Intervención en tribuna de la senadora Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIV del artículo 7 de la Ley General de Educación.
Verónica González Rodríguez, (VGR): Con su permiso, presidenta.
Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa que vengo a poner a su consideración, reforma la fracción décimo cuarta del artículo séptimo de la Ley General de Educación con el objetivo de fortalecer el derecho de acceso a la información de nuestras y nuestros estudiantes por medio de las nuevas tecnologías de la información.
Señalando el compromiso irreductible de las autoridades educativas para poner a disposición los medios para el ejercicio de este derecho.
De acuerdo con la UNESCO, la educación es un instrumento poderoso que permite a las personas de escasos recursos salir de la pobreza de manera autónoma y participar activamente con su comunidad generando posibilidades de detonar el desarrollo de cada país.
Con el paso del tiempo, la concepción de este derecho se ha ido transformando y evolucionando de acuerdo al momento histórico y las condiciones o necesidades de cada etapa.
El desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y la facilidad para acceder a estos recursos han permitido que la información se masifique, y pasemos de modelos educativos tradicionales en los que sólo se requerían profesores, libros y pizarrones a la implementación de los modernos recursos como el internet, tabletas y una gran interacción de equipos informáticos que facilitan y enriquecen la tarea del aprendizaje.
Ya no basta con tener aulas equipadas con la indumentaria tradicional, ni siquiera es suficiente conseguir que se matricule cada vez a más estudiantes, si en verdad queremos garantizar que este derecho se cumpla y que las personas obtengan la información necesaria para ser competitivas y disfrutar de una vida plena, necesitamos crear la infraestructura adecuada en cada centro educativo y articular las políticas públicas que generen el escenario idóneo para que esto suceda.
No sólo es el entorno físico lo que debe cambiar, sino también las reglas en la materia, debido a que no sólo se modificó la tecnología disponible, cambió para siempre el concepto mismo de acceso a la información.
Debemos vigilar una evolución integral que garantice que todas y todos puedan obtener el conocimiento por igual, sin que estas herramientas, sean la causa de una nueva brecha digital, en donde sólo unos cuantos tengan la facilidad para conectarse a internet, usar una computadora u obtener el libre acceso a la información.
En todo el mundo miles de estudiantes y profesores usan internet en su formación, pese a ello, en las naciones más pobres aún es difícil poder aprovechar esta herramienta, situación que produce desigualdad a pesar de ser una gran oportunidad de mejorar el procedimiento de aprendizaje y preparar a los estudiantes para el futuro.
Es elemental hacer notar que el acceso a la educación va ligado al acceso a la información, es decir, son procesos conjuntos que deben acompañarse para conseguir resultados óptimos y permitir el pleno goce de estos derechos. Hoy en día la mayoría de los países han reconocido que es indispensable buscar mecanismos que faciliten la transparencia y la obtención de datos de cualquier índole, atendiendo a diversos tratados internacionales y buenas prácticas en la gestión pública.
El derecho de acceso a la información está considerado dentro del derecho fundamental a la libertad de expresión, reconocido por la Resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas así como por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde además se considera el derecho de investigar y recibir información por cualquier medio de expresión.
La legislación en esta materia, sostiene que toda la información en poder de los gobiernos e instituciones gubernamentales es, en principio, pública, y su protección se encuentra plasmada en distintos instrumentos internacionales.
En el caso de nuestro país, a pesar de estar plasmado este derecho en el artículo 6º de nuestra Constitución, fue hasta junio de 2003 con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental cuando se pudo materializar el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y la voluntad política para llevar a cabo esta ley, sin embargo, aún faltan enormes esfuerzos de armonización legislativa para garantizar que esto sea una realidad.
El Índice del Derecho de Acceso a la Información en México, formulado por el Centro de investigación Fundar, que mide la calidad de las leyes de transparencia con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia, señala que la calificación promedio nacional es de 5.1, siendo el 10 la mayor calificación posible, es decir, estamos reprobados en esta temática.
Siendo el internet un elemento esencial para acceder a la información en estos tiempos, es claro que a pesar de que existen más mexicanos conectados cada año, la cifra de quienes no cuentan con el servicio es enorme; datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015, señala que alrededor de 46.3 millones de personas no tienen forma de usar la herramienta, siendo los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca la entidades con más rezagos.
Por lo tanto, aunque ha venido incrementando el número de cibernautas en el país, este proceso no es producido de manera homogénea, generándose una nueva desigualdad social del siglo XXI, en donde el Estado es partícipe si no toma las medidas necesarias para frenar esta situación.
Esta realidad no sólo está presente en los hogares, sino en cientos de escuelas de todo el territorio nacional, como lo reveló el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial del 2013, donde los resultados arrojaron que sólo una de cada tres escuelas cuentan con acceso a internet y una de cada dos tiene equipo disponibles en las escuelas, se encuentran estos mismos en funcionamiento, violentando una serie de derechos fundamentales para nuestros estudiantes.
Debemos profundizar el esfuerzo realizado para atender las necesidades tecnológicas de nuestras escuelas garantizando el pleno respeto a los derechos y las condiciones para hacerlos valer.
Hay que aprovechar el enorme potencial de instrumentos como el internet, que contribuyen a apoyar la educación y el aprendizaje de las personas en una sociedad donde los contrastes y la pobreza están generando enormes brechas.
Hoy, la educación va acompañada de múltiples elementos, que de utilizarse adecuadamente, gestarán un futuro incluyente con más oportunidades.
El uso del internet y maximizar su impacto en la población, favorece el ejercicio de derechos fundamentales en amplios sectores de la población, tal como lo propone esta iniciativa.
Tenemos una gran responsabilidad tecnológica en nuestro país y con el diseño de un nuevo modelo educativo que responda a las necesidades de nuestra sociedad.
Es cuanto, señora presidenta.
0-0-0
