 2; IV) una política social que atienda las condiciones de inequidad para la educación y el desarrollo.
A partir de estos acuerdos se podrían generar condiciones para avanzar en el proyecto más importante que enfrenta nuestro país, que es el ajuste del papel del Estado en la formación de los ciudadanos, pero que sólo podrá ser posible por la vía política, pacífica y del diálogo.
Senador de la república del Grupo
Parlamentario del PRD.
@LuisHFernandez
