Ciudad de México, 27 de noviembre de 2018
APRUEBA SENADO LEY PARA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS; GPPRD LAMENTA QUE NO HAYA SIDO MEJORADA
• Si bien es un avance, lamenta GPPRD rechazo a las modificaciones que propuso para que fuera establecido como objeto del Instituto, consultar a los pueblos indígenas y la obligatoriedad de que los resultados fueran vinculantes
• En su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara Alta, la senadora Leonor Noyola Cervantes presentó el dictamen en la materia, no obstante que planteó reservas a varios artículos al considerar que la propuesta podría haberse mejorado
En el marco de la aprobación en el Pleno de la Cámara Alta, del dictamen por el que se Expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Grupo Parlamentario del PRD propuso mejoras a dicha legislación, al insistir que consultar a los pueblos indígenas implica que su opinión sea tomada realmente en cuenta en las decisiones en temas que les afecten o beneficien directamente.
La senadora Leonor Noyola Cervantes, en su calidad de presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara Alta, presentó desde tribuna dicho dictamen –con el propósito de la Creación de dicho Instituto y la abrogación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas—, no obstante que presentó reservas al considerar que la propuesta podría mejorar.
Previo a presentar reservar a algunos artículos, la legisladora explicó que se plantea al Instituto como la autoridad del Poder Ejecutivo, encargado de los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos, conforme a la Constitución y los instrumentos Internacionales en los que el país forma parte.
“Se contempla –dijo— por primera vez en nuestro país un reconocimiento y protección al pueblo afromexicano, como parte de nuestra nación multiétnica y pluricultural, con profundas raíces históricas. Se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho, con ello podrán ejercer plenamente sus derechos, así como contar con la capacidad de administrar y ejercer recursos públicos”.
Añadió que destacan la promoción de la multietnicidad y pluriculturalidad como principios del Instituto, así como el respeto a la libre determinación de los pueblos, el fomento del uso de recursos naturales en cada región, igualdad de género, así como la transversalidad e interculturalidad, reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
Resaltó que se propone un Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas, será la instancia de formulación e implementación de políticas públicas transversales para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, así como su desarrollo integral, intercultural y sostenible.
“El Instituto reconocerá a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones; así como a las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades, elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos”, añadió.
Si bien es un avance esta legislación, la senadora Leonor Noyola Cervantes consideró que podría mejorarse y propuso reservas a varios de sus artículos, los cuales no fueron admitidos a discusión.
El propósito que expuso fue la importancia de que en el artículo 2 fuera establecido como objeto del Instituto, consultar a los pueblos indígenas, ya que –aseveró— “(debiera) ser pieza angular, tomarles parecer a los integrantes de los pueblos indígenas y afromexicano”.
Además, planteó que debía establecerse en los artículos 4 y 5 la obligatoriedad de que los resultados de las consultas a los pueblos indígenas sean vinculantes para las autoridades, así como adicionar que esas consultas deban hacerse en asuntos de cualquier otra índole que afecte a los pueblos indígenas.
El propósito que buscó la senadora fue que para el cumplimiento de su objeto, el Instituto fuera el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e informada, cada vez que se previeran medidas legislativas y administrativas y de cualquier otra índole en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos, así como que éste llevara a cabo el análisis de los resultados de dichas consultas.
Para ello, defendió que el Instituto diseñara y operara un sistema de consulta y participación indígenas, en el que se establecieran las bases y los procedimientos metodológicos. Y que de igual forma, pudiera llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la efectiva realización de los procesos de consulta y estableciera los métodos para el análisis de los resultados de las consultas y los mecanismos para que fueran vinculantes.
“He escuchado en muchos discursos que tenemos una deuda histórica con nuestros indígenas, con nuestros hermanos, creo ya es el momento de pagar esa deuda, ya es momento que esa deuda se les pague”, evidenció.
Por su parte, el coordinador parlamentario Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró desde tribuna, que en el Grupo Parlamentario del PRD se considera que este es un paso importante, “un logro que se pueda hacer esta normatividad para los pueblos indígenas”.
No obstante, también insistió en que está pendiente aún en la Constitución federal incluir la declaratoria de la ONU, tal como quedó en la Carta Magna de la Ciudad de México, en su artículo 57.
“Esta es la declaración que tenemos pendiente en nuestra Constitución, pero lo que hoy estamos dictaminando es un paso”, manifestó.
El PRD está totalmente en sintonía con que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas para todas y para todos, por lo que el coordinador parlamentario también presentó una reserva, la cual fue aceptada, en este caso al artículo 16 a fin de que se especifique que la o el titular del Instituto, debe pertenecer no solo a un pueblo indígena, sino a uno afromexicano, “sería incongruente que todo el cuerpo de la ley así lo refiera y que llegando exactamente a quien puede ocupar este cargo, no lo señale como una posibilidad”.
El dictamen en la materia, de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Segunda, fue aprobado en lo general y en lo particular.
