La libre manifestación y la libertad de expresión son derechos constitucionales que deben ser respetados y protegidos en primer lugar, por las autoridades, sin embargo el pasado 20 de noviembre actuaron con excesiva fuerza y sin diferenciar entre «anarquistas» y miles de mujeres, hombres y familias, así como reporteros y defensores de derechos humanos que acudieron en la Ciudad de México a manifestar su indignación y demandar la aparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, indicó la senadora Angélica de la Peña.
No hay excusa para que impere la violencia, ni anarquistas ni cuerpos policiacos pueden trasgredir los derechos de ciudadanas y ciudadanos, externó la senadora del PRD y adelantó que solicitará mediante un punto de acuerdo que los gobiernos federal y del Distrito Federal informen detalladamente al Senado sobre el operativo implementado con motivo de las marchas realizadas el día 20 de noviembre, así como de los protocolos que en estas circunstancias definen la actuación de los cuerpos de seguridad.
De la Peña Gómez agregó que en su propuesta también insta a las autoridades jurisdiccionales garantizar el respeto al debido proceso de cada una de las personas detenidas y privadas de su libertad el pasado día 20 de noviembre.
Dijo que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se le solicitará realizar una investigación de las denuncias por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura contra las personas detenidas durante su traslado, las cuales representarían graves violaciones a los derechos humanos de llegarse a comprobar.
Recordó que el Congreso de la Unión tiene entre los asuntos más importantes por legislar el uso legítimo de la fuerza pública, el cual debiera tener entre sus principios fundamentales: el respeto y el cumplimiento de la ley; el respeto de la dignidad de la persona humana; el uso progresivo de la fuerza; la capacitación de los cuerpos policiacos en técnicas, tácticas y métodos, anteponiendo en todo momento el respeto y la protección de los derechos humanos.
Resaltó que ante actos vandálicos, las autoridades federales ha asumido una actitud reactiva, improvisada, y pareciera que deriva de su molestia por las continuas exigencias que la ciudadanía ha expresado marchando por las calles de todo el país e incluso en ciudades de diversos países.
No podemos permitir que la manifestación auténtica, legítima y pacífica, sea reprimida por la violencia, ni de las autoridades ni de un pequeño grupo de personas que ocultan su rostro y cuyos intereses están alejados de la justicia, la verdad y la resolución pacífica de los conflictos; hoy más que nunca la ley debe aplicarse y sancionar a quien la violente, la prevalencia del Estado de Derecho depende de ello, porque sin libertad de expresión y manifestación estaremos ante un clima propenso al autoritarismo, concluyó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
