- No queremos seguir viendo casos como el de Ayotzinapa o Tlatlaya, que tienen el mismo origen
- La estrategia de la guerra contra las drogas no puede pasar por encima de los derechos humanos
Ante el proceso de deterioro que vive nuestro país, donde la delincuencia organizada cada vez se apodera de las instituciones, se infiltra en la política y se enraíza en el tejido social, es urgente cambiar la política de combate a las drogas, así como la estrategia de seguridad en el país, sostuvo el senador del PRD, Mario Delgado Carrillo.
El legislador señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha seguido exactamente la misma estrategia de guerra contra las drogas declarada por Felipe Calderón y cuyos resultados suman mas de 80 mil muertos, 25 mil desaparecidos, un aumento en la inseguridad pública y el deterioro de las instituciones y de la convivencia social.
“La gente cada vez vive con mayor temor e inseguridad; se registran casos tan abominables como el de Ayotzinapa o el de Tlatlaya, que son un fiel reflejo de un deterioro de las instituciones por el poder corruptor que tiene la delincuencia organizada gracias a sus incalculables ganancias», dijo.
El Senador Mario Delgado Carrillo puntualizó que “si no queremos seguir viviendo de esta manera se tiene que plantear estrategias de seguridad completamente distintas y una de ellas sería empezar a regular el mercado de las drogas para terminar con las enormes utilidades que genera el mercado ilícito de estupefacientes, fuente principal de recursos de los grupos delictivos».
El presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado propondrá un punto de acuerdo para analizar los tratados internacionales en materia de drogas de los que México forma parte, para exhortar al Ejecutivo Federal a denunciar particularmente, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Dicha convención es la base del enfoque prohibicionista y de criminalización de los tratados en materia de drogas, y son el referente internacional sobre el cual México ha basado su guerra contra las drogas, vulnerando masivamente los derechos humanos establecidos en la Constitución.
“México sí es un Estado fallido, pero no por fallar en el combate a las drogas como los quiere el prohibicionismo, sino por su incapacidad para proteger los derechos humanos; es tiempo de atreverse a plantear opciones distintas desde un enfoque de salud y quitarle el gran negocio a la delincuencia organizada a través de la regulación de estos mercados».
Para finalizar, recordó que se ha propuesto una normatividad para regular el uso medicinal y terapéutico de la marihuana; y la creación de un organismo independiente que evalúe todos los recursos que se destinan a las políticas públicas de seguridad.
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