Este año termina en medio de una crisis de credibilidad del Estado, cuyo final y efectos aún permanecen en la incertidumbre. Debemos estar conscientes de que el deterioro no tiene límite.
En las disputas políticas resulta común atribuirle al adversario los aspectos negativos del país, asociarlo con tradiciones malignas y con la ineficiencia, corrupción e impunidad de la administración pública. Por el contrario, se realizan todos los esfuerzos para asociar la causa propia con los altos ideales de la patria y del país. Esta perspectiva lleva a una política de suma cero y, lo más peligroso, a un riesgoso momento de parálisis que puede provocar la agudización de un problema.
En la actual crisis de credibilidad, da la impresión de que prevalece la inacción antes que la acción clara de las instituciones del Estado. El trabajo conjunto de autoridades de todos los niveles y órdenes, junto con la sociedad, constituye la base para una solución viable a la situación nacional.
Desde el 26 de septiembre a la fecha, el recuento de daños políticos, sociales y económicos resulta incalculable, pero quizás la consecuencia más grave sea la frustración y el descontento por la incapacidad de las autoridades para presentar los resultados de la investigación de los 43 desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y el sentimiento de impunidad que prevalece en la sociedad. El pasado fin de semana se identificó a uno de los jóvenes desaparecidos de entre los restos que fueron analizados fuera del país; sin embargo, esto no resuelve el problema, ni mucho menos deja satisfecha a la sociedad.
Éste es el momento de las grandes decisiones. Los días en que los estadistas aparecen y en que deben utilizarse las mejores prácticas de la política para superar los obstáculos.
Ante la crisis ha prevalecido la mezquindad. Se han colocado los intereses de grupo o de partido por encima de los de la sociedad en general.
Más que resolver la crisis se trata de “sálvese quien pueda”, lo cual puede llevar a escalar el conflicto y el malestar social. No son tiempos ni de aprendices de brujos, ni de acciones irresponsables; por desgracia, hay quienes ven en estas circunstancias la oportunidad para pescar en río revuelto.
Existe un movimiento en la calle que reclama justicia para los desaparecidos de Iguala y el fin de la impunidad. Un movimiento pacífico y legítimo. También existen grupos que tratan de desvirtuarlo por medio de acciones violentas, o bien, por la vía de posiciones que exigen mano dura y más que resolver el problema, pretenden criminalizar el movimiento social.
Los hechos de Iguala y los sucesos que han acontecido desde el 26 de septiembre revelaron la incapacidad de las autoridades y de las propias instituciones para enfrentar con oportunidad hechos de esta naturaleza. La consecuencia salta a la vista en las calles: desconfianza e inconformidad social.
En estos momentos, en este fin de año, la política debe poseer un componente ético que permita a la clase política recuperar credibilidad y, con esto, la legitimidad suficiente para realizar acciones que le permitan superar esta crisis.
Seguiremos impulsando iniciativas que favorezcan la investigación de los desaparecidos de Ayotzinapa, que ayuden a recuperar la confianza en las instituciones del Estado y que éstas sean eficaces.
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
@MBarbosaMX
