Pareciera que nada podrá hacerlos desistir de su objetivo, no importa que apenas hayan alcanzado la adolescencia; cruzar un río crecido, atravesar la sierra o incluso montarse en lanchas y salir durante la noche a mar abierto, no representan un riesgo tan grande como aquello que les motivó a abandonar sus hogares, sus familias, sus amistades.
Muchas de esas niñas, niños o adolescentes huyen de la extrema pobreza, de la carencia de escuelas, del desempleo, de las pandillas o la delincuencia organizada que los extorsionan o los reclutan; allí en su propia comunidad, su vida e integridad están amenazadas.
Se las han ingeniado para seguir nuevas rutas y así evadir los estrictos controles que los cuerpos de seguridad, además de los elementos de migración, han implementado en los trayectos que durante décadas siguieron familiares, amigos o paisanos. Harán lo que sea necesario, hasta pedir limosna o prostituirse para juntar el dinero necesario y completar la travesía, un sueño lo vale, el sueño americano aún más.
Son migrantes porque quieren comer tres veces al día, ir a la escuela, ayudar a sus familias a salir de la miseria, o porque simplemente no quieren morir como víctimas de la violencia. Son niñas, niños y adolescentes centroamericanos que pretenden cruzar el territorio mexicano.
Entre octubre de 2013 y mayo de 2014 tuvo lugar una crisis humanitaria sin precedente en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. En aquel entonces, las autoridades del país vecino comenzaron a detener a migrantes no acompañados menores de 18 años en un número nunca antes visto y, como consecuencia, alrededor de 53 mil menores de 18 años terminaron en los centros de detención que tiene la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera y principalmente en el estado de Texas.
En reacción a lo anterior, el 7 de julio de 2014, el Poder Ejecutivo Federal presentó el Programa Frontera Sur, iniciativa que tenía como propósitos básicos el proteger al migrante y ordenar el paso fronterizo. Para ello se enumeraron cinco acciones, entre las cuales se incluyó de manera particular, la creación de centros de atención integral en la frontera sur, así como la emisión gratuita de Tarjetas de Visitante Regional.
Sin embargo, un año después de la denominada ‘crisis de los niños migrantes’ en el sur de Texas y a menos de un mes de que se cumpla el primer aniversario del Programa Frontera Sur, las estadísticas oficiales revelan que México detiene y deporta a más migrantes indocumentados centroamericanos menores de 18 años que la Patrulla Fronteriza estadounidense.
El Instituto Nacional de Migración (INM) ha señalado que los arrestos de menores de 18 años provenientes de países de Centroamérica sumaron 11 mil 893, de los cuales 6 mil 113 menores detenidos entre enero y mayo viajaban solos o con traficantes de personas, mientras que 5 mil 780 iban con algún familiar. Además, dos terceras partes tienen una edad de entre 12 y 17 años, y del total, 8 mil 060 son hombres y 3 mil 833 mujeres.
De esta forma, es claro que la política migratoria de nuestro país ha desaparecido y ha dejado su lugar a una estrategia de seguridad y de gestión migratoria enfocada en administrar los flujos fronterizos, a efecto de que los migrantes centroamericanos no ingresen o no se mantengan en nuestro territorio evitando con ello que lleguen a los Estados Unidos.
No importan las disposiciones legales, nacionales e internacionales que obligan a nuestras autoridades a realizar un procedimiento administrativo sustentado en el interés superior de la niñez.
Estamos frente a una política migratoria equivocada porque es contraria al respeto de los derechos humanos inscritos en nuestra Constitución y desdeña los derechos de niñas, niños y adolescentes centroamericanos que de manera irregular se encuentran en México; es urgente modificarla y debemos hacerlo antes de que una tragedia nos obligue. XXX TWITTER: @angelicadelap
