Como inaudita calificó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña, la descalificación hecha por el gobierno mexicano de las conclusiones presentadas en el informe del relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la tortura, Juan Méndez, en el que se señala que la tortura es generalizada en nuestro país.
Es vergonzoso que Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, explicó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pretenda contraargumentar los severos señalamientos únicamente informando las modificaciones legales y proyectos legislativos que pretenden ajustar las normas mexicanas relacionadas con la violación de los derechos humanos a la ley internacional.
De la Peña Gómez recordó que Juan Mendez estuvo en el Senado como parte de su visita oficial a México e informó sobre sus preocupaciones derivadas de sus reuniones con un centenar de funcionarios; además de acudir a cárceles, centros policiales, hospitales psiquiátricos y puestos migratorios, entre otras instalaciones, «por lo que hoy las autoridades mexicanas no pueden acusar parcialidad en un informe elaborado a partir de entrevistas a personas privadas de su libertad, así como visitas a los centros de reclusión y detención en los que se encuentran», agregó.
Refirió que recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, al presentar su informe anual, ubicó a México entre los 30 países que más violan los derechos humanos, al lado de Siria, Irak, Nigeria y Rusia, «México junto con Venezuela es el que tiene la peor situación en América Latina», agregó.
Angélica de la Peña Gómez enfatizó que rechazar las recomendaciones de una institución como el Comité para los Derechos Humanos de la ONU y descalificar un informe realizado por un relator especial, no son opciones para el Estado mexicano porque ha suscrito instrumentos internacionales que le obligan a acatar observaciones y recomendaciones, como es el caso de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
La legisladora del PRD indicó que quienes hoy niegan que la tortura sea una práctica generalizada por parte de agentes del Estado, que la utiliza predominantemente durante la detención y con objeto de obtener confesiones, no se han acercado a las organizaciones de la sociedad civil ni escuchado a las víctimas, y desconocen las observaciones que la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho sobre la materia
Y abundó, «en México debemos reconocer la magnitud de las problemáticas como el primer paso para asumir el reto de la construcción de un sistema de procuración de justicia respetuoso de los derechos humanos de las personas, que considere a la reinserción social como el objetivo primordial de la pena privativa de la libertad y tenga como práctica cotidiana las investigaciones científicas».
«Los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la tortura son dos cánceres que laceran profundamente la vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad a pesar de su inocencia, obligadas a confesar por policías municipales, estatales o federales, con la aquiescencia de ministerios públicos, esa es la realidad y la debemos transformar, con la Constitución como marco regulador de la actuación del Estado», concluyó la senadora Angélica de la Peña.
