Amparo a menor de edad ante omisiones de autoridades, decisión acertada del Poder Judicial: de la Peña Gómez


Angélica de la Peña

Es trascendente para la décima época de jurisprudencia de nuestro país, el que por primera vez un juez federal haya determinado amparar a una estudiante menor de edad víctima de «bullying» y proteger de esta manera sus derechos humanos ante la omisión de los directivos del plantel donde estudiaba, señaló la senadora Angélica de la Peña.

La relevancia del fallo es la aplicación del principio pro persona, pues señala en sus consideraciones que los hechos denunciados son violatorios del artículo 8º Constitucional, así como por los preceptos referentes al Interés Superior de la Niñez previstos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

La legisladora del PRD dijo que a tres años de aprobada la reforma constitucional en materia de derechos humanos ( 11 de junio de 2001) es momento de hacer un balance de los efectos benéficos en la vida diaria de las y los mexicanos, «y la decisión adoptada por el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por supuesto que deriva de esa reforma y es sólo una muestra de sus alcances».

Además, resaltó la senadora de la Peña, el amparo 1302/2013 sienta un precedente no sólo para los casos de «bullying» sino que al señalar las omisiones de una autoridad -en este caso, educativa- al brindar la protección adecuada y necesaria de los derechos humanos, llama la atención a las autoridades de todos los órdenes de gobierno para que cumplan con los preceptos constitucionales en esta materia.

Explicó que a partir de la decisión tomada por este Juez federal, las autoridades educativas deberán capacitarse y conocer la legislación nacional e internacional protectoras de los derechos humanos a fin de diseñar e implementar medidas que fomenten la convivencia armónica y el desarrollo humano.

Debemos reconocer que el Poder Judicial de la Federación está tomando decisiones y acciones que lo consolidan, con criterios renovados por la reforma constitucional de 2011, de tal manera que los juzgadores al momento de analizar los asuntos de su competencia están brindando la mayor protección posible a los derechos humanos de las personas, finalizo la senadora Angélica de la Peña.