Montesquieu señaló en tiempos de la Ilustración, que el principio básico de la democracia era la virtud, tal como fue ponderada por los antiguos griegos. Cuando la virtud desaparece, comienza la corrupción de la democracia y la república corre el riesgo de desaparecer. Por eso Montesquieu, al analizar el problema, señaló que “la corrupción de cada gobierno empieza, casi siempre, por la de los principios”.
Hoy día, el problema más grave que enfrentan los países en vías de desarrollo como México, es precisamente la corrupción. Está comprobado que este fenómeno afecta directamente las actividades económicas, políticas y sociales. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, de “Transparency International”, México se encuentra en la posición 95 de 167 en el mundo, a la par de Malí, Armenia y Filipinas.
Dentro de los países de la OCDE, México es el último lugar en materia de corrupción, de entre las 34 naciones miembros. Dichas calificaciones han hecho de nuestro país un referente mundial en cuanto a la poca eficacia para combatir este problema.
Es por esto que la legislación secundaria en materia anticorrupción es uno de los principales temas a discutir en México, pues favorece enormemente las condiciones para el desarrollo de una estrategia integral que involucra a toda la administración pública y a los distintos sectores de la sociedad, basada tanto en líneas de acción preventivas como punitivas. Con estas acciones se fortalecerá la corresponsabilidad entre los Poderes Públicos para combatir la corrupción.
En este sentido, los senadores de izquierda nos reunimos con el asesor especializado en Anticorrupción del Ministerio de Justicia del Reino Unido, Roderick Macauley, quien nos compartió que en el Reino Unido se elaboró una Ley Contra Sobornos, la cual prohíbe cuatro tipos de actividades: sobornar a otra persona; aceptar un soborno; sobornar a funcionarios públicos extranjeros; y ser una empresa comercial y no contar con procedimientos adecuados para evitar sobornos.
Asimismo, esta Ley no tiene excepciones por pagos de facilitación hechos a los funcionarios del gobierno; lo interesante de ésta es que aparentemente abarca todos los actos cometidos en cualquier parte del mundo por parte de una empresa comercial y responsabiliza directamente a una compañía que no cuenta con un programa antisoborno eficaz.
Sin embargo, el tema del combate a la corrupción en Reino Unido sufrió un descalabro, debido a que el Primer Ministro, David Cameron, afronta una crisis al revelarse en los #PanamaPapers que se benefició de un fondo de inversión creado por su padre en un paraíso fiscal antes de que llegara al poder en 2010.
En Gran Bretaña esta situación ha despertado la inconformidad por parte de sus ciudadanos, lo que ha generado que David Cameron admitiera que tuvo acciones de la sociedad de su padre en Panamá, pero que las vendió en 2010 y pagó sus respectivos impuestos. Este es un claro ejemplo de lo que no pasa en México, ya que se ha evitado mencionar, por parte de las dependencias federales, las acciones que tomarían en caso de encontrar actividades ilícitas de 33 mexicanos involucrados es estas filtraciones.
La lección que se puede aprender de Reino Unido es que es necesario tener instrumentos de cumplimiento en materia de anticorrupción eficaces, que abarquen todo acto cometido en cualquier parte del mundo por parte de una empresa comercial o de un funcionario.
Ahí están, claramente, los factores que podrían ayudarnos a combatir la impunidad. Debemos aplicar en México la experiencia internacional en el combate a la corrupción. Además es de suma importancia que la sociedad civil sea partícipe en este tema, es necesario entender que los intereses políticos no deben de ser los que frenen el combate a la impunidad y a la corrupción, sino que deben ser los actores políticos quienes promuevan esta lucha. Por lo anterior, reitero ¿Y México para cuándo?
*PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EUROPA, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
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