No tener una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en este periodo sería una irresponsabilidad con los menores que hoy están en los centros de privación de la libertad y que sufren los estragos de una falla en la ley que se necesita reparar, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez.
En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos, y de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la senadora del PRD celebró la culminación de un largo proceso para alcanzar una sola ley nacional que resuelve los cuestionamientos surgidos de las propuestas de las entidades federativas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos destacó que “la justicia penal para adolescentes tiene que ver principalmente con un nuevo enfoque de la justicia; México pasó de un sistema inscrito en una doctrina tutelar a un sistema garantista desde 2005 que reformamos la Constitución en su artículo 18”.
De la Peña Gómez subrayó que existía una falla en nuestro marco jurídico al no tener una ley federal en la materia, los cual motivo una discusión intensa sobre si debía configurar la facultad en el ámbito federal o local.
La senadora subrayó que se logró crear “un documento que reúne de manera general todos los enunciados que necesitamos articular para que tengamos esta ley en todo país, y empecemos a transitar, a ordenar todo lo que tenemos que ordenar a partir de entender que la Constitución, desde 2005 ya es otra cosa, de que hay mandatos respecto a la especialización, respecto a ver de manera particular los derechos y las situaciones particulares de quienes son menores de edad”.
La legisladora enfatizó la necesidad de entender que no se debe reproducir la ley para adultos, sino que se deben articular los preceptos fundamentales acorde a la entrada en vigor del nuevo sistema que entra en vigor en junio de 2016.
“Para que tengamos posibilidades de cumplir también con la otra parte de la Constitución, es decir, todas las materias que tienen que ver con la justicia y seguridad, por supuesto con enfoque de derechos humanos, al que nos obliga los transitorios de esa gran reforma en materia penal de 2008”, agregó.
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