- Lamentablemente la corrupción se convirtió en parte del engranaje fundamental del sistema político de nuestro país
Intervención del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Alejandro Encinas Rodríguez (AER): Muchas gracias, señor presidente.
Compañeras y compañeros legisladores, con el dictamen que hoy vamos a aprobar se cierra un ciclo en donde se dará paso a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la formación de un Tribunal de Justicia Administrativa y reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este ha sido un proceso escabroso, muy difícil en su implementación que ha puesto en evidencia las virtudes y al mismo tiempo las peores prácticas dentro del Poder Legislativo, y particularmente en el Senado de la República.
Este proceso que inició con iniciativas muy diversas de todos los grupos parlamentario y la presentación de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 630 mil ciudadanos, se propuso inicialmente desarrollar sus discusiones de trabajo legislativo a partir de las prácticas de parlamento abierto.
En las primeras reuniones que desarrollamos nos planteamos dejar a tras las negociaciones bilaterales, las negociaciones en lo oscurito y de cara a la sociedad, de manera pública y a través incluso de la transmisión del Canal del Congreso nos propusimos abordar el debate de uno de los temas más sensibles en nuestra población y que afecta la vida cotidiana de todas y de todos los mexicanos.
Lamentablemente no lo logramos. No tuvimos la capacidad ni la inteligencia para construir los acuerdo que nos permitieran avanzar en la construcción de consensos y eso llevo, no solamente a un proceso de desgaste en la dictaminación de las distintas iniciativas, sino a un proceso de politización en el marco del proceso electoral de esta discusión, que impidió que estas iniciativas o este dictamen fuera aprobado en el anterior periodo de sesiones.
Y más aún, el proceso de acercamiento con los ciudadanos promotores de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocido como Ley 3de3, incurrió en las prácticas que nosotros mismos cuestionamos al derivar, debido a la incapacidad de los grupos parlamentario a una negociación bilateral de los propios ciudadanos promoventes con las distintas fracciones parlamentarias.
Pero finalmente hoy llegamos a esta discusión donde todavía en estos momentos se discuten dos de las iniciativas que deben formar parte del paquete que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y todavía estamos en espera de las dos minutas que la Cámara de Diputados habrá de enviar en materia de fiscalización.
Hay avances, no lo podemos negar, la reforma en materia de combate a la corrupción forma parte de una reforma a la administración pública, que quizá tiene como su principal contribución la ciudadanización en el diseño de políticas públicas en esta materia y la posibilidad de que las distintas instituciones responsables de combatir esta práctica indebida puedan coordinarse, actuar de manera conjunta y, si tenemos un buen dictamen de reformas al Código Penal, que se tipifiquen los delitos para que se acabe con la impunidad y la corrupción sea atacada.
Entendemos que este sistema es un sistema progresivo y que tendrá que vincularse con el desarrollo institucional del mismo, así como desde las distintas instituciones y el propio órgano ciudadano que formará parte del Sistema Nacional, pero también tenemos que asumir que de generar yb aprobar la legislación, avanzar en el desmantelamiento del entramado institucional que a permitido que la corrupción forme parte del ejercicio de la función pública, dista todavía mucho tiempo.
Porque habrá, no solamente que llevar a cabo un proceso de maduración de esta reforma, sino se requieren mayores reformas que no se quedan en el ámbito legislativo sino que requieren cambios al régimen político en nuestro país.
Un régimen que sea sustentado tan lamentablemente en tres pilares: corrupción, autoritarismo e impunidad, porque lamentablemente la corrupción se convirtió en parte del engranaje fundamental del sistema político de nuestro país, sin lo cual la forma en que se ejerce el gobierno y el desarrollo de las políticas públicas no puede funcionar.
No es un fenómeno nuevo, así se pacífico este país después de la Revolución a partir de cañonazos de 50 mil pesos y la distribución de las viejas haciendas a los generales, así se constituyó la base fundamental del presidencialismo mexicano, donde a partir de un sistema de premios y castigos la política, los negocios y el ejercicio del poder conformaron un círculo vicioso que volvió a la corrupción y a la impunidad una forma de gobierno y de ejercicio de las políticas públicas para el mantenimiento del status quo actual.
Por eso, se requieren mayores prácticas, otro tipo de reformas y de cambios, la corrupción a diferencia de lo que han dicho diversos funcionarios no es un problema cultural de los mexicanos, es un problema sistémico y en tanto problema sistémico y multifactorial hay que desmantelar las redes que lo permiten y que junto a la actuación indebida del Poder Judicial generan la impunidad para que esta práctica se reproduzca y se multiplique.
Creo que quedan mucho temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, temas más profundos y fundamentales, como por ejemplo la eliminación de todo fueron constitucional a los servidores públicos, empezando por el fuero presidencial, que más que inmunidad otorga impunidad al Presidente de la República.
La eliminación del fuero a los legisladores y a todos los gobernantes de este país, pero también hay que atacar la otra cara de la moneda porque hoy la reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción se ha centrado en lo que es la función pública, la administración pública y los servidores públicos y representantes populares.
Pero falta ir a fondo con la otra cara de la corrupción que tiene que ver con el soborno, que tiene que ver con el tráfico de influencias, que tiene que ver con el lavado de dinero, que tiene que ver con la utilización de paraísos fiscales, la creación de empresas offshore para eludir impuestos y encubrir operaciones económicas ilícitas y particularmente el que se nos rinda cuenta del origen de las fortunas que hoy los hombres más ricos de este país e incluso de los hombres más ricos del mundo han acumulado a partir de ser prestanombres o de ser beneficiarios de la privatización de los bienes de la nación o de la concesión de servicios públicos.
Esos temas están intocados en la legislación que hoy discutimos y espero que en el próximo periodo de sesiones una ley contra el soborno, que permita hacer la investigación de las empresas privadas dentro y fuera del país y hacer el seguimiento de las labores de inteligencia, de cómo administran su recursos en el sistema financiero nacional y fuera de México, nos permita ir a atacar realmente el problema de fondo.
Que nos digan qué funcionarios del gobierno se vieron como beneficiarios con la privatizaciones de los bienes de la nación, porque qué bueno que tengamos hoy una 3 de 3 a una 2 de 3 o una ley 2 que 3 de responsabilidades, pero todavía nos dan respuesta de los beneficios que Miguel de la Madrid, que Carlos Salinas de Gortari, que Ernesto Zedillo, que los propios presidentes de la alternancia han tenido con la privatización de los bienes públicos y con el otorgamiento de las concesiones que corresponden a la nación.
Creo que se avanza pero todavía nos falta un largo trecho por recorrer, porque no basta con combatir la corrupción hay que combatir la impunidad y esa impunidad se deriva y emerge fundamentalmente del poder intocado de este país que es el Poder Judicial que todo encubre, todo lo tolera para poder garantizar la prevalencia del actual régimen político de nuestro país.
Muchas gracias.
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