El senador del Grupo parlamentario del PRD, Zoé Robledo, propuso implementar la “muerte civil” dentro del Código Penal Federal como un instrumento que sancione de manera proporcional a los servidores públicos que reincidan en actos de corrupción.
“El Sistema Nacional Anticorrupción abrió la puerta para investigar la corrupción; la muerte civil puede funcionar como su mejor castigo”, dijo.
A través de una iniciativa presentada en el pleno del Senado de la República, el senador del PRD advirtió que ante la enorme problemática de la corrupción por la que pasa México se requieren de soluciones que se extiendan con la misma dimensión.
“Somos muy intolerantes, pero somos muy flexibles con el corrupto. Con el tiempo olvidamos si el corrupto se convierte en un astuto, en un hábil, en alguien capaz de burlar al sistema y hacer lo que le venga en su voluntad”, manifestó.
Esta iniciativa, expresó, pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el título décimo de los hechos por delitos de corrupción, del libro segundo del Código Penal Federal, en lo que se refiere a reincidencias por delitos relacionados con hechos de corrupción.
“Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través de anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza de los intereses fácticos, a través de una institución jurídica utilizada para suspender los derechos civiles y el reconocimiento de la calidad de ciudadano”, señaló.
El legislador consideró que en estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero la corrupción impide que sus pobladores cuenten con los servicios públicos que por derecho deben de contar para una vida digna.
“El dinero que se roba el poder, el dinero que toman las autoridades, lo que malversan, lo que desvían, lo que hurtan, era dinero que estaba destinado para asegurar esos derechos”, manifestó.
El legislador chiapaneco refirió que actualmente los funcionarios que caen en actos ilícitos de corrupción sólo llegan a ser sancionados con un correctivo meramente administrativo o cárcel; sin embargo, esto refleja la impunidad por la que atraviesa el país.
“No más, y por eso esta iniciativa propone la muerte civil para funcionarios que reinciden en un acto de corrupción. Hoy la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años, con esta propuesta es que aquella persona que cometa por segunda ocasión un delito relacionado con un acto de corrupción sea inhabilitado permanentemente de la vida pública”, resaltó.
Además, aquellos que hayan estado sentenciados por algún acto de corrupción, nunca más podrán volver a trabajar en el Estado, sea el gobierno federal, estatal o municipal.
Zoé Robledo también propuso que se proceda en una suspensión de derechos para ejercer la profesión, oficio, autorización, licencia o permiso alguno relacionado con actividades de corrupción que dan origen a la condena.
“De la misma manera como a un pirómano se le impide estar cerca de cerrillos y de encendedores, la muerte civil pretende impedir que un funcionario vuelva a estar cerca del dinero de los mexicanos”, concluyó.
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