Entrevista realizada a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para referirse al informe de la CNDH sobre los hechos de Tanhuato, Michoacán y la postura de la CNTE respecto al inicio del ciclo escolar.
Pregunta (P): Senadora, pues preguntarle sobre este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Tanhuato.
Angélica de la Peña Gómez, (APG): Lo que evidencia este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que estamos urgidos en el país de tener una ley general del uso legítimo de la fuerza pública.
Nos parece que lo que se ha evidenciado es que no podemos seguir enfrentando desde las fuerzas policiales a distintos grupos que en este caso, evidentemente, todo indica que son malhechores, porque las denuncias que se tenían de que estaban secuestrando personas en las carreteras y además del problema del propio rancho donde se encontraban, había una denuncia de que este rancho también habían desalojado a sus dueños.
Toda la zona alrededor de Michoacán y de Jalisco es una zona verdaderamente terrible. Yo tengo gran cantidad de casos que en esa carretera era un asunto cotidiano que les robaran sus vehículos a las personas que transitaban por ahí.
Es un problema muy grave en el país y me parece que es el momento, a partir del informe que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos –que quiero decir está cumpliendo con su responsabilidad y eso hay que reconocerlo-, pero también me parece que no puede en cada caso que se enfrenta, como lo que aconteció en Michoacán o en otros casos, estar permanentemente reiterando que es necesario que haya una legislación en esta materia.
Nos urge que unifiquemos a todo el país, a los tres órdenes de gobierno, en un solo concepto de lo que tiene que ser el uso legítimo de la fuerza pública, porque también tenemos que ver la otra parte.
Estamos ante una situación muy crítica en el país, desde mi personal punto de vista, podemos dejar en una situación muy complicada a las fuerzas policiales, y eso no puede pasar en el país.
O sea, tenemos que entender que hay todos los días, en los diferentes estados del país enfrentamientos con la delincuencia organizada y los policías tienen que llegar claramente con protocolos claros de cómo enfrentar y cómo llevar al final, después de sendas aprensiones, ante la justicia de estos malhechores.
Y no ponerlos en una situación vulnerable porque va a ser muy complicado para ellos estar ante una situación de vulnerabilidad.
Pero por el otro lado necesitamos que las autoridades entiendan que todos estos procesos para atender las reformas estructurales que ha sufrido nuestra Constitución tienen que reflejarse en las forma cómo actúan, que no puede ser igual a decenas de años atrás.
P: Senadora, se habla de ejecuciones extrajudiciales, ¿es desproporcionado como decía ayer el Gobierno federal?
APG: Bueno, entendemos que cuando se refieren a ejecuciones extrajudiciales significa que son literalmente personas que son privadas de su vida a partir de no cumplir ningún protocolo de detención, como tienen que ser.
Lo que acontece con las detenciones arbitrarias y con las ejecuciones arbitrarias es muy grave en el país. No es la primera vez que se señala y nosotros no podemos dejar de atender que eso está pasando.
P: Hoy por la mañana el Comisionado Nacional decía que la Policía Federal no se convirtió en un pelotón de fusilamiento, que tuvo que responder a una agresión.
APG: Bueno, creo que hay que aplicar también el sentido común en ambas partes. Sabemos que enfrentar a estos delincuentes no es fácil, hay antecedentes, insisto, el lugar; no hablé ahorita de lo que aconteció en días anteriores respecto al derrumbamiento de un helicóptero del Ejército, donde prácticamente todos sus ocupantes fallecieron.
Y eso es muy doloroso y también tenemos que señalarlo como un problema grave al que se están enfrentando las fuerzas armadas, las fuerzas de las corporaciones policiacas.
Pero eso no puede ser de ninguna manera una justificación para enfrentar como se enfrenta a esos delincuentes, porque resulta que del otro lado no hay absolutamente ningún herido y no hay ninguna persona fallecida.
Lo mismo que pasó con Tlatlaya.
Entonces lo que se tiene que hacer con la autoridad, les voy a poner el ejemplo, un buen ejemplo: cuando al Chapo Guzmán se le encuentra después de que sale por uno de los ductos del drenaje, por parte de policías, no lo mataron, lo entregaron ante autoridades, y se trataba de un señor que está evidenciado en todo el mundo como un delincuente muy peligroso.
Pues frente al delincuente más peligroso, lo que tiene que hacer la autoridad es proceder a cumplir con una norma que tiene que derivar de un precepto constitucional.
Las ejecuciones extrajudiciales no están reconocidas por nuestra Constitución; por el contrario la pena de muerte está sancionada en la Constitución.
Nosotros somos un país que en todas partes del mundo estamos en contra y lo decimos abiertamente, en contra de la pena de muerte por cualquier causa que haya.
No se justifica ninguna ejecución de parte de ningún elemento de las fuerzas de seguridad pública contra un malhechor.
Tiene que llevarse ante la justicia y la justicia tiene que proceder.
P: (Inaudible)
APG: Eso es distinto, si hay un enfrentamiento de ese tipo debe quedar debidamente claro que se trató de un enfrentamiento y cuándo deja de ser un enfrentamiento.
Lo que está señalando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que efectivamente hubo un enfrentamiento, pero después de la rendición de estas personas hubo ejecuciones.
Eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No está diciendo que no se enfrente a la delincuencia, que no se responda a un enfrentamiento, que no respondan cuando son recibidos como fueron recibidos, porque se les encontró una gran cantidad de armamento, que francamente nadie con un dedo de inteligencia puede decir que esos no son realmente evidencias de que están armados hasta los dientes todas estas mafias.
P: Senadora, ¿sería conveniente que el Comisionado Renato Sales y el titular de la Policía Federal vinieran y les explicaran a ustedes realmente qué pasó en Tanhuato?
APG: Yo creo que es importante que viniesen a una reunión de trabajo y también, además para de una vez, ponernos de acuerdo y tomar el toro por los cuernos.
Nadie ha querido plantear y llevar ante el Pleno, cuando menos, una iniciativa en esa materia.
Ya no es posible que sigamos dejando pasar un periodo ordinario y otro y otro, frente a un hecho y luego otro, recomendaciones van y viene, no solamente recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también del ámbito interamericano, recomendaciones de Naciones Unidas; en el sentido de que México necesita una ley general del uso legítimo de la fuerza pública.
Necesitamos hacerlo y ahí establecer cuando se trata de un enfrentamiento cómo proceder: a, b, c, d; pero después de que se ha logrado que estas personas se rindan, también qué sigue: a, b, c, d, e, y quedar claramente establecidos en estas leyes, en esta ley que tiene que normar, insisto a los tres órdenes de gobierno, necesariamente tiene que llevar a que la justicia entre después de que se finquen las debidas responsabilidades por parte de los policías ministeriales y se sigue el proceso como tiene que ser.
Y en ese sentido nos parece importante también porque hoy en la mañana en una discusión que tuve al respecto, me decían y luego “qué pasa con el Poder Judicial” y yo también quiero decir que el Poder Judicial también tiene que participar en eta discusión porque tenemos una gran cantidad de casos en donde de repente los amparos y las personas que son detenidas pues salen y eso también es un mal, pésimo mensaje a la ciudadanía.
Entonces yo creo que lo que tenemos que insistir es que prevalezca un Estado de Derecho donde sea respetado por todas y por todos. Principalísimamente, claro que nos preocupa que este tipo de señalamientos como el que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afecte a las instituciones policiacas del país.
Entonces los que hay que hacer es atender las recomendaciones, no prejuiciarse contra ellas porque eso me parece que es un error.
Entonces, a ver qué tenemos que hacer para que este tipo de cuestiones no se repitan, qué ha faltado, yo insisto y lo he dicho muchas veces, es ponernos a discutir lo que la Constitución nos mandato y trascender de esta política de enfrentamiento al enemigo que es la seguridad nacional al enfrentamiento al enemigo efectivamente desde la seguridad pública, desde la seguridad humana, como lo señala la Constitución.
P: Muy bien, senadora, gracias.
Nada más una (inaudible) porque ahora resulta que hay que pedirles perdón a los delincuentes, ¿no?
APG: No, no, a ver, no hay que pedirles perdón a los delincuentes, es fincarles responsabilidades penales.
P: ¿Ustedes avalan al 100 por ciento el resultado de esta investigación que hace la CNDH, el informe…?
APG: Yo sí. Yo lo que planteo es que hay que respaldar el organismo constitución autónomo especializado en materia de derechos humanos, para eso están ahí, para ese equilibrio entre las instituciones y la sociedad.
Ahora, las autoridades tienen todo el derecho, por supuesto también e dar sus propias explicaciones, e incluso, ¿por qué no?, eventualmente tener alguna diferencia con la CNDH.
Bueno, por eso es importante trabajar con las instituciones, inclusive con la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, me parece que el ámbito para trabajarlo, propicio, ideal, es precisamente el Senado de la República y particularmente yo lo voy a plantear ante la Comisión de Derechos Humanos para ir construyendo, porque lo que nosotros necesitamos en el país es construcción también de leyes pero también de mecanismos que nos lleven a la paz, a la tranquilidad y a la legalidad.
P: Senadora, la Coordinadora, en le discusión sobre el regreso a clases el lunes ha señalado que o se quita la Reforma Educativa o (inaudible), ¿cuál es su comentario al respecto?
APG: A ver, miren, en este foro que yo estoy ahorita hubo un principio rector de los derechos humanos en el ambiente y es el interés superior de la niñez. Es más, se habló también de otro principio que es el derecho de prioridad, Ricardo Bucio nos decía hay que sentarnos a discutir qué quiere decir el derecho de prioridad que establece la Convención sobre Derechos de la Niñez y la ley en la materia.
Y en ese sentido, me parece que las niñas y los niños en función del interés superior de la niñez y de que todo lo que se decida a favor de ellos sea prioritario, las niñas y los niños tienen que regresar a clases, tienen que llevar su ciclo escolar como está diseñado porque si hay una falta en el cumplimiento del ciclo escolar, claro que les va a afectar en su derecho a la educación.
Yo no estoy de acuerdo con que se deje a las niñas y a los niños son clases. Que es muy legítimo o no, podemos estar de acuerdo o no con lo que plantean los maestros, pero no puede estar el interés superior de los maestros por encima del interés superior de las niñas y los niños de nuestro país a tener educación pública.
Son los niños y las niñas más desprotegidos, más abandonados, más pobres de nuestro país los que recurren a la educación pública.
Y en ese sentido, yo haría un llamamiento a los maestros para que por favor entiendan que parte de la vocación de ser maestros es efectivamente lograr que las niñas y los niños sean educados como lo establece la Constitución y como para lo que ellos también fueron formados y no deje a las niñas y los niños sin clase.
P: Gracias, senadora.
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