Intervención en tribuna de la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRD, durante el debate acordado acerca del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa.
Iris Vianey Mendoza Mendoza, (IVMM): Gracias, buenas tardes compañeras y compañeros.
El informe sobre el caso Iguala, Ayotzinapa, sobre la desaparición forzada de los estudiantes normalistas y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas ocurridos el 26 de septiembre del 2014, presentado el día de antier por este grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coloca en el centro del debate público las fallas estructurales del sistema de justicia penal en nuestro país, especialmente en las investigaciones ministeriales, periciales y policiales sobre los terribles acontecimientos.
Las omisiones en las investigaciones ministeriales periciales y policiales que han sido develadas por este informe, exigen, como se recomienda por el mismo documento el replanteamiento de la investigación para realizar todas las diligencias sustantivas que fueron omitidas por la autoridad investigadora en tiempo y forma, así como realizar todas aquellas diligencias que se derivan de las nuevas líneas de investigación que fueron ya planteadas por el equipo de expertos.
En razón de ello acompaño la propuesta con la creación de una fiscalía especial, no sin antes mencionar que de ser el caso, y que pudiera aceptarse la propuesta del Senador Corral, que sería lo ideal, el idea para este tema, estaría totalmente de acuerdo en suscribirla.
La propuesta que presento en razón de que no veo la condición para que algo, una propuesta como la que presentó el Senador Corral, tan ideal, prospere en un grupo tan plural y tan diverso en ideas y en planteamientos por lo aquí vertidos por nuestros compañeros del Partido Verde y del Revolucionario Institucional hago la siguiente propuesta.
Una fiscalía especial investigadora con autonomía absoluta respecto a las autoridades que hasta el momento han desarrollado las investigaciones.
Esta fiscalía deberá ser encabezada por una o un jurista de reconocido prestigio e independencia, al que le otorguen facultades de ministerio público; de conformidad con lo que establece la normatividad en la materia, especialmente la Ley Orgánica de la PGR.
Que se le deberá dotar de recursos también financieros, materiales y humanos suficientes con plena libertad para elegir un equipo en cuanto al personal sustantivo ministerial, pericial, y policial para el desarrollo de su investigación.
El informe señala que el grupo de expertos se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula, como en su momento fue señalado por la versión oficial.
La contundencia de esta afirmación que descalifica lo que fue llamado la verdad histórica obliga a la fiscalía autónoma a que se pronuncie y convoque a un equipo forense de expertos internacionales que realice una diligencia que permita hacer una recreación científica de los hechos ocurridos en el basurero de Cocula para poder esclarecer la verdad con la mayor certeza que la ciencia ofrezca.
Esta ha sido la investigación más relevante que se ha desarrollado en el actual gobierno federal en materia de derechos humanos; la más delicada por la dolorosa realidad de los hogares y las familias a los que hoy les falta un ser querido en casa, porque hasta el momento hablábamos de alrededor de 700 familias indirectamente afectadas, víctimas, y hoy consideramos que son más.
Ello hace que sea una asignatura pendiente para el gobierno federal y para el Estado mexicano, la construcción del derecho a la verdad, del acceso a la justicia, a las garantías de no repetición, a la reparación integral del daño, y es fundamental que el gobierno cumpla las 20 recomendaciones para la búsqueda y localización, la investigación objetiva, imparcial e independiente para llevar a todos los presuntos responsables ante la justicia, que estén en este proceso y que se logre la consignación por el delito de desaparición forzada de personas y por las ejecuciones extrajudiciales.
Hay también responsabilidades institucionales por las omisiones en materia de investigación en el esclarecimiento del paradero de los estudiantes normalistas y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas hay una necesidad en este momento ya que es necesario resarcir el daño a los familiares de estas víctimas.
En este informe, como decimos al principio, se pone en el debate nacional la existencia de un sistema de justicia penal incapaz de realizar una investigación diligente, objetiva e imparcial; nos cuestiona sobre la urgencia de avanzar hacia la implementación de un nuevo sistema acusatorio oral y adversarial; de realizar una reforma estructural de los servicios forenses, y obviamente de atender la exigencia de su autonomía e independencia, de construir un marco normativo conforme a los más altos estándares internacionales, para investigar la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, así como el protocolo que conduzca todo el proceso, desde la búsqueda, localización, diligencias ministeriales, periciales, policiales, la atención y la reparación del daño a las víctimas.
El informe sobre el caso Iguala-Ayotzinapa nos dice que en este país hay una impunidad sistémica, la ausencia de una verdadera prevención social de la violencia y de la delincuencia, la carencia de la voluntad de construir una política de Estado que reconozca la crisis humanitaria y de violencia que vivimos.
Y lo que no se reconoce, no se combate, ni se construye una acción del Estado en la que se respeten los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Muchas gracias y buenas tardes.
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