Intervención en tribuna del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para hablar a favor del dictamen que contiene proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Luis Humberto Fernández Fuentes (LHFF). No hay ley justa sin juez justo, por ello en todo momento ha sido de la máxima atención y preocupación adecuar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa no sólo a la demanda constitucional, sino a las necesidades del Estado y la justicia en el siglo XXI.
Si bien pareciera que no es una de las reformas que han llamado más la atención, ni tampoco es tan mediática, la potencia del Sistema radica en qué tan eficiente sea la Ley que regule a este Tribunal.
Pero para lograr una buena ley es necesario reconocer la gravedad del problema: hoy en día el Tribunal funciona a partir de un diseño que tiene vocación de nulidad, pero nunca estuvo orientado a combatir la corrupción. Por ello, podemos decir que los instrumentos con los que cuenta el Tribunal son insuficientes.
Tenemos un Tribunal eficiente, pero sin herramientas para combatir a la corrupción; es por ello que la expedición de esta Ley representa uno de los avances más importantes para nuestro país en materia de combate a la corrupción. La eficacia de la ley está íntimamente y lógicamente vinculada a la independencia y potencia del Tribunal que la aplica.
El proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se presenta el día de hoy tiene como propósito que la ciudadanía cuente con un Tribunal a la altura de las circunstancias y que rinda cuentas claras.
Por ello, los trabajos desarrollados por el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado fueron intensos para esta construcción, y creo que con la suma de las voluntades y talentos de todas las fracciones logramos construir un proyecto de dictamen que realmente permite fortalecer esta instancia, mejorar su integración y procedimientos para que afronte directamente las atribuciones que tendrá en materia de combate a la corrupción.
Por lo anterior, el voto de nuestro grupo parlamentario sobre esta ley será a favor, pues al ser tomadas en cuenta nuestras aportaciones de manera muy sustantiva se crea un Tribunal independiente, autónomo, transparente y con potencia para sancionar a personas físicas y morales por faltas administrativas graves que tengan lugar mediante actos de corrupción.
El combate a la corrupción en la última etapa, la de sancionar, será el Tribunal el que cargue toda la responsabilidad respecto a castigar de manera efectiva y ejemplar, pero también justa, los actos de corrupción. Para realizar esta difícil, pero muy necesaria tarea, creemos que hemos brindado las herramientas necesarias para desarrollar esta labor.
Podemos señalar varios avances en esta ley. Uno: los magistrados que integrarán el Tribunal tendrán un perfil idóneo y previamente justificado por el Ejecutivo, situación que vemos en otros juzgadores de altos niveles. Con esto buscaremos limitar magistrados improvisados, pagos de cuotas o favores mediante sus nombramientos. Esto se realizará en un procedimiento minucioso y transparente en el Senado de la República.
Los magistrados ahora no podrán ser removidos sino a través de un procedimiento objetivo con causales específicas de remoción y esto los dota no sólo de certeza laboral, sino que los reviste de autonomía en sus funciones, pues dejan de estar supeditados al Ejecutivo, que es quien los propone.
También se facilita un listado con los supuestos de conflicto de intereses para que puedan abstenerse oportunamente de conocer asuntos que no deban y, en consecuencia, puedan ser cuestionados sobre su imparcialidad que debieron haber puesto, poniendo en riesgo el total funcionamiento del Sistema.
Otros elementos es que para evitar estos conflictos de interés se ha establecido la prohibición expresa a magistrados que ejerzan su profesión para la obtención de beneficios procesales, tratándose de asuntos jurisdiccionales que se vean involucrados ellos mismos.
No obstante también, el combate a la corrupción no puede darse en la oscuridad, por eso se optó por eliminar una regla que permitía a los magistrados acordar, con la consecuente sospecha, qué sesión sería privada y cuál no, por lo que ahora todos los debates serán públicos, salvo los lineamientos que ahí mismo se especifican.
En Ley, que soy optimista y que seguramente se aprobará, hará que todas las sesiones sean públicas, por regla general, y transmitidas en video. Sólo los casos excepcionales serán reservados cuando estemos en algún supuesto que la misma ley considera.
No solamente fijamos principios de actuación en sus procedimientos y actuaciones, también fijamos principios en lo que es el desempeño de sus recursos, los cuales deberán ser ejercidos con austeridad, evaluación y control por parte de sus órganos correspondientes.
Como se ha expuesto, consideramos que esta Ley cumple con los requisitos para que esta noble institución sancione a los responsables de actos de corrupción y no queden impunes como ha venido sucediendo.
La tarea del Tribunal es fundamental en la culminación de los esfuerzos de las otras instancias fiscalización y control.
Finalmente, y si me permite, su señoría, para economía procesal, presentaría de una vez dos muy breves reservas que nos ayudarían a tener una mejor Ley.
La primera es una reserva que posibilite la creación de salas auxiliares una vez que el trabajo en el Tribunal lo demande, y la segunda tiene que ver con el nombramiento de magistrados, que en el texto actual señala que podrán solicitar los antecedentes administrativos o penales, pero darle mayor claridad y generar una obligatoriedad en esta investigación, la propuesta es que se cambie por el deberán.
Tenemos confianza que los trabajos que desarrollará el Tribunal serán los que la sociedad espera, que tengan la altura de miras suficiente para recuperar la confianza de los mexicanos y las mexicanas, y hay que hacerlo que pase, porque con estas acciones se incrementa el prestigio y la credibilidad del Tribunal. Ello ayudará a dar certeza jurídica y confianza frente a la ciudadanía y así fortalecer el verdadero sentido de justicia, pero principalmente porque hacerlo es lo correcto.
Es cuanto.
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