- Los “moches” y el tráfico de influencias son hechos de corrupción graves que tienen que sancionarse.
- Con esta reforma, se acabarían los legisladores que litigan desde el poder.
- La intervención ciudadana tendría un papel importante en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Intervención en tribuna del Senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción.
Miguel Barbosa Huerta (MBH). Gracias presidente.
Fuera de los acuerdos del Pacto por México, el Congreso mexicano construyó dos propuestas de reforma constitucional fundamentales; una, en materia de transparencia; y otra, en materia de corrupción. Toca ahora construir el andamiaje legal de la reforma constitucional para el combate a la corrupción.
El desarrollo de estas propuestas de ley dependerá que el cambio del paradigma que se construyó en el Congreso mexicano, de verdad, nos lleve de una función pública desorientada, descompuesta, deteriorada a una función pública enaltecedora de las funciones de lo que debe de ser el servicio público.
Señoras y señores.
En esta sesión, presentamos un paquete de iniciativas para reglamentar integralmente el Sistema Nacional Anticorrupción.
Propuestas con alcances que llegan hasta donde la reforma constitucional permite, para introducir y desarrollar normas efectivas en el combate a la corrupción.
El 27 de mayo del año 2015, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.
Éste es el momento de construir un cambio de paradigma en la lucha contra en contra de los flagelos de la corrupción e impunidad, mediante cuatro leyes nuevas y la reforma a una ya existente.
Me refiero a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos y de particulares, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal del Justicia Administrativa y a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Parece broma, pero no lo es. Hasta antes de esta reforma constitucional, en nuestro sistema legal, la palabra corrupción no existía, sólo se mencionaba en los discursos, como parte de la mea culpa oficial.
No era descuido, fue una estrategia para mantener impunes actos u omisiones de servidores públicos beneficiados del manejo de recursos del Estado, y de particulares vinculados a ellos.
En la propuesta que presentamos, se precisa y desarrolla el concepto de “corrupción”.
Corrupción es el uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; u, obtenga algún otro provecho ilegítimo a cambio de que se otorgue o se reciba un beneficio indebido.
Para nosotros, los moches y el tráfico de influencias son hechos de corrupción graves que tienen que sancionarse.
Me refiero a cuando las y los secretarios de Estado, las y los gobernadores, las y los legisladores federales y locales, las y los servidores públicos federales, estatales o municipales y demás sujetos obligados, de manera directa, por medio de su cónyuge, concubina, concubinario o parientes, hasta el cuarto grado, obtengan beneficios patrimoniales proveniente de una persona física o moral que haya celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios con cualquier dependencia, organismo, fideicomiso o fondo donde se ejerzan recursos públicos.
Enfatizo, en cuanto a lo que nos toca: incurrirán en actos de corrupción las y los diputados federales y locales que en el proceso de aprobación del Presupuesto Federal o local, según corresponda, gestionen o soliciten la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dadiva o contraprestación indebida en dinero o en especie; así como, en el otorgamiento de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Con esta reforma, se acabarían los legisladores que litigan desde el poder. Los senadores, diputados federales y locales, incurrirían en un hecho de corrupción cuando formando parte de un órgano de gobierno del Poder Legislativo, aprovechen indebidamente su carácter de representante de este último, para promover ante cualquier ente público la resolución de un asunto en sentido determinado; así como, litigue o patrocine juicios o procedimientos de similar naturaleza, en contra del Estado o un ente público.
No se trata de una cacería de brujas, en nuestra propuesta se establece con precisión una separación entre faltas administrativas y faltas administrativas graves; así como un amplio catálogo para cada una de ellas.
Las faltas administrativas serán sancionadas por los órganos internos de control, las faltas graves, como los moches y el tráfico de influencias, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual dotamos, en la propia propuesta, de una ley orgánica, que le provee de herramientas para ejercer cabalmente sus funciones.
En nuestra propuesta, la iniciativa Tres de Tres pasa de estar sujeta a la voluntad del servidor público a adquirir un carácter obligatorio.
La iniciativa Tres de Tres, que surgió como una exigencia de la sociedad a sus representantes populares y gobernantes, adquiriría sus verdaderas dimensiones y alcances en el contexto de funcionamiento integral del sistema nacional anticorrupción. Empecemos ya.
Nuestro objetivo es que con la reforma constitucional y las leyes que deriven de ésta se construya un sistema nacional como una instancia de coordinación institucional, de autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como fortalecer la fiscalización y control de los recursos públicos.
Se podría auditar y fiscalizar a cualquier ente público federal, estatal y municipal, o a cualquier fideicomiso, fondo o figura jurídica que reciba recursos públicos, de manera directa por la Auditoría Superior de la Federación, entidad fortalecida en esta reforma.
La intervención ciudadana tendría un papel importante en el Sistema Nacional Anticorrupción, en el Consejo del Sistema, en el comité Ciudadano con capacidad de denuncia, en el seguimiento y en la aplicación de sanciones a hechos de corrupción.
Tenemos claro que después de esta reforma existen pendientes, particularmente, la designación del fiscal anticorrupción, figura central, que debe ser revisada para su verdadera eficiencia o bien, lograr que los brazos del sistema anticorrupción lleguen a cualquier rincón en donde exista impunidad.
El andamiaje legal que tendrá que concluirse en este periodo ordinario de sesiones del Congreso, será, no tengo duda, una buena estructura para el combate a la corrupción.
El gran pendiente es la condición humana, la autonomía e independencia de los hombres y de las mujeres que aplicarán la ley.
Señoras y señores.
Hace un mes, envíe oficios a los coordinadores de los grupos parlamentarios exhortándolos a dictaminar en 30 días la reforma en materia de seguridad pública.
Mi amigo y compañero Fernando Herrera fue el único que me contestó, me dijo que en un plazo similar deberíamos también avanzar en la reforma anticorrupción. Estuve de acuerdo, contesté afirmativamente: Fernando, demos pasos hacia adelante.
Hoy el Grupo Parlamentario del PRD ratifica esta disposición y exhorta a los integrantes del Senado a avanzar en ambas reformas.
El Grupo Parlamentario del PRD le toma la palabra al Presidente Peña Nieto, a la Conago para que avancemos en la reforma constitucional en materia de seguridad pública, tomamos la palabra y celebramos que se exprese diciendo que es necesario enriquecer las propuestas, su propuesta.
Si el Pan sostiene su posición, los municipios seguirán teniendo la función pública como una responsabilidad de ellos. El PRD se sostendrá.
Hoy, el Grupo Parlamentario del PRD ratifica su disposición, de avanzar en ambas reformas, la de seguridad y la de combate a la corrupción.
¿Qué queremos con esta reforma anticorrupción?
Queremos, considero que en esto existe acuerdo de todos los grupos parlamentarios, una reforma para que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y los servidores públicos; todos, todos se guíen bajo los principios de austeridad, disciplina, eficiencia, honradez, imparcialidad, integridad, lealtad, legalidad, legitimidad, rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia que nuestro país merece y la sociedad nos demanda.
Por ello, las senadoras y señores del PRD sometemos la presente iniciativa de decreto para el funcionamiento integral del Sistema Nacional Anticorrupción.
Son cinco propuestas legislativas, integradas, están vinculadas, se construyeron unas con otras, no puede hablarse de una de las cinco propuestas sin estar enlazada con el contenido y desarrollo de la otra.
Les agradezco la atención y el PRD expresa su voluntad para que avancemos en la construcción del andamiaje legal del combate a la corrupción.
Muchas gracias.
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