Para la Senadora Angélica de la Peña extirpar la violencia política contra las mujeres requiere que las reformas que actualmente se discuten en la Cámara de Senadores incluyan sanciones para quienes ejercen esta modalidad de agresiones, de lo contrario serán letra muerta y nada cambiará.
En el marco del Foro «Momento Legislativo para la Aprobación de la Eliminación de la Violencia Política contra las Mujeres”, dijo coincidir en la importancia de implementar políticas públicas de prevención y de atención a las víctimas, pues son complementarias para resolver de fondo una problemática enraizada en una cultura machista.
“Lo que debemos hacer en nuestro país es revisar nuestro marco jurídico y adecuarlo para atender las necesidades de la sociedad, de los distintos sectores que la integran, esa es la función del Legislativo”, añadió.
La legisladora del PRD recordó que cuando se elaboró la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las diputadas que participaron su fundamentación y redacción no imaginaron que se tendría que incluir la modalidad de violencia política contra las mujeres.
Apuntó que este fenómeno apareció cuando las mujeres comenzaron a acceder a los espacios de poder, cuando se se elevan las cuotas de participación y se establece su obligatoriedad, “este fenómeno no fue ni es exclusivo del ámbito político sino que lamentablemente se presenta en todos las esferas y niveles, incluso en el Instituto Nacional Electoral (INE) contra consejeras y en tribunales electorales contra magistradas”, detalló.
Es previsible que la violencia política continúe, explicó de la Peña Gómez, porque inexorablemente avanza el pleno reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres en nuestro país y resulta inadmisible todo obstáculo para que gocen plenamente de sus derechos humanos.
Señaló que la violencia política contra mujeres debe tipificarse en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, posteriormente, trasladarse a la Ley de Instituciones y Procedimientos para que el INE sea la autoridad responsable de resolver sobre los asuntos en esta materia.
La modalidad de violencia política también debe incluirse en la Ley General de Partidos Políticos, para asegurar que la competencia de las mujeres no solamente sea paritaria sino que se materialice en condiciones de equidad respecto de los hombres; asimismo, la Ley de Procedimientos Electoral tiene que reexaminarse para que los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos de las mujeres tengan perspectiva de género y se avance en la configuración de qué quiere decir razones de género.
La senadora Angélica de la Peña concluyó haciendo un llamado para lograr un consenso en torno a la necesidad de definir con puntualidad que la violencia política contra las mujeres es una forma de violencia de género y debe establecerse en la Ley de Delitos Electorales para que reciba una sanción.
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