Ciudad de México, 2 de julio de 2019
? Versión del senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar postura sobre la Ley de Austeridad Republicana.
Con su permiso presidenta y demás integrantes de la Mesa, queridas senadoras, senadores, compañeras, compañeros, medios de comunicación y pueblo de México; en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática siempre estaremos a favor de la austeridad y del ejercicio adecuado de los recursos públicos basando su administración en principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, pero no a caprichos.
Es indignante la forma en la que hoy se pretende aprobar esta Ley de Austeridad Republicana cuando el objetivo primordial de esta es compartido por la mayoría de las y los legisladores presentes pero no a través de elaborar legislación a modo del Ejecutivo Federal y con amplias deficiencias de técnica y de legalidad que sólo exhiben tres cosas.
La primera, la imposición que realizará la mayoría sobre un proyecto de ley que vulnera los derechos humanos y criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; dos, el desprecio que se hace en la esfera de los derechos laborales del funcionario público al prohibir su contratación en empresas respecto de las cuales hayan tenido información en ejercicio de su cargo público; tres, las inconsistencias legales, invasión de facultades y falta de técnica legislativa.
Esta ley no cumple las promesas de campaña del actual Ejecutivo Federal, no combate de forma responsable y eficiente el fenómeno social de la corrupción ni propone una estrategia jurídica que por una parte inhiba y por otra combata las acciones que dañan al patrimonio de las y los mexicanos.
Bienvenida la austeridad en todo gasto superfluo, pero no en lo que atenta contra acciones y programas vitales -queridas compañeras senadoras y senadores- como es salud pública, atención de niños con cáncer, 43 por ciento menos de presupuesto; estancias infantiles, 49.8 por ciento menos; investigación científica y desarrollo tecnológico, Programa de Atención a Personas con Discapacidad, menos de 42 por ciento de presupuesto; apoyos para la protección a las personas en estado de necesidad, comedores comunitarios, sin recursos; vigilancia epidemiológica también menos presupuesto, Programa de Prevención de Riesgos, sin recursos; protección forestal también reducción de recursos.
Programa de Empleo Temporal en el cual se encontraban las brigadistas que combatían los incendios, sin recursos, Programa de Manejo en Áreas Naturales Protegidas, menos presupuesto; Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo, sin presupuesto; Programa Prospera, sin recursos; Programa de Fomento a la Economía Social, menos del 67 por ciento de recursos; Seguro de Vida de Jefas de Familia, menos del 83.5 por ciento de recursos; Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, sin recursos; Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, sin recursos; Fomento Regional de las Capacidades Científicas y Tecnológicas de Innovación, con reducción de menos del 55.9 por ciento de recursos.
Los anteriores programas son solamente algunos de ellos, queridas compañeras y compañeros senadores, es un ejemplo de una idea errada de austeridad republicana que disminuyó o desapareció su presupuesto sin estudios previos de impacto o de cumplimiento, que afectó directamente a millones de mexicanas y mexicanos beneficiados con dichos programas.
Además, la política de austeridad que hoy se pretende justificar ya se encuentra contemplada en la legislación secundaria como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras, sin embargo, en lugar de armonizarlas se está invadiendo competencias o duplicando funciones, atribuyéndose facultades que no les corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni a la Secretaría de la Función Pública.
Las fuerzas políticas ya teníamos un avance del 90 por ciento respecto a un documento consensado que sería aprobado por la mayoría, en el cual lo único que se pretendía era robustecer la norma y evitar que las disposiciones que contengan esta nueva ley no sean contrarias a los principios constitucionales ni con lo establecido en otras legislaciones en la materia; la visita de la secretaria de la Función Pública en el Grupo Parlamentario mayoritario dio muestra de la fragilidad que tiene el grupo mayoritario ante las decisiones del Ejecutivo, es necesario, queridas compañeras y compañeros senadores, generar verdaderos contrapesos así como disminuir las decisiones discrecionales, políticas o populistas, que no se sustentan con evidencia o análisis de sus impactos.
Por su atención muchas gracias.
