Joaquín El Chapo Guzmán escapó del penal de “máxima seguridad” del Altiplano, el pasado sábado 11 de julio, pero no se fue solo. Con él se fugaron la credibilidad en las instituciones que imparten seguridad y justicia en el país, así como el último elemento de credibilidad de un gobierno, que al inicio del sexenio, pidió concentrar todas las atribuciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación.
El domingo, México despertó con un valor depreciado ante la mirada internacional, su reputación ha tocado un fondo pocas veces visto. La percepción de impunidad golpea su imagen en todo el mundo. Frente a esta crisis, nadie quiere asumir la responsabilidad. Los ciudadanos y el mundo entero sólo vemos discursos huecos, explicaciones y excusas absurdas.
El gobierno mexicano se muestra débil y vulnerable ante millones de mexicanos, muchos indignados, otros molestos, pero algunos, incluso, fascinados con lo que logró El Chapo, dejar en evidencia a una administración estancada y carcomida por la corrupción.
No podemos permitir que la inercia y el paso de los días distraigan la indispensable rendición de cuentas frente a estos indignantes hechos. ¿Quiénes y cuándo habrán de renunciar? ¿Qué castigo recibirán los altos funcionarios implicados en la fuga de El Chapo? ¿Qué acciones habrán de realizarse para garantizar la no repetición de estos hechos? Y sobre todo ¿Cuál es la ruta a seguir para reconstruir el maltrecho Estado de derecho?
En la entrevista que sostuvo con el periodista León Krauze, Enrique Peña Nieto fue enfático y contundente al decir que “sería imperdonable” que El Chapo volviera a fugarse. Sólo hay que recordarle estas palabras al jefe del Ejecutivo y esperar que, de inmediato, solicite la renuncia de funcionarios que no han estado a la altura de su encargo. De no hacerlo, el presidente corre el riesgo de perder la credibilidad que aún le queda.
Las renuncias son sólo un primer elemento de la agenda necesaria para retomar el rumbo. Para salirnos del laberinto de la impunidad que tanto limita al país, y que según el Índice Global 2015 en esta materia, ubica a México como el segundo más impune del planeta.
Paso seguido es reabrir el debate sobre la concentración de funciones en la Secretaría de Gobernación. Hoy queda claro que fue una mala decisión mezclar las áreas de mediación política, con las de impartición de seguridad pública. Estas deben ser dos áreas diferentes como lo propusimos desde el arranque de esta legislatura.
Sin embargo, el debate de fondo debe ser respecto a nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, que a todas luces hoy se encuentra en situación de colapso. Jamás vamos a salir adelante si no aceptamos que aquí, la justicia existe sólo para unos cuantos. Que en México, el dinero sirve para no entrar a la cárcel o, como en el caso de El Chapo para salir de ella.
Debemos revisar y cambiar de raíz, el funcionamiento de las procuradurías y de los tribunales; transformar el modelo de seguridad pública y centros penitenciarios. Es fundamental una visión integral; no pueden ser ocurrencias o iniciativas aisladas, construidas sobre las rodillas, como las del fracasado decálogo del año pasado.
La huida de Joaquín Guzmán Loera evidencia una vez más, como lo hicieron en su momento las desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa, la Casa Blanca de Grupo Higa, las casas en posesión de altos funcionarios, el escándalo de OHL, que la corrupción ha hecho metástasis en todos los ámbitos de la vida nacional. Al mismo tiempo, nos recuerda que somos un país donde la impunidad, basada en la no aplicación de la justicia, enoja, divide y polariza cada vez más.
Toda crisis abre oportunidades para relanzar una visión de Estado. Sería “imperdonable” que el presidente pretenda dejar todo como si nada hubiera pasado.
Twitter: @RiosPiterJaguar
