Senadores del Grupo Parlamentario del PRD expresaron su preocupación por que la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción quede acotada en cuanto a las facultades que se le otorguen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la mesa de análisis de la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el marco del debate en materia de anticorrupción, la senadora Dolores Padierna Luna señaló que derivado de la reforma constitucional, el Tribunal debe tener absoluta autonomía, la cual debe ser de todo carácter: para que pueda dictar sus fallos, determinar su organización y funcionamiento.
“La preocupación, la litis, es que hay otras iniciativas que achican esta reforma de gran envergadura que se estableció en la Constitución, que los alcances de la reforma son unos y se pretende que en la ley reglamentaria haya otros, se opta por mantener las cosas como están”, señaló.
Padierna Luna sostuvo que el Tribual tendría que ser autónomo, fuerte, imparcial, transparente y con procedimientos ágiles para ser una verdadera herramienta para el combate a la corrupción.
La vicecoordinadora de los senadores del PRD aseveró que la autonomía del Tribunal debe permitirle imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidades administrativas y fijar las indemnizaciones las sanciones y resarcimiento del daño.
El senador Alejandro Encinas, afirmó que el Tribunal es el instrumento básico a partir del cual dependerá la parte punitiva de persecución real en la comisión de faltas graves o delitos vinculados a la corrupción.
Señaló tres ejes alrededor sobre los cuales debe establecerse la ley: las facultades que se le otorguen al Tribunal, el fortalecimiento de sus principios de actuación y los mecanismos para el nombramiento de sus integrantes; y partir de esos tres ejes, se le dotaría de autonomía.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que hasta este punto, sólo se le han otorgado facultades a la tercera sección del tribunal sin darle instrumentos para su correcto funcionamiento.
Encinas Rodríguez señaló que las funciones que debe tener el Tribunal son emitir sentencias definitivas para sancionar las responsabilidades administrativas que estén calificadas como faltas graves, conocer los recursos a partir de los cuales se califica la gravedad de la falta, imponer la providencia y las medidas cautelares y precautorios que considere para fincar las responsabilidades.
“Los dientes se le tienen que dar en lo particular en las facultades que se le otorguen en la ley”, dijo.
Por su parte, la senadora Angélica de la Peña expresó su preocupación por que la ley pueda quedar corta en cuanto al mandato constitucional y consideró importante agregar un capítulo que tenga que ver con los conflictos de interés.
El senador Luis Humberto Fernández destacó la importancia de atender las características técnicas de la ley y consideró que la incorporación de las propuestas del PRD al proyecto no es suficiente.
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