Intervención del Senador Armando Ríos Piter para presentar voto particular al dictamen que contiene las observaciones del titular del Ejecutivo Federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
· Lo hemos dicho hasta el cansancio; el tema de la corrupción tiene que ver con los servidores públicos, pero también tiene que ver con la iniciativa privada.
· El espíritu que nos animó a votar la reserva en aquel momento del artículo 32, es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes.
· Y al mismo tiempo que ocurrían los hechos de Nochixtlán, el presidente decide recibir a los empresarios, decide hacerles caso, y decide atender a plenitud sus planteamientos. Esas son las prioridades de este gobierno.
· Eso es lo que estamos votando el día de hoy. No solamente es el artículo, es cómo el presidente, su partido, ven las prioridades ahí en Los Pinos.
· No solamente no estamos de acuerdo con esta especie de autorregulación que se ha planteado en voz del Consejo Coordinador Empresarial, estamos convencidos de que el debate que tiene el Artículo 32, es un debate que tiene que ir mucho más allá.
· Es desafortunada la redacción del Artículo 32 sí, pero más desafortunado es el veto que hace el presidente de la República a este artículo, borrando totalmente la redacción.
· En realidad el mayor infortunio fue y sigue siendo, que no haya vetado el artículo 29; al ignorar la petición de más de 630 mil personas que con su firma, plantearon en esa iniciativa ciudadana la máxima publicidad en declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
Armando Ríos Piter: Con su permiso señor presidente.
Compañeros y compañeras, vengo a presentar a nombre propio y de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el presente voto particular frente a las observaciones que realizara el titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Ley de Responsabilidades.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, que introdujo en el texto fundamental el Sistema Nacional Anticorrupción, tuvo como premisa en su diseño, que tanto los servidores públicos, como los particulares, cuentan con la capacidad fáctica de realizar actos y hechos de corrupción.
Es por eso que las finalidades constitucionales de dicho sistema: prevenir, investigar y sancionar tales actos y hechos de corrupción, tienen como ámbito personal de aplicación, tanto a los servidores públicos, como a los particulares que bajo un régimen administrativo, se relacionan económicamente con el Estado.
La inclusión de los particulares, desde la norma constitucional como sujetos de responsabilidad por hechos y actos de corrupción, tiene dos motivos fundamentales. Primero, la intensa relación económica del Estado con empresas mercantiles, a través de contratos y concesiones de bienes o servicios. Y segundo, los frecuentes casos de sobornos, peticiones u ofrecimientos ilegales para la obtención de esos contratos y concesiones.
Compañeros y compañeras, lo hemos dicho hasta el cansancio; el tema de la corrupción tiene que ver con el servicio público, sin duda, tiene que ver con los servidores públicos, pero también tiene que ver con la iniciativa privada.
Por eso compañeros y compañeras, el planteamiento que hace el presidente de la República y las observaciones que nos manda, no son del todo correctas; no son correctas primero que nada porque el espíritu que nos animó a votar la reserva en aquel momento del artículo 32, es entender que la corrupción es un tango que se baila con dos partes: un empresario por un lado, y posiblemente por otro lado, un servidor público.
Entonces compañeros ¿Por qué el presidente decide borrar todo el planteamiento respecto a la iniciativa? ¿Por qué? Y peor aún compañeros, porque lo que hace el presidente –y recordemos que esto ocurre hace dos semanas- es mandarle una señal muy clara de dónde están las prioridades ahí en Los Pinos.
Por un lado, los hechos de Nochixtlán, muertos y heridos de los cuales hoy no se tiene ningún dato, donde el gobierno juega al avestruz nuevamente y esconde la cara.
Sí, la reforma educativa ha tenido en múltiples ocasiones el tocar los maestros la puerta del palacio presidencial, y al mismo tiempo que ocurrían los hechos de Nochixtlán, que habían sucedido los hechos ese domingo, el presidente decide recibir a los empresarios, decide hacerles caso, y decide atender a plenitud sus planteamientos. Esas son las prioridades de este gobierno compañeros y compañeras.
Por un lado dejar que no se sepa nada, permitirse que no se sepa nada respecto a la muerte de hombres y mujeres en Nochixtlán, de heridos en Nochixtlán, en Oaxaca y por el otro lado, un veto que le da una total concesión al empresariado.
Eso es lo que estamos votando el día de hoy. No solamente es el artículo, es cómo el presidente, su partido, ven las prioridades ahí en Los Pinos.
Nosotros tenemos una redacción distinta; estamos convencidos de que la redacción puede mejorarse, no como lo plantea el presidente Peña Nieto que es obviar, quitar la redacción. Hacía mucho sentido cuando se presentó esa reserva, y precisamente por eso, nosotros no solamente no estamos de acuerdo con esta especie de autorregulación que se ha planteado en voz del Consejo Coordinador Empresarial, estamos convencidos de que el debate que tiene el Artículo 32, es un debate que tiene que ir mucho más allá. Se requiere una Ley de Responsabilidades Penales de las personas morales.
Hemos acabado siete leyes que son la parte fundamental o la primera parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero faltan muchas leyes más, la Ley de Obra Pública, la citada Ley de Responsabilidades Penales.
Entonces compañeros, creemos que es indispensable dar una señal muy clara: la sociedad en su conjunto está cansada del tema de la corrupción. Hay empresarios honestos, íntegros –sin duda alguna- y estoy convencido que son la mayoría. Sin embargo para ese tango de dos, cuando hay iniciativa privada y cuando hay iniciativa pública de algún servidor, la ley –no la autorregulación- es lo que tiene que imperar.
Precisamente por eso nosotros creemos, y mi compañera Dolores Padierna habrá de presentar una reserva que nos parece que mejora profundamente la redacción que fue propuesta en aquella ocasión, para que avancemos en el espíritu de garantizar que la iniciativa privada también rinda cuentas, y que también esté sujeta la ley para el combate a la corrupción.
Por eso nosotros proponemos en el Artículo 32, que están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad ante las secretarías u órganos internos de control, de conformidad con lo previsto en la ley a)los servidores públicos y b)las personas morales que contraten a mediano y largo plazo, con entes públicos de la federación, de las entidades federativas y los municipios, la ejecución de obra pública, obra asociada a proyectos de infraestructura o de servicios públicos, celebrados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción.
Compañeros y compañeras, es desafortunada la redacción del Artículo 32 sí, pero más desafortunado es el veto que hace el presidente de la República a este artículo, borrando totalmente la redacción. Debió haberla mejorado.
Pero en realidad el mayor infortunio fue y sigue siendo, que no haya vetado el artículo 29; al ignorar la petición de más de 630 mil personas que con su firma, plantearon en esa iniciativa ciudadana la máxima publicidad en declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, lo que hace el presidente es decirle al pueblo de México, no nos importan los ciudadanos; estamos más contentos sentándonos con los empresarios para hacer lo que a su antojo quede.
Es cuanto señor presidente.
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