- El salario mensual del funcionario con el nivel más alto no podrá ser superior a 12 veces las percepciones anuales del funcionario menor del tabulador
- En la iniciativa de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos presentada este martes, se establecer que deben acabarse las pensiones vitalicias a presidentes de la República y las prestaciones millonarias
Contar con una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República y entre el salario más alto y el menor la brecha sea como máximo de 12 veces, generaría ahorros por cerca de 4 mil 380 millones de pesos anuales, afirmó el senador Mario Delgado Carrillo.
“Necesitamos una ley que ponga reglas claras respecto a los salarios de los funcionarios públicos, ahora tenemos casos en donde un presidente Municipal o los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ganan más que el titular del Ejecutivo Federal y eso no puede permitirse, es ofensivo”, afirmó Delgado Carrillo.
Agregó que con base en un cálculo realizado con los datos proporcionados por las dependencias del Gobierno Federal, el ahorro generado por la aplicación de la Ley de Remuneraciones sería de 4 mil 380.6 millones de pesos.
Este monto, dijo, equivale a la construcción del Metro a Chalco, al recorte que se le realizó a la Comisión Federal de Electricidad o a 5 veces el recorte al Conacyt.
“Calculamos ahorros cercanos a 200 millones de pesos por cada una de las 22 dependencias de la Administración Pública Federal”, dijo el senador integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.
A estos ahorros, comentó, se le deben sumar lo obtenido por la eliminación de las pensiones vitalicias de los presidentes de la República así como por la cancelación de prestaciones millonarias de los servidores públicos.
“Algunos secretarios de Estado o presidentes municipales tienen remuneraciones que van desde los 100 mil hasta los 500 mil pesos mensuales, esto de manera discrecional o encubierta a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades. Incluso algunos alcaldes ganan más que el Presidente de la República, eso indigna y no puede continuar”, expresó Delgado Carrillo.
El senador por el Distrito Federal presentó una iniciativa que propone la implementación de una regla de proporcionalidad salarial con la cual ningún servidor público podrá ganar en un mes una cantidad superior a la recibida en un año ocupando el nivel salarial más bajo de la misma dependencia.
Con lo anterior, los salarios beneficiados serían los de menores percepciones que ahora no logran tener en un año lo que obtiene el más alto funcionario en una quincena.
Como ejemplo mencionó que actualmente el presidente gana 3 millones 440 mil 443 pesos esto equivalente a 18 veces lo que percibe quien tiene el salario más bajo en la Presidencia de la República, cuya percepción es de 197 mil 908 pesos al año, esto sin considerar los trabajadores subcontratados.
Además al aplicar la regla 1/12 el presidente de la República disminuiría sus ingresos a 2 millones 374 mil 896 pesos y el salario más bajo, correspondiente a técnico superior se incrementaría a 211 mil 230 pesos anuales.
En la iniciativa, el senador expone que el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es indignante, pues tienen una remuneración anual superior a los 6 millones 750 mil pesos.
Dado que ningún funcionario podría tener un salario por arriba del Ejecutivo Federal se realizaría una reducción a los ministros de la Corte de 4 millones 375 mil 102 pesos, lo que representaría un ahorro de 48 millones 126 mil 122 pesos, solamente en esta área de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Delgado Carrillo dijo que esta iniciativa tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos los dotados de autonomía constitucional.
Finalmente dijo que otro ejemplo del desorden y la discrecionalidad son los órganos constitucionalmente autónomos que ante la ausencia de la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional se han otorgado prestaciones únicas para los altos funcionarios. Desde gastos en alimentación, telefonía y transporte, hasta pago para el mantenimiento de sus vehículos particulares, inclusive existe el caso de la contratación de seguros contra secuestros y pago defensa legal contra cualquier tipo de demanda, todo a cargo del presupuesto público.
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